Bajo el argumento de garantizar la “correcta administración” de fondos estatales, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, realizó una nueva reforma constitucional —la tercera en menos de un mes— para ampliar los mecanismos de control y castigo sobre funcionarios públicos. 

La reforma, que se aprobó el 28 de agosto de 2025, trata de un cambio parcial al artículo 118 de la Constitución Política, estableciendo mecanismos de control sobre los funcionarios públicos del país. 

Según el texto de la iniciativa aprobada, el reformado artículo 118 establece que “las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, deberán de cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado”.

Además: Régimen ordena reforma constitucional para establecer doble jefatura en la Policía Nacional

La reforma establece que “el incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”. 

Esta modificación otorga a Ortega y Murillo la facultad discrecional de remover a cualquier funcionario público bajo la justificación de supuestos incumplimientos en la administración de recursos estatales, sin necesidad de seguir procesos judiciales previos o garantías del debido proceso.

Reforma constitucional establece mecanismo de purgas institucionales

Esta modificación se suma a la serie de reformas constitucionales que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado para consolidar su poder absoluto sobre el Estado nicaragüense.

Con esta reforma se crea un mecanismo legal que permite purgas masivas de funcionarios que no estén alineados completamente con las directrices del régimen.

Esta nueva reforma fue aprobada en primera legislatura, lo que significa que debe ser ratificada en una segunda legislatura para entrar en vigencia.

La reforma al artículo 118 se suma a las dos modificaciones constitucionales anteriores aprobadas en agosto. 

También: Rosario Murillo ordena otra reforma a Constitución para crear una Procuraduría de Justicia ‘implacable’ con sus ‘excompas’

El 6 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional reformó la Constitución Política para crear la Procuraduría General de Justicia en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR), dotando al régimen de una nueva herramienta institucional para el control del sistema judicial y la persecución política bajo el pretexto de combatir la corrupción.

Apenas un día antes de esta nueva enmienda, el 27 de agosto de 2025, el parlamento subordinado al régimen estableció que la Policía Nacional de Nicaragua pasará de tener uno a dos jefes policiales, concentrando aún más el control del aparato represivo en manos del régimen de Ortega Murillo. 

Esta secuencia de reformas en menos de un mes evidencia la aceleración del proceso de consolidación autoritaria que busca eliminar cualquier vestigio de independencia institucional en Nicaragua.

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua