Una caravana de buses blancos, traídos de Rusia durante los primeros años de los 13 que Daniel Ortega se ha mantenido en el poder de Nicaragua, hacen cola en una vía principal de Managua. Los simpatizantes orteguistas aprovechan el atolladero y ondean las banderas del FSLN a través de las ventanas de los autobuses. Afuera, un parlante suena música revolucionaria. Todos se dirigen a participar de una manifestación partidaria, con nombre rimbombante: “Caminata por la paz, Cantos de Vida y Esperanza, adelante pueblo presidente, 2020 patria, paz y porvenir”.
La imagen es parte de la “normalidad” que el orteguismo ha tratado de imponer, utilizando a sus mismos partidarios, incluidos empleados públicos, para mostrar una realidad a su medida. Buscan simular apoyo social en un año preelectoral, muestran a familias en centros recreativos, ferias y fiestas patronales. Sin embargo, Nicaragua es un país que sigue sumido en una profunda crisis sociopolítica sin un horizonte claro. Este próximo 18 de abril la crisis cumplirá dos años, y estas son cinco razones por las que te demostramos que la «normalidad» no ha regresado al país.
Ciudades policíales
Cientos de agentes de la Policía Nacional se movilizan a diario por las principales arterias o permanecen en zonas estratégicas de Managua. La imagen se repite en todas las ciudades de Nicaragua, principalmente en las que se rebelaron con más furia contra la dictadura.
El término “ciudades policiales” es una definición que el investigador social, Mario Sánchez, utiliza para referirse al despliegue de cientos de policías que buscan controlar la movilización social opositora al régimen de Daniel Ortega.
Es un indicador que la situación del país no está normal. Funciona como un mecanismo de intimidación y disuasivo ante cualquier tipo de piquete o plantón contra la dictadura, señala el especialista.
Para este año el orteguismo presupuestó para la Policía 3 mil 836 millones 240 mil córdobas a una institución cuya cúpula está señalada de cometer crímenes de lesa humanidad.
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El delito de protestar y enarbolar la bandera nacional en la calle
Desde la rebelión cívica de abril de 2018 contra la dictadura Ortega-Murillo, que implicó la conquista del espacio público, secuestrada durante una década por el FSLN, la dictadura ha intentado aplastar cualquier tipo de manifestación.
Las masivas protestas demandaban la salida de Ortega del poder, y reclamaban justicia por las 328 víctimas, que dejó la sangrienta represión gubernamental, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el 28 de septiembre de 2018 la fuerza policial ha bloqueado cualquier intento de manifestación pacífica. El acto fue calificado por defensores de derechos humanos como “criminalización” de la protesta, y violatorio a un derecho contemplado en la Carta Magna. En el artículo 53 señala que “se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
El hecho de levantar la bandera Nacional, símbolo de la lucha cívica, en la vía pública implica terminar en la cárcel. Eso ha sucedido en varios casos, muchos de ellos, denunciados en redes sociales. Se ha visto a policías quitar las banderas en actividades cívicas y religiosas.
Arrestos arbitrarios y violaciones a derechos humanos
Las capturas policiales contra ciudadanos que disienten del régimen orteguista forman parte de las denuncias que recibe la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Durante el primer semestre de 2019, la CPDH recibió 1,747 denuncias sobre violaciones a derechos humanos. A eso se suma que al menos 65 personas, presos políticos siguen en las celdas de la dictadura Ortega-Murillo, y sus familiares denuncias violaciones a sus derechos.
Escenario económico desalentador
Los nicaragüenses enfrentarían otra posible reforma tributaria, que aún se desconoce en detalle, pero que apunta a revisar exoneraciones y exenciones en este 2020. La primera reforma se aprobó el 27 de febrero de 2019, e impactó en el alza de la canasta básica (hasta julio de 2019 costaba 14, 159.79 córdobas, unos 418 dólares).
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Las perspectivas económicas por parte de diversos especialistas para este año no son alentadoras. De acuerdo con el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una caída de 3.8 por ciento en el 2018, y la proyección para este 2019 era de 5 por ciento, y para este 2020, es de 0.5 por ciento. Es decir, no habrá crecimiento económico. En términos concretos, el estancamiento económico del país se traduce en más desempleo, menos oportunidades, lo que equivale a menor desarrollo.
Migración masiva
Más de 80 mil nicaragüenses viven en Costa Rica, el vecino del sur se convirtió en el refugio de los que huyeron de la dictadura orteguista en 2018, pero también de aquellos que se tuvieron que ir en búsqueda de mejores oportunidades laborales.
Sin embargo, debido a la profundización de la crisis económica del país y a la inestabilidad política, economistas y especialistas en el tema de migración han avizorado que la ola migratoria no se detendrá. Ante la ausencia de empleos más personas buscarán ingresos en otros países.
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