Banda de los aguadores: "Nos siguen tratando como culpables"

La autodenominada «Banda de los aguadores», conformada por 16 activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que fueron encarcelados y criminalizados por llevar agua a madres que realizaron huelga de hambre en la Iglesia San Miguel en Masaya, denunciaron este miércoles que siguen siendo tratados como si fueran «culpables», pese a que fueron excarcelados el 30 de diciembre de 2019.

«Nos siguen tratando como si fuéramos culpables, aunque no hemos sido juzgados», señaló la excarcelada política Ivania Álvarez, durante una conferencia de prensa.

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La audiencia de juicio contra la «Banda de los aguadores» está programada para el próximo 30 de enero, por lo que los excarcelados políticos rechazaron que la «excarcelación» sea vista como «una muestra de normalidad o reconciliación».

Los expresos políticos revelaron que -durante los 46 días que permanecieron ilegalmente detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como «El Chipote»- sufrieron malos tratos, negligencias médicas, amenazas, golpes y un sinnúmero de violaciones al debido proceso.

«Nos faltan 65»

Además, aprovecharon para expresar su «compromiso» con la liberación de los 65 reos políticos que siguen encarcelados por la dictadura, solicitando a los nicaragüenses que se desborden con la misma solidaridad que tuvieron con ellos cuando estaban encarcelados.

La Banda de los aguadores recordó que entre los 65 encarcelados se encuentra Katherine Martínez y Mayela Cruz, esta última activista trans.

«Pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotras y nosotros a partir del 14 de noviembre (2019) continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura», reza parte del comunicado leído por la Banda de los aguadores.

Los excarcelados políticos culminaron insistiendo en que en Nicaragua «nada está normal, vivimos bajo un estado policiaco, el pueblo de Nicaragua sigue sufriendo día a día asedio, muerte, persecución, censura».

Además apuntaron que -como opositores al régimen orteguista- creen en «una solución cívica y no violenta, ya sea por la negociación política como por una salida electoral, sustentada en una reforma electoral profunda con las condiciones necesarias que garantice la credibilidad del proceso».

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