La ausencia de un juicio y una sentencia definitiva en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, propietario y jefa de prensa del clausurado canal 100% Noticias, según la organización Defensores del Pueblo, anula la justificación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la confiscación de las instalaciones del Canal 100% Noticias que según la organización Defensores «violenta las normas jurídicas».

Las declaraciones surgen ante el envío de un documento, por parte del régimen Ortega-Murillo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 173 periodo de sesiones, en el que confirmó que no devolvería el bien confiscado propiedad del Canal 100% Noticias por haber sido «ocupado» en el «marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico».

En dicho documento, el régimen insiste en su discurso sobre el fallido golpe de Estado, en el cual la señal del canal 100% Noticias se utilizó «para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia e involucrándose directamente en el intento fallido de golpe de Estado», por lo que, para los abogados de Defensores del Pueblo la decisión de no entregar 100% Noticias es meramente «política».

ENREDO EN PODERES DEL ESTADO

El abogado Julio Montenegro, miembro de Defensores del Pueblo, insistió que es «sorprendente» que, en primer instancia, el poder que se refiera a la ocupación de las instalaciones y la no entrega del Canal 100% Noticias sea el Ejecutivo y no el Judicial.

Además, criticó que el régimen de Ortega-Murillo justifique la no devolución del medio de comunicación, amparándose en una «investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico», puesto que el caso de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, detenidos ilegalmente el 21 de diciembre de 2018, acusados de cometer «terrorismo» en la modalidad de «instigación y preposición», no llegó a juicio y solo tuvo audiencia preliminar e inicial.

«El caso solo pasó por audiencia preliminar y audiencia inicial. Nunca pasó por juicio, mucho menos pasó por fallo de responsabilidad penal, ni mucho menos hubo una sentencia emitida por las autoridades, entonces, no entendemos nosotros cómo va a haber una afectación a un bien material», denunció Montenegro.

Agregó que este tipo de situaciones, en las que el Poder Ejecutivo ejerce las facultades del Judicial, se «rompe con lo que es la división de poderes y eso afecta la correcta administración de justicia».

El bien es propiedad de una sociedad

Asimismo, el abogado y exprocurador laboral José Antonio López, criticó que el Ejecutivo hable de la ocupación de un bien que es parte de una sociedad; en la que hay varios accionistas además de Mora, que es importante resaltar que no fueron acusados en el caso en el que se involucró a los dos periodistas.

«Esta situación trastoca intereses de una sociedad, mientras que la acusación se enfila contra Miguel Mora y no contra la sociedad, donde hay otros socios que también tienen intereses, aunque Mora sea el accionista mayoritario», afirmó López. A su vez denunció que este tipo de decisiones violentan el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y el derecho que tiene la población a estar informada.

Las violaciones contra la libertad de prensa en Nicaragua, según los reportes de organismos defensores de derechos humanos, ha dejado en los últimos 17 meses de crisis sociopolítica un periodista asesinado, docenas de comunicadores exiliados, equipos robados, las oficinas de redacción de Confidencial, Esta Semana y Niú confiscadas; mientras los medios impresos El Nuevo Diario, Metro y Q’Hubo han sido cerrados ante la retención de materia por parte de la dictadura de Ortega, que tiene al Diario La Prensa en riesgo de desaparecer.

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La Lupa Nicaragua