La criminalización dirigida a defensoras nicaragüenses “se encuentran entre las más crudas y persistentes en la región americana”, refleja el informe Perseguidas por Defender y Resistir, capítulo Nicaragua, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El informe analiza cómo el régimen Ortega-Murillo ha criminalizado históricamente a las defensoras de derechos humanos en el país, y cómo la violencia contra ellas se acentuó a partir de la crisis sociopolítica.
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De acuerdo con las 28 defensoras entrevistadas, la criminalización se entiende como el empleo de varias estrategias de persecución en su contra, entre las que se encuentra la judicialización. Sin embargo, aunque no haya una denuncia o proceso judicial, las defensoras son criminalizadas al ser acusadas públicamente de cometer delitos.
Entre otras herramientas para la criminalización y persecución política, se encuentran denigrar, calumniar, amenazar, acosar y todo con una gran carga de estigma sobre los temas que están defendiendo.
El informe indica que la criminalización, las detenciones, procesos judiciales y violencia ha dejado “efectos desgarradores” en la vida de cientos de defensoras, tanto a nivel emocional, físico, económico, entre otros.
A partir de estas situaciones, las entrevistas señalaron que desarrollaron enfermedades que afectan su calidad de vida, tales como hipertensión, problemas renales, diabetes, obesidad y problemas desarrollados después de ser detenidas. También parálisis facial o en otra parte de su cuerpo, problemas gastrointestinales entre otros.
Estos problemas nacen a partir de la ansiedad, pánico, miedo y angustia ocasionados por el estado de alerta constante que genera la posibilidad de ser detenidas, los asedios policiales cíclicos, persecución, estigmatización y hostigamiento constante.
“Ya tengo paranoia. Siento que alguien me sigue, siento, me siento vigilada… es una constante que no se si es un desorden psicológico por todo lo que he vivido pero, siento ese delirio de persecución podría decirse que ha afectado mi salud. Me descontrolo, me da mucha sinusitis, alérgica, como de estrés, de nervios. Es como una sensación de pánico, una sensación en el pecho de sentirme como a veces hasta que he hecho mal, como la culpa”, indica el testimonio de una defensora nombrada como Sonia del Valle.
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La criminalización también les ha generado insomnio, trastornos de alimentación, estado de alerta constante y manía o delirio de persecución. Esto ha llevado que algunas de ellas incluso duerman vestidas por si las apresan por la noche, hora en que generalmente se realizan las detenciones arbitrarias.
“Pasé quince días durmiendo con pantalones por si me venían a traer. Yo no quería salir desnuda o en pijama. Igual había hecho un plan con mis hijas de que si a mí me llevaban, qué iban a hacer ellos porque yo soy el sustento”, señala Georgina Ruiz, una de las entrevistadas.
Los efectos productos de la violencia dejó secuelas físicas, como consecuencia de agresiones realizadas cuando estaban bajo custodia policial. Algunas de ellas sufrieron golpizas durante las detenciones y quebraduras de huesos. Esto resultó en la pérdida de movilidad de miembros, dolores permanentes de espalda y sometimiento a cirugías.
Una de las defensoras afectadas físicamente por las agresiones de policías y turbas es Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, y feminista expulsada del país en 2018.
“Me fracturaron dos dedos y la muñeca, además de rajarme la cabeza. Entre las consecuencias de la fractura, he tenido que someterme a tres operaciones. Como resultado de las fracturas no tengo movilidad en el cuarto y quinto dedo de la mano derecha, esto ha implicado dificultad para poder escribir, poder tomar cosas. Tengo diabetes, antes no padecía de diabetes, debido a la tensión, el acoso, pues creo yo toda una cuestión de carácter tensional, se me disparó la diabetes hasta la fecha”, expresa.
Mientras que las mujeres que ya tenían afectaciones de salud preexistentes, se agravaron durante las detenciones por las condiciones en las que se encontraba, y la falta de atención médica en los centros de detención.
La criminalización ha generado “muerte civil” en diferentes defensoras, ya que se ven truncados sus proyectos de vida y se realiza una ruptura en sus proyectos profesionales o de estudios y su independencia.
Esto es consecuencia de la migración forzada a la que se ven muchas de ellas para evitar ser detenidas en el país. Otras han tenido que dejar sus empleos o estudios para resguardarse, mientras que otras han sido despedidas de sus trabajos.
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“El rechazo que enfrentan las defensoras en sus vecindarios y comunidades, derivado de la estigmatización, acusaciones o condenas, las obliga a dejar sus casas, sus entornos, su vida y sus redes, pues muchas veces esta situación les impide encontrar trabajo o incluso provoca que sean despedidas del que ya tenían”, señala el informe.
Aunque los efectos de la criminalización de la dictadura Ortega-Murillo en la vida de las defensoras de derechos humanos nicaragüenses han sido graves, la IM-Defensoras destaca que la represión lejos de acallar las voces de las defensoras, las multiplicó.
La violencia sexual que han sufrido algunas de ellas ha impactado gravemente en sus vidas, generando una huella tanto física como psicológica y social. Como ha sido ampliamente señalado por las defensoras, las prácticas de violencia sexual tienen, entre otras, la intención de “deshonrar” a las mujeres en sus comunidades, ya que, en muchas de estas, haber sido sometidas a una violación y a otras formas de violencia hace que las mujeres sean señaladas y no sean bien vistas en sus familias y su entorno comunitario.
