La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco integrantes de una misma familia —encabezada por Rudy Antonio Palacios Vargas, pastor de la iglesia La Roca—, quienes fueron secuestrados en Jinotepe, el 17 de julio de 2025 y están en condición de desaparición forzada. 

La resolución de la CIDH se aprobó en un contexto de escalada represiva en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está secuestrando y encarcelando a núcleos familiares completos. 

Los beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son: 

  • Rudy Antonio Palacios Vargas, pastor evangélico de La Roca. 
  • Jessica María Palacios Vargas, hermana del pastor Rudy Antonio Palacios.
  • Armando José Bermúdez Mojica,  cuñado de los hermanos Palacios. 
  • Olga María Lara Rojas, sobrina por afinidad de Jessica Palacios Vargas.
  • Pedro José López Calero,  esposo de Jessica Palacios Vargas.

A estas cinco personas, miembros de una familia considerada “opositora” al régimen Ortega Murillo, se les secuestro en sus domicilios entre las diez y once de la noche del 17 de julio de 2025 cuando agentes de la policía orteguista irrumpieron sin presentar órdenes de captura.

La CIDH concluyó que se cumplen los tres requisitos de su reglamento para otorgar medidas cautelares: gravedad, urgencia e irreparabilidad. Es decir, la detención sin información oficial, la falta de acceso a tribunales y abogados, y la inexistencia de registros judiciales constituyen una situación crítica que compromete los derechos fundamentales de los presos políticos. 

Bajo asedio y vigilancia durante años

Desde 2018, según documento de la CIDH, el pastor y su familia Rudy se convirtieron en un blanco permanente de persecución. 

En el marco de la represión el pastor habría sido identificado como uno de los “jefes” en Jinotepe, lo que llevó a que fuera amenazado de muerte con pintas en la fachada de su casa con palabras como “asesino”, “plomo”, “FSLN” y “se busca”. 

Además: Once mujeres en desaparición forzada en Nicaragua

Al mismo tiempo, la Iglesia La Roca habría comenzado a ser vigilada por efectivos de la Policía orteguista.

En 2018, como parte de la estrategia del régimen para criminalizar las protestas, Rudy Palacios fue acusado junto a otros opositores de delitos graves como crimen organizado, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y daños contra el Estado.  

En ese momento, Rudy Palacios y Olga Lara decidieron exiliarse. Solo pudieron regresar al país tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 2019, cuando el proceso penal en contra de Palacios fue archivado. 

Tras el regreso del exilio, la familia comenzó a ser “vigilada por simpatizantes sandinistas y la Policía en Jinotepe, sufriendo detenciones que calificaron de arbitrarias”.

El 18 de abril de 2024, habrían sido detenidos, interrogados y advertidos de no participar en política bajo amenaza de nuevo arresto. 

Desde entonces, Rudy Palacios y Olga Lara recibieron visitas policiales periódicas: primero mensuales, luego quincenales en 2025 y, desde abril de ese año, semanales, generando lo que llaman de una “prisión domiciliaria” de facto. 

En mayo de 2025, la Policía registró la vivienda de Jessica Palacios y Pedro López, acusándolos de realizar reuniones políticas.

Régimen no informe sobre su paradero 

De acuerdo con la CIDH, desde “hace cerca de dos meses no se conocería el paradero o destino de las personas propuestas”, según la CIDH. 

Sus familiares no tienen información sobre su paradero o destino, a pesar de haberlos buscado en distintas estaciones de policía y centros penitenciarios. 

También: Detención arbitraria de médico en Granada evidencia escalada represiva en Nicaragua

Según información, habrían acudido a la estación policial de Jinotepe para conocer los motivos de las detenciones y solicitar visitas, pero se les negó que estuvieran allí. Luego buscaron en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote; en el Distrito III de la Policía de Managua y en el centro policial de Plaza del Sol, también sin obtener respuesta. 

Entre el 21 y 25 de julio de 2025 insistieron en El Chipote y el Distrito III, donde las autoridades se habrían limitado a remitirlos de un lugar a otro, sin informar el paradero de las personas detenidas. 

“La alegada situación de riesgo de las personas propuestas beneficiarias —subraya la CIDH—, no es un evento aislado y, por el contrario, se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, que es particularmente hostil hacia personas consideradas, percibidas o identificadas como opositoras”. 

La única versión publicada en un medio de comunicación afirma que fueron acusados de “traición a la patria” y recluidos en el penal de Granada. Sin embargo, sus nombres no aparecen en el sistema judicial Nicarao, lo que confirma la inexistencia de garantías procesales y refuerza la hipótesis de desaparición forzada.

En agosto de 2025, apenas semanas después de la detención de los miembros de esta familia, otra redada en Jinotepe dejó a 28 opositores desaparecidos. 

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua