Informe detalla que 386 mujeres fueron asesinadas el año pasado en Honduras, lo que equivale a una muerte violenta cada 23 horas.
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Alrededor de 402 mujeres murieron de forma violenta entre 2023 y los primeros quince días de 2024 en Honduras, denunció la organización Centro de Derechos de Mujeres (CDM), que condenó «el silencio» de la presidenta del país, Xiomara Castro, ante la emergencia de femicidios en el país.
Los datos se desprenden de un informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, del CDM, que detalla que 386 féminas fueron asesinadas el año pasado en Honduras, lo que equivale a una muerte violenta cada 23 horas.
El CDM, que en diciembre pasado recibió el Premio de Derechos Humanos Europa por su trabajo en defensa de las mujeres, señaló que al menos 16 mujeres murieron de forma violenta en las dos primeras semanas de enero en Honduras.
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Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres, citadas por el CDM, Honduras es el país «más peligroso» en América Latina para ser mujer y el quinto del mundo con la tasa más alta de femicidios, con un 6,47 por cada 100,000 habitantes, por encima de Guatemala y México.
Muchas de esas muertes sucedieron en el entorno cercano a la víctima, en el que el principal agresor es un hombre vinculado sentimentalmente con las mujeres, que representan más del 51% de los 9,7 millones de habitantes del país.
La organización hondureña condenó «el silencio» de la presidenta de Honduras ante un problema que a diario arrebata la vida de las mujeres hondureñas.
«La vida de las mujeres importa y el silencio no puede ser una opción ante esta ola de violencia femicida. Es deber del Poder Ejecutivo tomar medidas de prevención frente a esta realidad», subrayó.
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Considera «urgente» promover un mecanismo de «respuesta inmediata» a la desaparición y muerte violenta de mujeres y pidió al Gobierno la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia ellas, presentada en noviembre de 2022, sin que siquiera se llegue a discutir.
El CDM exige a las autoridades hondureñas «un plan de respuesta integral hacia la crisis de femicidios en el país» con un «enfoque de género real y que vaya encaminado a la obtención de una justicia restaurativa, teniendo en cuenta a las y los familiares de las víctimas».
