El actual panorama político de Nicaragua, después de una jornada confusa en la que hubo dificultad para constituir una alianza electoral opositora entre Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Restauración Democrática (PRD), demuestra que los grupos políticos del país nuevamente antepusieron sus “intereses personales” y abrieron las puertas para que se consume un fraude electoral, coinciden defensoras de derechos humanos.
El hecho que, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de la Alianza Ciudadana y el Partido de Restauración Democrática (PRD) de la Coalición Nacional, terminaran sin un acuerdo las negociaciones para conformar una alianza electoral para el 7 de noviembre de 2021, solo revela la “corrupción” política del país.
“La esperanza era la unidad, pero al fin y al cabo no se dio. Demasiada corrupción, soberbia, egoísmo y anteponen intereses personales antes que el sentir de la ciudadanía. Si no tuvimos la capacidad de juntar esfuerzos durante tres años, lo que espera para Nicaragua no es fácil, mucho menos para las defensoras de derechos humanos y la ciudadanía que vive en condiciones de pobreza”, señaló Marycé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV).
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La llamada oposición puso fin este miércoles a la ansiada unidad y cerró la oportunidad de ir a los comicios en una sola casilla y con una sola candidatura única para enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La socióloga y feminista, María Teresa Blandón, considera que lo ocurrido entre ambas plataformas electorales además de generar incertidumbre, abona el camino para que el régimen consume el “fraude” electoral.
“La gente entiende que eso nos daría ciertas posibilidades de hacerle frente al fraude que está organizando el régimen Ortega-Murillo. Creo que la gente se siente muy defraudada, desencantada y creo que eso ha incrementado el miedo de la gente por lo que pueda pasar en las próximas elecciones”, manifestó Blandón.
A nivel nacional como internacional, diversas organizaciones han señalado que el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, todos afines al régimen, y las “cosméticas” reformas electorales afectan la transparencia de las elecciones de noviembre próximo en ese país.
Apuntan que las reformas electorales anulan la observación electoral, asimismo incorpora a la legislación electoral las inconstitucionales causas de inhibición a candidatos opositores contenidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjero.
Para Grethel Gómez, secretaria de la Organización Víctimas de Abril (OVA) lo ocurrido en esta semana les hace reflexionar de que como víctimas, que buscan justicia por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Nicaragua en el contexto de las protestas, nunca debieron haber puesto la confianza en estos grupos políticos.
“Estábamos totalmente indignados, dolidos, nos llamaban los familiares y no sabíamos qué decirles. La indignación nos hizo ver que nosotros estamos siguiendo o estábamos avalando y dando nuestra vocería como víctimas a dos partidos políticos que no tienen nada que ver con la lucha de abril”, reconoció Gómez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró esta semana en una sesión virtual ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que al menos 328 personas fueron asesinadas durante la “Rebelión de Abril” y más de 2 mil resultaron heridas, un contexto que según las víctimas no fue tomado en cuenta por los grupos opositores.
“Son dos organizaciones políticas oportunistas que están como parte de todo el sistema que, ya la comunidad internacional y en Nicaragua, hemos venido diciendo que ese sistema no es transparente para ir a elecciones”, manifestó Gómez.
De acuerdo al calendario electoral, publicado recientemente en el diario oficial La Gaceta, el 28 de julio los partidos deben proceder a la inscripción de candidatos presidenciales y para los 90 cargos de la Asamblea Nacional.
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Ante la falta de un acuerdo, las defensoras de derechos humanos consideran que Nicaragua está sumida en un círculo donde el régimen sigue coartando las libertades públicas.
“Aquí cada día nos quitan más libertades y lo único que vamos haciendo es agachando la cabeza (…) Después de tanto dolor nos hemos llenado de fuerza y vamos a exigirle a todos los que tengamos que exigirles. Nosotros no tenemos duda que un nuevo abril es posible, porque nunca se ha ido, nuestro dolor está vivo, tenemos esperanza y vamos a lucha”, señaló Gómez.
Ambas organizaciones políticas se enfrascaron en una discusión sobre los puestos de diputaciones y de quién llevaría la representación legal en una posible alianza electoral.
No obstante, las defensoras consideran que más bien, debieron enfocarse en una estrategia para derrocar al régimen.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció ante los países que conforman esa organización que Nicaragua se encamina al “peor proceso electoral posible” en noviembre próximo, debido a que las reformas impuestas no ofrecen las garantías necesarias.
“No hay condiciones, no lo ha habido, pero aunque no hayan condiciones la esperanza era ir a unos comicios electorales, pero unidos, pero al no haber condiciones y dividida la oposición es todo negativo, no hay opciones, no hay esperanzas. Estamos ante una dictadura criminal”, señaló Mejía.
Las defensoras temen que esta división de la oposición fragmente el voto de los ciudadanos que no comulgan con el régimen de los Ortega-Murillo.
