El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través del informe «Sistematización de 158 casos de tortura», denunció las “nueve formas de tortura” a las que fueron sometidas 28 mujeres presas políticas, siete de ellas víctimas de violación sexual en centros clandestinos y carcelarios de Managua, Masaya y Jinotega.
Las 28 ciudadanas nicaragüenses fueron detenidas en Managua (10), León (5), Masaya (4), Granada (3), Carazo (3), Estelí (1), Jinotega (1) y Matagalpa (1). 25 de ellas estuvo en centros carcelarios, dos en centros clandestinos usados por la Policía orteguista, y una fue privada de su libertad en su vivienda.
Los defensores denunciaron que entre las nueve formas de torturas que sufrieron estas mujeres, en su mayoría a manos de la Policía orteguista están: amenazas de matar o quitar a los hijos, privación medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer, trabajo forzoso, desnudez forzada, tomas de fotografías y videos mientras estaban desnuda, interrogatorios desnudas, amenazas de violación, abuso sexual y violación sexual.
Además, apunta que el 93% del total de las prisioneras políticas fue víctima de agresiones verbales, como forma de tortura psicológica, y golpizas en los interrogatorios, que incluían golpes con objetos, lesiones con armas, desprendimientos de uñas, quemaduras con cigarrillos, asfixia seca y húmeda, arrastramiento, esposas demasiado ajustadas, amenazas de muerte contra familiares e intimidación.
El informe del Colectivo -organización encargada del Observatorio Contra la Tortura en Nicaragua- señala que 20 de las 28 mujeres fueron víctimas de violencia sexual y de género, detallando que éstas sufrieron 71 actos relacionados a ese tipo de violencias, que hasta la fecha siguen en la “impunidad”.
Los defensores documentaron que al menos siete de estas mujeres presas políticas fueron víctimas de violaciones, perpetradas en la Estación de la Policía Nacional de Masaya (2), Dirección de Auxilio Judicial de Managua (2), en la Estación de la Policía Nacional de Jinotega (1), y en centros clandestinos (2).
El informe resalta que las mujeres violadas sexualmente en centros clandestinos fueron detenidas por “fuerzas combinadas de agentes policiales y personas de civil, conocidas como paramilitares”.
Además, señala que dos de las siete mujeres presas políticas fueron “víctimas de abuso sexual en otras ocasiones en esos centros carcelarios, y cuatro de ellas sufrieron amenazas de muerte contra sus hijos”.
Sumado a eso, las siete mujeres fueron sometidas “a privación de sus necesidades elementales, tales como medicamentos, ropa interior, atención médica por hemorragias y depresión producto de las violaciones sexuales”.
El estudio identifica que algunas de las consecuencias en las vidas y cuerpos de las mujeres que sufrieron dichas violaciones son: requerimiento de atención primaria u hospitalización producto de lesiones vaginales, hemorragias, depresión, deterioro mental severo, pensamientos suicidas e intento de suicidio.
Los defensores del Colectivo además documentaron los casos de otras cuatro mujeres que fueron víctimas de abuso sexual, todas previamente víctimas de desnudez forzada, dos de ellas amenazadas con ser violadas, a manos de funcionarios de la Policía en los centros de detención de Managua, León, Jinotega y Masaya.
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“Los casos aquí denunciados son aún más graves debido a que fueron realizados por agentes estatales, con la aquiescencia del Estado, al ser una práctica generalizada y de conocimiento público, y dado que han quedado totalmente impunes, por lo que queda comprometida la responsabilidad internacional directa e indirecta del Estado de Nicaragua frente a las diferentes formas de violencia sexual y de género documentadas”, apuntaron los defensores en el informe.
También, recordaron que Nicaragua -al no castigar éstas prácticas en los centros carcelarios del país- viola tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, tales como: la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para eliminar sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer o Convención de Belém Do Pará, de los cuales es suscriptor.
El informe sobre torturas también revela que 17 de las 28 mujeres presas políticas “fueron sometidas a desnudez forzada en repetidas ocasiones durante su privación arbitraria de la libertad”, mismas que fueron aprovechadas por algunos agentes estatales para «crear contenido digital» de los cuerpos de al menos cuatro víctimas.
El Colectivo además menciona el caso de dos mujeres a las que se les interrogó totalmente desnudas; dos de ellas obligadas a permanecer desnudas todo el tiempo que estuvieron detenidas arbitrariamente; y otras seis que fueron víctimas de amenazas de una posible violación sexual como forma de tortura psicológica.
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Todas éstas mujeres encarceladas por motivos políticos, detalla el informe, no fueron provistas de medicamentos para enfermedades relacionadas con su sistema endocrino y reproductivo femenino; no recibieron productos de higiene, como toallas sanitarias, pese a que sus familiares intentaron ingresarlos a los diferentes centros de detención; se les privó de usar ropa interior durante varias semanas; y, en sus ciclos menstruales, las obligaron a desnudarse y quedar expuestas a condiciones infrahumanas.
Otras mujeres, aunque no sufrieron violencia sexual, fueron obligadas a realizar trabajos forzados, de tiempos prolongados e indefinidos, sin derecho a remuneración o descanso, realizando tareas como “cocinar y limpiar como forma de castigo, humillación y sometimiento”.
Las víctimas detallaron, según parte de los testimonios revelados en el informe, que las “ponían a barrer a limpiar las chanchadas de ellos”, y “me amenazaban y agredían para que cocinara a los agentes policiales, tengo quemaduras en mis manos”.
Actualmente, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene al menos 10 mujeres presas por motivos políticos en las diferentes cárceles del país. Los defensores de derechos humanos de Nicaragua han alertado, en reiteradas ocasiones, del doble riesgo al que están expuestas las reas de conciencia, pues, tal como lo demuestra el informe, la mayoría en cualquier momento de la detención y criminalización es víctima de torturas relacionadas a agresiones directas en contra de sus cuerpos.
Ocho organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, en un comunicado conjunto, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, expresaron su “total rechazo a las acciones de represión empleadas por el Estado de Nicaragua, especialmente aquellos actos de tortura o malos tratos que implican una ofensa a la dignidad de las personas”.
Los firmantes del pronunciamiento son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus Alliance, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Red Internacional por los Derechos Humanos (RIDH), Servicio Judío Americano Mundial (AJWS), y Washington Office on Latinoamerica (WOLA).
En el documento, los defensores resaltan estar preocupados por la “continuidad de las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, y abogaron porque “la documentación de las violaciones de derechos humanos realizadas por organizaciones nicaragüenses e internacionales sean instrumentos que permitan a la comunidad internacional abrir caminos para la justicia y memoria por medio de investigaciones, sanciones y reparaciones integrales”.
“El Estado de Nicaragua debe responder a sus obligaciones internacionales para garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de tortura y prevenir la repetición de estos actos”, remarcaron.
