Organismos de DDHH condenaron las detenciones arbitrarias y las situaciones de riesgo que se viven en las cárceles de Nicaragua.
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Familiares de presos políticos junto a la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigieron este miércoles al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el cese de las detenciones arbitrarias a excarcelados políticos.
Durante una conferencia de prensa, los organismos en respaldo a los familiares de los reos políticos, denunciaron también las situaciones de riesgo a las que estos son expuestos en las cárceles de Nicaragua, de cara a la pandemia del COVID-19.
«El Cenidh y la UDJ con suma preocupación expresa, la escalada de detenciones como una estrategia nerviosa del régimen Ortega Murillo que violenta los derechos humanos y la legislación nacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos», señaló la abogada defensora del organismo, Georgina Ruiz.
Ruiz advirtió que estas detenciones son realizadas sin la existencia de una orden judicial, así como la poca información brindada a la persona detenida sobre las causas de su apresión y sin brindar información a sus familiares, siquiera del lugar donde se encuentran detenidos.
«El gobierno está violando la constitución política de Nicaragua, y el artículo 33 se refiere precisamente al derecho que tienen las personas que son detenidas, a ser informadas, y a tener una defensa», agregó la abogada.
El Cenidh señaló que «evidentemente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene colapsada la justicia», mientras emiten órdenes de recaptura a excarcelados políticos y personas que participaron en las protestas con el fin de sembrar temor y demostrarles que son quiénes están en el poder.
De igual manera indicaron que es clara «la ayuda de la Policía y el Ejército», brindada al régimen para promover estos actos que atentan contra la dignidad de las personas secuestradas.
Por su parte Ruiz agregó además que el Cenidh condena los allanamientos violentos e ilegales, «que suceden en presencia de niños», de los que a los familiares no se les informa siquiera el paradero de sus reos políticos.
Demandaron además el cese de estas violaciones a derechos humanos, que son únicamente dirigidas contra el pueblo que se muestra contrario a su posición.
Expresaron también su preocupación ante las condiciones de riesgos que viven las presas y presos políticos, «condiciones inhumanas por el hacinamiento en las cárceles, falta de acceso a la salud, medidas preventivas en el contexto del COVID-19, sanciones muy severas que se convierten en tratos crueles, inhumanos y degradantes inclusive torturas, a lo que se suman las amenazas de muerte por parte de reos comunes (hay numerosos reportes)».
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Los familiares de secuestrados políticos hicieron un llamado a la población a continuar realizando manifestaciones contra «la dictadura», para lograr el cese de estas detenciones consecutivas.
Pidieron a su vez a los organismos internacionales reacciones «más efectivas y concluyentes ante la grave situación de violación a los derechos humanos», que vive Nicaragua.
