La situación de los derechos humanos en Nicaragua nuevamente fue abordada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esta ocasión, los estados miembros recibieron un informe de actualización de la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH), que detalló el desacato permanente del Estado de Nicaragua, dirigido por la dictadura Ortega-Murillo; y el testimonio de la excarcelada política Tamara Dávila, desterrada y expatriada junto a otros 221 nicaragüenses en febrero pasado.

Te contamos cuatro datos que debes saber sobre lo que ocurrió en la sesión: 

Corte IDH: Nicaragua incumple y rechaza nuestras sentencias 

Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, presentó un  informe de actualización ante el Consejo Permanente de la OEA, en el marco del mandato de la Resolución de 22 de noviembre de 2021 del Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, en el que denunció que el Estado de Nicaragua no solo continúa en “desacato permanente”, incumpliendo las resoluciones dictadas por ese organismo en beneficio de personas encarceladas por motivos políticos, sino que ha “manifestado de forma reiterada su rechazo a lo ordenado”.

La Corte IDH concedió medidas provisionales a un grupo de personas privadas de su libertad y a sus núcleos familiares, a través del ‘‘Asunto Juan Sebastián Chamorro y personas privadas de su libertad en ocho centros de detención respecto de Nicaragua’’, que abarca un total de 88 personas. 

El representante del organismo destacó que, aunque la mayoría de los beneficiarios de las medidas provisionales ya fueron deportados y despojados de su nacionalidad, en febrero pasado en el grupo de los 222 excarcelados enviados por la dictadura a Estados Unidos, hay otros seis que siguen encarcelados en Nicaragua. 

“Hay quienes permanecen en Nicaragua y continúan en un estado de desprotección absoluta. De las personas protegidas por las medidas provisionales de la Corte hay seis personas que no han sido liberadas y que permanecen, entendemos, privadas de libertad. Ellos son: Fanor Alejandro Ramos, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Enrique Navarrete Blandón y Edder Oniel Muñoz Centeno”, señaló Pérez Manrique. 

Además, advirtió que esos beneficiarios de las medidas cautelares se encuentran “corriendo un riesgo grave de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación”.

La Corte IDH informó que, además del caso de estos beneficiarios, les preocupa que siguen recibiendo denuncias de violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua, resaltando que recientemente tuvieron que otorgar medidas provisionales en favor de periodistas de Radio La Costeñísima para garantizar su derecho a la libertad de expresión.

Tamara Dávila: Expatriación, destierro y exilio no es libertad

La excarcelada política Tamara Dávila, tras la presentación del informe de la Corte IDH, gracias al apoyo de la delegación de Chile, expuso su testimonio ante el Consejo Permanente de la OEA, resaltando que en Nicaragua todavía hay al menos 37 personas encarceladas por motivos políticos, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, y que la “expatriación, destierro y exilio” al que fueron obligados, en febrero pasado, tanto ella como otros 221 excarcelados políticos “no es libertad”.

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Dávila, feminista, defensora de derechos humanos e integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), estuvo encarcelada en Nicaragua durante 14 meses, sometida a torturas físicas, psicológicas y verbales. La dictadura no le permitió, durante más de un año, la visita de su hija de seis años; no le autorizó material de lectura y escritura y la confinó a encierro solitario permanente.

“Tengo 48 días en libertad, pero aún no me reencuentro con mi hija, que ora todas las noches pidiendo que le entreguen el papel para poder viajar, encontrarse con su mamá y no separarse más de ella.  La dictadura mantiene rehenes a nuestras familias, hijos e hijas; les intimida y vigila, impidiendo hasta ahora la salida de muchos para la reunificación”, informó Dávila.

Además, resaltó que ella y otras más de 300 personas fueron despojadas de sus derechos civiles y políticos y les han despojado de sus bienes, pensiones de vejez, registros académicos, las han borrado del registro civil como si no existieran e incluso han privado a sus hijos de sus apellidos.

Dávila culminó su intervención abogando porque los países miembros de la OEA “actúen por una transición democrática en Nicaragua, por la vida, la paz, y la justicia además por el fin de los crímenes y la impunidad”.

Santa Sede denuncia situación de monseñor Rolando Álvarez

El representante permanente de la Santa Sede en la OEA, Juan Antonio Cruz Serrano, también alertó sobre la situación del preso político monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, que se encuentra privado de su libertad desde agosto de 2022, ante el Consejo Permanente de la OEA.

“La Santa Sede desea manifestar su preocupación por la situación de su excelencia monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto de 2022 y negarse a embarcar en el avión el pasado 9 de febrero, fue condenado al día siguiente a 26 años de cárcel”, señaló el religioso.

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Además, denunció las acciones tomadas por el Estado de Nicaragua, dirigido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les comunicó por escrito, el 10 de marzo pasado, “la suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede, por lo que tuvieron que cerrar la nunciatura apostólica en Managua.

Cruz Serrano lamentó ambas situaciones y dijo que la Santa Sede sigue abogando por el diálogo. También, agradeció los esfuerzos de los diferentes países en favor de las personas que fueron desterradas y despatriadas de Nicaragua, en febrero pasado, al abrirle las fronteras y ofrecerles una nacionalidad.

Condenan represión en Nicaragua

Los miembros del Consejo Permanente de la OEA de forma conjunta, en todas las participaciones que hubo en la sesión, rechazaron el actuar del régimen de Daniel Ortega, y abogaron por que se continúe presionando a que este cumpla con sus obligaciones internacionales, relacionadas al respeto de los derechos humanos.

El representante de Antigua y Barbuda denunció que el régimen de Ortega sigue amenazando las vidas de los nicaragüenses y sigue sin reconocer el Estado de Derecho, por lo que, recordó al régimen a “entender que ningún país va a permanecer en silencio ante ninguna violación”.

La representación del Gobierno de Paraguay también abogó por el cese de la represión contra los nicaragüenses, mientras que la delegación de Costa Rica expresó su solidaridad con las víctimas y dijo apoyar el “diálogo” e indicó que seguirán valorando las posibles gestiones que se puedan adoptar por la Asamblea General de la OEA para garantizar el respeto a los derechos de los nicaragüenses. 

La delegación de Canadá, además de mencionar que están explorando las formas de apoyar a las personas desterradas de Nicaragua, instó al régimen a devolver la nacionalidad a los nicaragüenses expatriados, recordando que la decisión que se tomó es violatoria de varios instrumentos internacionales.

“Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para persuadir al régimen de Ortega para que cumpla con sus obligaciones internacionales”, advirtió el Gobierno de Canadá.

De igual manera, el representante de Estados Unidos dijo que escuchan las voces de los nicaragüenses que han sido víctima del régimen Ortega-Murillo y seguirán “trabajando con la OEA para seguir haciendo presión” hasta que en Nicaragua se garantice el respeto de los derechos humanos y se restablezca la democracia.

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La Lupa Nicaragua