Al menos cuatro opositores al régimen fueron detenidos en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, en el contexto de una protesta masiva que se organizó en contra de Daniel Ortega denominada “¡Se va!”.
En el municipio de Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia, fue secuestrada la opositora, Juana Livex Castellanos Rodríguez, miembro de la directiva territorial de la Alianza Cívica en esa zona del país, denunció Eliseo Núñez, exdiputado y asesor de esta organización.
“Esto es parte de la represión que estamos viviendo en la Alianza Cívica, están tratando de destruir la red que se ha construido, simplemente porque se han percatado que es una red capaz de poder poner cosas articuladas en el territorio nacional y esto la dictadura sabe que es parte de su salida”, mencionó Núñez.
Mientras que, en Chontales la cacería de la Policía estuvo dirigida contra el opositor Alcides Díaz. “Su único delito es no simpatizar con el régimen Ortega y Murillo”, señaló el exdiputado y asesor de la Alianza Cívica.
La mañana de este miércoles, en Juigalpa los uniformados se dirigieron a casa de Julia Gonzáles, pero al no encontrarla se llevaron detenidos al doctor Erick Rafael Barberena y José Barberena González, esposo e hijo de la opositora a quien señalan de pegar papeletas.
“No hay delito”
Las bases territoriales de la Alianza Cívica, de forma clandestina, pegaron papeletas en espacios públicos en 132 municipios de Nicaragua con la imagen del dictador Daniel Ortega, junto a la frase “¡Se va!”, operación en la que rechazan el asedio continuo del régimen en los últimos dos años desde la “Rebelión de Abril”.
#PoliciaCriminal catea la casa de la Dra. Julia González. Secuestraron a su esposo el Dr. Erick Rafael Barberena y a su hijo el Ing. Ruríck José Barberena González. La policía los señala de pegar papeletas contra el régimen de Daniel Ortega. El grito del final SOMOS TODOS! pic.twitter.com/uJ6ke5LAiJ
— Movimiento Nacional Auto-Convocado (@MNAutoconvocado) September 9, 2020
Desde abril de 2018, todo el aparataje de la fuerza pública ha sido utilizada para reprimir las protestas cívicas en Nicaragua donde el régimen ha conculcado el derecho de manifestación, libertad de asociación y reunión.
“Exigimos la salida de nuestra miembros de la estructura, ellos no han cometido ningún delito, la protesta no es un delito, el divulgar expresiones no es un delito, la policía se ha convertido en la policía personal de Ortega y lo único que defiende es a la familia, a su riqueza y todo lo que conlleva”, denunció Núñez.
A finales de agosto pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) reiteró que en Nicaragua persiste un clima de “ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamientos e intimidación” contra cualquier opositor.
En su último informe correspondiente a junio y julio, la Alta Comisionada denuncia que Nicaragua “no se observaron señales emergentes que indicaran la voluntad de las autoridades estatales de aliviar las tensiones provocadas por la crisis sociopolítica de 2018”.