Las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Policía Nacional afectarán de forma directa y traerán consecuencias a la institución que al servicio del régimen se ha encargado de reprimir a la población, aseguran fuentes consultadas.

La institución es señalada de cometer actos violatorios de derechos humanos contra ciudadanos opositores, además de perpetrar secuestros y ejecuciones selectivas de líderes políticos que no piensan igual que la dictadura.

Analistas políticos y expertos en seguridad aseguran que una de las principales consecuencias de las sanciones será que se restringirán sus capacidades financieras y operativas. Practicamente perderán todas sus cuentas bancarias, afirman.

“Es un golpe muy fuerte, no solo simbólico, es un golpe que afecta la parte operativa de la Policía”, explicó a La Lupa el analista político, Eliseo Núñez.

Con el tema de las sanciones, la institución verá afectada su relación con el sistema financiero nicaragüense, por lo tanto, tendrá que realizar una “reconversión obligatoria” en su quehacer administrativo, aseguró Núñez.

“Va a tener que ver con cambios de cuentas, cambios de personalidades jurídicas y otro tipo de cosas”, dijo el analista político.

AFECTACIÓN EN LOS SERVICIOS

Desde hace varios años, la automatización de los servicios que implementó la institución, obligaba a los ciudadanos a pagar ciertos trámites, como multas y récord de policía en los bancos, pero a partir de las actuales sanciones será cosa del pasado, afirmó Núñez.

“No veo en este momento una afectación a la población más que con el tema de las multas, no podrán ser pagadas en los bancos y en algún otro tipo de trámites como el record de policía (…) Los policías que eran pagados por medio de cuentas bancarias podían ir a un cajero y recibir adelanto de salario, eso ya no va poder pasar, señala Núñez.

El analista político, advierte que “los bancos van a tener que escoger entre tener relación con la banca estadounidense y la banca internacional o con la Policía”.

El jurista, Alberto Novoa, reafirma esta teoría y agrega que “los vínculos que tenga la institución con el sistema bancario nacional van a verse seriamente afectados”.

“Sobre todo en la recepción de los pagos por multas, permisos, el pago de nómina si es que lo hacían a través del sistema financiero, una serie de singularidades que afectan a la institución como tal, esto en el aspecto financiero”, mencionó Novoa.

El Banco de la Producción (Banpro) suspendió todo tipo de relación financiera con la policía el 29 de diciembre de 2019, tras conocerse que Francisco Díaz, consuegro del dictador y jefe de la institución fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky.

La sanción aplicada a Díaz el cuatro de julio del año pasado señala que el alto mando policial violó los derechos humanos de los nicaragüenses.

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Además de las sanciones directas contra la institución, el departamento del Tesoro también impuso sanciones contra los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que administra la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina,  jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.

Novoa considera que las sanciones en su conjunto afectarán la “imagen” de la institución que había ganado prestigio a nivel internacional por la labor desempeñada antes del 18 de abril.

“Afecta las relaciones internacionales y relaciones policiales con otros organismos de Centroamérica o con la misma Interpol, con otros organismos de carácter internacional, por el ejemplo con el Gafic, la UAF que es un organismo nacional pero está integrado a un organismo regional”, señaló el jurista.

Tanto Novoa como Núñez sostienen que la institución policial junto al Gobierno tendrá que buscar una opción B para realizar sus transacciones y seguir operando.

“Creo que la solución que el Gobierno va a buscar es trasladar las cosas al Ministerio de Gobernación, por ahí pudiera ser la solución que ellos encuentren (…) Por un tiempo van a seguir igual tienen suficiente dinero en efectivo acumulado”, puntualizó Núñez.

Las primeras sanciones dadas a conocer  por Estados Unidos fueron el 21 de diciembre de 2017 contra Roberto Rivas, exmagistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE); desde entonces otras 13 personas y dos instituciones forman parte de la lista.

PAGOS A

POLICÍAS AFECTADOS

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, mencionó que todos los policías, incluyendo a un policía local, uno de tránsito y un municipal, “ahora forman parte de una organización criminal, considerada así a nivel internacional”.

“Al ser sindicada internacionalmente como una organización violadora de derechos humanos se les cierran las cuentas bancarias, por lo que se verá obligada a pagar los salarios en efectivo. El fondo de pensiones queda congelado porque ya no es posible su administración financiera, no podrán invertir en proyectos de viviendas”, dijo Chamorro.

Foto principal: Tomada de Confidencial

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