Las mujeres, niñas y adolescentes sufren una violencia desproporcionada en Nicaragua, pese a los logros que anuncia la dictadura Ortega-Murillo en cuanto a la igualdad de género, de acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
En el país las mujeres viven altos niveles de femicidio, violencia sexual y desprotección estatal, que se empeora para las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y de la diversidad sexual, ya que enfrentan graves formas de discriminación, señala la OACNUDH.
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Una de las situaciones más preocupantes es el cierre arbitrario de más de 315 organizaciones de derechos de las mujeres desde 2021, muchas de las cuales trabajaban en derechos sexuales y reproductivos. Estas organizaciones fueron despojadas de su personería jurídica y forman parte de las otras 3.338 canceladas desde 2018.
Estas organizaciones brindaban diferentes servicios médicos, psicosociales y legales a las mujeres, especialmente las que se encontraban en situación de pobreza o vivían en áreas rurales del país. El cierre de estas organizaciones ha dejado en desprotección y vulnerabilidad a las mujeres, ya que son servicios que el Estado no les brindaba.
La OACNUDH denuncia que las mujeres y menores de edad se encuentran expuestas a la violencia femicida en el país. Una de las razones es por el beneficio legal de convivencia familiar que mantiene la dictadura con los privados de libertad, los cuales muchos de ellos han cometido femicidios u otros delitos contra las mujeres tras su liberación.
«Por ejemplo, en abril, un hombre condenado por tentativa de feminicidio liberado en el marco de este programa presuntamente asesinó a una mujer de 19 años en Managua, cuyo cadáver fue encontrado tras permanecer desaparecido durante cuatro días», expresa la Oficina.
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Mientras que las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur concentran las tasas más altas de femicidios. Según OACNUDH, esto se debe a la impunidad, la ausencia del Estado, la violencia contra las comunidades indígenas por parte de los colonos y la falta de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas para las víctimas de violencia.
“El desconocimiento de las lenguas indígenas por parte del funcionariado público dificulta aún más el acceso a la justicia y a los servicios esenciales para las mujeres y niñas sobrevivientes”, añade.
Además, la cifra de niñas y adolescentes que sufren violencia sexual es sumamente alta, advierte la OACNUDH. De los 4,803 casos de violencia sexual documentados por el Instituto de Medicina Legal en 2021, 3,662 corresponden a niñas y 780 a mujeres. Mientras que en los casos reportados en 2022 las niñas continuaron siendo la mayoría de las víctimas con el 73 por ciento de los casos.
“Estas cifras muestran el impacto desproporcionado de la violencia sexual en niñas y mujeres. El informe del Instituto no incluye datos desglosados por etnia, identidad de género u orientación sexual de las víctimas”, señala la OACNUDH.
En 2021 al menos 3,430 mujeres víctimas de violencia sexual estaban en edad fértil, de las cuales 53 quedaron embarazadas y 360 estaban en riesgo de embarazo. Sin embargo, en Nicaragua el aborto está penalizado de manera absoluta, incluso cuando el embarazo es producto de violencia, así que todas esas mujeres fueron obligadas a convertirse en madres.
«Esta prohibición absoluta del aborto somete a mujeres y niñas a dolor o sufrimiento físico y mental que viola el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estas circunstancias, las víctimas se ven presionadas a recurrir a abortos ilegales e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida, y pudiendo llevar a algunas al suicidio”, revela el informe.
La violencia sexual y la falta de atención en la salud sexual y reproductiva de las mujeres también se refleja en los embarazos en menores de edad. Hasta 2022, Nicaragua tenía la tasa de natalidad adolescente estimada más alta de América Latina y el Caribe, con 85,6 por cada 1.000 adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud.
La advirtió que las principales causas de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en países de renta media y baja son las complicaciones del embarazo y el parto, por lo que es necesario que el Estado de Nicaragua adopte medidas legislativas y políticas para prevenir los embarazos infantiles.
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Además, el matrimonio infantil continuó siendo documentado, pese que a está prohibido por el Código de Familia. En 2021, al menos 29 niñas embarazadas entre los 10 y 14 años estaban casadas y 1,192 estaban en pareja de hecho estable, según el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo.
«El matrimonio infantil pone en peligro la igualdad de género, equivale a múltiples violaciones de los derechos humanos, y muestra un progreso insuficiente hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Además, limita gravemente el desarrollo integral de las niñas, incluidos los ámbitos educativo y profesional», señala la OACNUDH.
