Denuncian falta de información, detención violenta y aislamiento de las presas políticas Adela Espinoza Tercero, Joseling Mayela Campos y Gabriela Morales
Por 101 
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Para” (MESECVI) expresó su «condena y preocupación» por las condiciones en las que fueron detenidas y permanecen encarceladas desde hace más de un mes tres jóvenes activistas universitarias en Nicaragua.
Las presas políticas Adela Espinoza Tercero, Josseling Mayela Campos y Gabriela Morales, fueron detenidas tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), entre el 19 y el 21 de agosto de 2023, por parte de fuerzas de seguridad del Estado «en condiciones irregulares, sin otorgar información sobre los motivos de su detención o el paradero al cual serían conducidas», lo que se mantuvo por varios días.
En su informe advierten que estas detenciones fueron «llevadas a cabo de manera violenta y sin consideración ni garantías a sus derechos fundamentales, según sus propias denuncias y las de sus cercanos», lo que representan una violación a las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense.
Por ello el Comité de Expertas (CEVI) hace «un llamado urgente a la protección de los derechos de estas tres mujeres, incluyendo el derecho a saber los motivos de su detención y a que sus familiares conozcan su paradero».
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Sus familiares lograron visitarlas el miércoles 29 de agosto en el Sistema Penitenciario Integral de Mujeres, La Esperanza y aunque aseguraron que “están bien” anímicamente, confirmaron que están “aisladas” del resto de la población carcelaria.
«Se observa con preocupación que los hechos denunciados representan una forma de secuestro y de desaparición forzada en contra de estas tres jóvenes», detalla el informe de las expertas.
Mencionan que la “Convención de Belém do Para” en su artículo 2 establece que «la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra, y que comprende, entre otras formas, el secuestro».
Además, el Comité de Expertas, insiste que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, define la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
El informe de las expertas menciona que, a pesar de que reportes de medios de comunicación señalan que las tres jóvenes habrían sido acusadas de ciberdelitos y se encontrarían en un centro penitenciario estatal, el Comité «constata que la falta de información certera sobre su situación perpetúa la violencia en su contra, impidiéndoles el ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia, entre otros derechos fundamentales protegidos».
Las expertas recuerdan que a partir del artículo 7 de la «Convención de Belém do Pará», instrumento firmado y ratificado por Nicaragua, los Estados parte “condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en […] abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.
En ese sentido, hacen un «enfático llamado a las autoridades de Nicaragua a garantizar los derechos fundamentales de las tres activistas detenidas, así como los de otras mujeres que han denunciado la irregularidad de sus detenciones bajo el actual gobierno, asegurando procedimientos legales transparentes, justos y eficaces».
Asimismo, instan al Estado «a actuar con la debida diligencia para prevenir, atender, investigar y sancionar actos de violencia, incluyendo aquellos llevados a cabo por actores estatales, como los mencionados, en virtud de sus obligaciones internacionales».
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, a través de su Comité de Expertas, se pone a disposición de las autoridades de Nicaragua.
