La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la presa política María José Rojas Arburola, quien se encuentra en desaparición forzada desde agosto de 2025, cuando fue detenida por la Policía orteguista en su casa de habitación ubicada en Jinotepe. 

El paradero de Rojas Arburola, de 44 años, es desconocido y su integridad personal y salud están en riesgo de “daño irreparable”, señaló la CIDH.

A Rojas Arburola la capturaron la mañana del 15 de agosto de 2025 alrededor de las seis de la mañana, cuando al menos cinco oficiales “encapuchados” de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), seis agentes uniformados y tres efectivos de civil irrumpieron en su vivienda “sin presentar orden judicial”. 

Los miembros de la Policía orteguista “ingresaron a su vivienda y procedieron a detenerla, sin comunicar los motivos de la detención”. Desde entonces no se tiene conocimiento sobre su paradero. 

Presa política con padecimientos de salud

La CIDH en su Resolución 74/2025,consideró que Rojas Arburola se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que requiere la adopción inmediata de medidas de protección por parte del Estado nicaragüense. 

Puedes leer: Dictadura aísla a presas políticas que realizaron huelga de hambre

Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no proporcionó información alguna a la Comisión durante el proceso de evaluación del caso.

De Rojas Arburola no se sabe nada, solo que previo a su captura padecía problemas de circulación asociados a insuficiencia venosa, que le ocasionan molestias frecuentes en las piernas. 

Como parte de sus cuidados, consumía suplementos de Omega 3 y magnesio, lo que añade preocupación sobre su estado de salud actual tras más de dos meses desaparecida.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Política ha denunciado que las personas con enfermedades crónicas y padecimientos graves “no reciben atención médica adecuada; incluso se han confiscado medicinas entregadas por familiares o incluso las botan a la basura los mismos custodios”. 

Las medidas cautelares ordenadas buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales de Rojas Arburola, quien es percibida como opositora política, al igual que su familia, que ha pagado un alto precio por su participación en las manifestaciones de 2018 y ha sido “objeto de una persecución sistemática”. 

Objeto de persecución constante, según CIDH 

En una ocasión su vivienda fue atacada por grupos armados, su hermano fue acusado de delitos graves, aunque el proceso fue archivado tras la Ley de Amnistía. 

A su propio padre, Rodolfo Rojas Cordero, lo asesinaron en 2022 en el extranjero en “circunstancias que sugieren motivación política”. Tras ese crimen, Rojas Arburola fue sometida a “vigilancia e interrogatorios mensuales” por parte de la Policía orteguista en Jinotepe, cuyos agentes también buscaban información sobre su hermano exiliado.

En 2023, el régimen orteguista despojó arbitrariamente de su nacionalidad a 94 opositores, entre ellos su hermano Rodolfo, cuyos bienes fueron confiscados por el Estado. Un año después, en 2024, su hermana fue impedida de regresar al país junto a su hijo menor.

Además: Siete personas presas políticas por motivos religiosos en Nicaragua 

Ante esta situación, Rojas Arburola había intentado buscar refugio con sus hijos en Costa Rica, aunque se vio obligada a regresar a Nicaragua en 2019, donde continuó siendo objeto de hostigamiento hasta su detención forzada seis años después.

Además de María José Rojas Arburola, la CIDH otorgó medidas cautelares a otras nueve personas nicaragüenses detenidas entre mayo y agosto de 2025: 

  • Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, detenido el 14 de mayo de 2025 por efectivos de la Dirección de Auxilio Judicial. 
  • Álvaro Baltodano Monroy, detenido el 21 de julio de 2025 en un retén en Ochomogo, sobre la carretera Panamericana, mientras se dirigía hacia Managua. 
  • Octavio Enrique Caldera, acusado de ser “golpista” lo detuvieron el 13 de agosto de 2025 en Managua. 
  • Marvin Antonio Campos Chavarría, artista plástico, con una magistratura en Bellas Artes, fue capturado en la redada de Jinotepe el 15 de agosto de 2025. 
  • Chester Jeramil Cortez Narváez, originario de Jinotepe y lo capturaron el 15 de agosto de 2025. 
  • Yerri Gustavo Estrada Ruiz, el médico fue detenido el 13 de agosto de 2025 en las instalaciones del Hospital Amistad Japón, luego que la directora del hospital lo citó a su despacho. 
  • Larry Javier Martínez Romero, también de Masaya fue capturado el 13 de agosto de 2025.
  • Erick Antonio Mercado López, encarcelado arbitrariamente el 13 de agosto de 2025, tras recibir una llamada engañosa de una persona que, bajo el pretexto de que su motocicleta se había averiado, solicitaba ayuda. 
  • Luis Francisco Ortiz Calero, es originario de Masaya y fue detenido el 13 de agosto de 2025 en su domicilio. 

“Actualmente no se tendría conocimiento sobre su destino, paradero o condiciones de detención y salud. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH”, puntualizó el organismo de derechos humanos.

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua