Después de transcurrido más de un año de que reventara la crisis sociopolítica en Nicaragua, ahora agravada con la crisis económica, el jefe del ejército ofreció declaraciones a medios de comunicación. Uno se queda dudando sobre qué habría sido mejor. Que siguiera callado, o que hablara. Pero el hecho es que habló y es mejor porque nos permite, a los nicaragüenses, saber qué piensa el jerarca militar y, nos posibilita, también, expresar lo que nosotros pensamos sobre sus opiniones.

El general se quejó de una campaña que calificó de “brutal” en contra del ejército. Una calificación que repitió varias veces. Brutal, enfatizó con acento dramático.

Uno se pregunta ¿A qué llama brutal el jefe del ejército?

Si llama brutal a la demanda de que el ejército proceda a desarmar a los grupos paramilitares, conforme se lo imponen la Constitución y las leyes… ¿Cómo llama a la campaña de terror impuesta por el régimen que provoca muertes, prisiones, torturas, clausura de medios de comunicación, exilios, ocupación de propiedades?

¿Llamará brutal al despliegue descomunal de las fuerzas represivas del régimen para aplastar derechos ciudadanos elementales?

“Nosotros sabemos quiénes están detrás de eso” espetó en actitud amenazante, el jerarca militar

Pues bien, general. Si sabe quiénes están detrás de esa campaña, debemos reconocer la eficacia de los servicios de inteligencia del ejército, que pudo comprobar quiénes están detrás de los mensajes en las redes sociales y medios de comunicación.

Pero quedan dos asuntos por aclarar.

Si sabe quiénes están detrás de esa campaña mediática, seguro que también debe saber quiénes organizaron, armaron y financiaron a los paramilitares que, haciendo ostentación de armas de guerra, con total impunidad, a la luz del día y en plena calle, masacraron al pueblo nicaragüense. Y repito la palabra: Los paramilitares.

¿Sabe usted quiénes son, general? Pues debería saberlo.

El segundo punto es que el general repitió una y otra vez que solo acata la Constitución y las leyes. Pues bien, es imperativo que repasemos el artículo 26 de la Constitución que, en su inciso 3, dice: “Toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y público, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información.”

¿Ya le dio a conocer, general, a esas personas que usted dice que están detrás de la campaña, la información que usted tiene, por qué la tiene y con qué finalidad la tiene?

Su obligación es informarles.

Si no lo ha hecho, apúrese a hacerlo porque de lo contrario está violando la Constitución.

Y a propósito de paramilitares, el general, con tono vociferante, afirmó: “Bajo ningún punto aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares…concepto como el paramilitarismo en Colombia que surgen de estructura económicas o intereses económicos o políticos que organizan fuerzas…o fuerzas que son estructuradas al margen de la ley por militares…”

¡Aquí si dio en el blanco!

Los paramilitares se organizaron precisamente para defender estructuras económicas e intereses económicos y políticos, igual que en Colombia. ¿Acaso no sabe a quiénes pertenece el patrimonio que resguardaba el BANCORP? ¿O quiénes son los dueños de la refinería y de las generadoras de electricidad? Esto para mencionar unos pocos casos.

Esos intereses son los que defienden los paramilitares.

Y esto de los paramilitares no es un asunto de conceptos porque nada tienen de conceptual las bandas de paramilitares que masacraron al pueblo. A nivel global, medios de comunicación y redes sociales dieron a conocer sus desmanes. Además, los paramilitares ni siquiera se cuidaron de ocultarse. Todo lo contrario, hicieron ostentación de su impunidad, de sus armas y de sus atrocidades.

Solamente transcribiré un párrafo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, GIEI, que se estableció por un acuerdo entre el gobierno y el Secretario general de la OEA: “El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales…Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución.”Si usted quiere, no les llame paramilitares. Llámeles como el GIEI: “grupos armados paraestatales”. ¿Cuál es la diferencia?

Y si vamos a hablar de la Constitución, el artículo 95 dice “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución…”

Hemos conocido de los informes de la oficina de relaciones públicas del ejército dando cuenta de muertes en presuntos combates, de presuntos armados en las montañas, como los hijos de doña Elea Valle. Pero no hemos conocido ni un solo intento de desarmar a los grupos de los que habla el GIEI, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El general fue muy enfático en sus afirmaciones de respetar la Constitución y las leyes. Bueno, aquí tiene dos disposiciones constitucionales. Están claras. Solo falta cumplirlas.

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La Lupa Nicaragua