“Del bosque a la celda”: régimen Ortega-Murillo asfixia

Para visitar a una persona presa política indígena recluida en las cárceles La Modelo y La Esperanza —ambas en Tipitapa, Managua—, las familias de la Costa Caribe deben recorrer más de 300 kilómetros, pero las visitas, que ocurren una vez al mes, suelen durar menos de una hora.

El viaje, que puede durar hasta 50 horas entre desplazamientos fluviales y terrestres, cuesta como mínimo 170 dólares al mes, incluyendo el transporte y la paquetería que les llevan mensualmente a su familiar preso.

La prisión política de al menos 12 personas indígenas —entre ellas guardabosques, líderes comunitarios y una mujer—, pertenecientes a los pueblos Mayangna y Miskitu “ha sido devastadora”, revela una investigación realizada por la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua (Aududrnic) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).

“Una sola visita supera el ingreso mensual de un trabajador rural, lo que coloca a las familias en una situación de asfixia económica”, revela el informe titulado “Del bosque a la celda: criminalización de defensores indígenas por el régimen Ortega-Murillo”.

En contextos como el pueblo Mayangna, donde varias personas de una misma familia han sido privadas de libertad —subraya el informe—, “la carga se multiplica, convirtiéndose en una amenaza directa para la estabilidad socioeconómica del hogar y, además, un obstáculo para que la familia no pueda visitar” a la persona presa política.

Los efectos de la prisión

Además, el informe documenta que la mayoría de los indígenas detenidos son hombres, lo que ha generado un aumento excesivo de las tareas de cuidado para las mujeres.

Las mujeres, según el informe, asumieron simultáneamente múltiples funciones que incluyen el “cuidado cotidiano de familiares, la preparación y transporte de alimentos o medicinas tradicionales, y la organización de visitas a centros penitenciarios ubicados a cientos de kilómetros de distancia de sus comunidades”.

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Algunos familiares han dejado de llegar a las visitas, porque les “han advertido que los están investigando y temen sufrir represalias”. También se han documentado “muertes de familiares atribuibles a los efectos del sufrimiento”.

El informe describe que fueron “detenciones desproporcionadamente violentas”, en las que hasta 60 agentes encapuchados y grupos paramilitares participaron en allanamientos, lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las viviendas y golpearon a mujeres y menores presentes.

Estas acciones generan “terror colectivo” y una “desmoralización en las comunidades indígenas”, subraya el informe.

Ataque a la identidad cultural

En este contexto, la investigación revela que las autoridades penitenciarias han prohibido a los indígenas que hablen en su lengua, afectando así su identidad cultural.

Al impedir que los indígenas presos por motivos políticos hablen su lengua con sus seres queridos, “se transmite un mensaje simbólico de negación de su humanidad e identidad, lo que puede constituir una forma de tortura cultural y psicológica”.

Además, se ha identificado que las autoridades penitenciarias han cometido actos racistas, como denominar “brujos” a los Mayangna por considerar sus comidas y medicinas tradicionales como “hechizos”.

Los procesos judiciales contra presos políticos indígenas están marcados por la ausencia de intérpretes, la sustracción de su juez natural y condenas desproporcionadas —incluida la cadena perpetua— por delitos estigmatizantes como asesinato, robo o traición a la patria.

El informe agrega que estas detenciones y condiciones carcelarias no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que combina racismo estructural, sexismo y colonialismo interno, con el objetivo de debilitar la resistencia indígena y facilitar la explotación de recursos en sus territorios.

«Su criminalización favorece la invasión de colonos y la explotación ilegal de recursos
principalmente en la Costa Caribe nicaragüense», advierte el informe.

Indígenas sometidos a torturas

Las personas indígenas defensoras de sus territorios y su cultura, detenidas por motivos políticos en Nicaragua, han sido sometidas a torturas sistemáticas.

Entre los métodos documentados se incluyen golpizas a puño cerrado, golpes con fusiles AK-47 o con tonfas; ahogamiento simulado, introduciendo la cabeza de la víctima en un recipiente con agua o incluso en un río de su propio territorio; electrocución; y encadenamiento prolongado de pies y manos que impedía realizar necesidades fisiológicas básicas.

La investigación advierte que los daños ocasionados por estas torturas tienen “no sólo una dimensión individual, sino también una dimensión cultural y espiritual”.

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Por otro lado, el encadenamiento prolongado y en presentaciones públicas, además de causar sufrimiento físico y psicológico, refuerza la imagen del líder indígena como criminal peligroso, lo que los despoja de su dignidad y función social, puntualizan.

Remarcan que, las discriminatorias condiciones carcelarias en Nicaragua impactan a las personas defensoras miembros de los pueblos indígenas de manera particularmente “grave y desproporcionada”, porque representan no solo una agresión física, sino también “un ataque estructural a su identidad, espiritualidad y forma de vida tradicional”.