Lucía era una niña que le encantaba cantar en el coro de su iglesia y asistía siempre para dar sus interpretaciones, pero un día, el sacerdote del templo, Ricardo, comenzó a acercarse inusualmente a la menor.
Aprovechando la vulnerabilidad de Lucía y la autoridad que tenía como sacerdote, Ricardo llevó a la niña a uno de los cuartos de la casa cural en la que vivía, donde la violó durante más de un año.
La mamá de Lucía descubrió que su hija estaba embarazada y tras conocerse los abusos, el sacerdote fue denunciado. A pesar de las pruebas concluyentes de las reiteradas violaciones, nunca fue procesado y Lucía fue forzada a continuar con su embarazo. Hoy Ricardo sigue en libertad y Lucía es madre.
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En otro lado de Nicaragua, Susana enfrentaba una situación similar. Desde los seis años era víctima de violencia sexual por parte de su abuelo y a los trece quedó embarazada.
Al descubrir el abuso, su abuela la sacó de la casa y denunció a su esposo, pero en ninguna estación policial tomaron la denuncia. La denuncia fue rechazada cinco veces y después archivada.
Susana continuó con el embarazo y no contó con apoyo del sistema de salud para parir, así que dio a luz en el desconocimiento, sin saber por los cambios que transitaba su cuerpo y sin saber cómo sería la maternidad a tan corta edad.
Actualmente Susana es madre y huye de su abuelo, quien la sigue amenazando por haberlo denunciado.
Estos son dos de los cinco casos denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2019 por las organizaciones que conforman el movimiento Son Niñas No Madres. Estas acusan al Estado de Nicaragua por violar los derechos humanos de Susana y Lucía, y exigen justicia, reparación y no repetición para ellas y todas las niñas.
La sentencia de la ONU podría ser emitida en este año, dice Marianny Sánchez Núñez, vocera del movimiento regional Son Niñas No Madres, y podría cambiar el panorama regional sobre cómo se abordan las maternidades impuestas a niñas y las violaciones infantiles.
Fátima de Guatemala y Norma de Ecuador son otros de los casos que también están a la espera de un fallo a su favor, mientras que el caso de Camila de Perú recibió una sentencia el pasado 14 de junio que condena al Estado peruano por forzar a menores de edad a la maternidad.
Los casos de Lucía y Susana representan miles de casos silenciados en el país. Nicaragua es uno de los países de Centroamérica que más embarazos infantiles y adolescentes reporta.
Solo en 2020, al menos 1,463 niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres, según los últimos datos del Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
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Ninguna de estas niñas tuvo la opción de la interrupción del embarazo aunque estos pusieron en riesgo de su vida, fueron productos de violación y truncaron su desarrollo integral.
Debido a estas razones, las denuncias de Susana y Lucía representan casos históricos para el país, ya que representan la oportunidad de que miles de embarazos infantiles y situaciones de violencia sexual sean prevenidas, dice Sánchez, quien también es representante legal de Camila de Perú.
Sin embargo, en los cuatro años de litigio ante la ONU, Nicaragua ha evadido su responsabilidad y se ha negado a dar respuestas por sus acciones ante esta problemática, agrega.
“Los dos casos de Nicaragua han sido bastante complejos, sobre todo por la falta de rendición de cuentas. Cuando los Estados son demandados ante los comité de las Naciones Unidas tienen la obligación de dar respuestas y deben explicar por qué no hubo provisión de servicios de salud efectiva. Pero en el caso de Nicaragua no ha sido fácil conseguir las respuestas del Estado y ha habido una evasión de las responsabilidades que tienen”, explica la defensora.
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Por otro lado, si bien un fallo positivo para los casos de Lucía y Susana sería tremendamente positivo para el país y la región, el acatamiento del Estado de Nicaragua a la sentencia establecida por la ONU no es segura.
Esto es porque Nicaragua es un país que “viola flagrantemente los derechos humanos y no rinde cuenta por esas violaciones”, dice Sánchez, y porque es el único países de los cinco casos en donde el aborto está totalmente penalizado.
A pesar de las dificultades que suponen el caso de Nicaragua, Sánchez expresa que la reciente sentencia que recibió Perú puede acelerar las respuestas positivas a los casos de los demás países.
También puede cambiar los estándares de la región sobre cómo se aborda las maternidades que son producto de violaciones infantiles desde una perspectiva judicial y sanitaria, para que las niñas sean protegidas y no criminalizadas.
“Esto puede cambiar el panorama regional de cómo se abordan las violaciones infantiles. También amplía la interpretación del derecho a la salud y la vida, y cambia profundamente los sistemas de justicia”, dice Sánchez.
Estos casos interpuestos ante los comité de las Naciones Unidas son la demanda colectiva sobre las maternidades forzadas en niñas en América Latina, que involucra varios Estados y que expone una problemática que no es aislada sino extendida en toda la región.
