Las mujeres detenidas por motivos políticos en Nicaragua enfrentan no solo la persecución común a todos los opositores, sino también amenazas explícitas de violencia sexual y violaciones al momento de su detención, revela el informe Patrones de represión y persecución política en Nicaragua: De la prisión a la libertad, tras la Operación Guardabarranco, elaborado por Race and Equality. 

El informe documenta las experiencias de 7 mujeres entre las 34 personas entrevistadas para esta investigación que fueron excarceladas y desterradas a Estados Unidos en febrero de 2023. 

“Las mujeres enfrentaron obstáculos adicionales como falta de acceso a salud sexual y trato cruel durante la detención debido a su condición de género (…) no solo fueron castigadas por oponerse al régimen, sino que su identidad de género las hizo más vulnerables a formas de abuso específicas”, evidencia el informe. 

El informe también denuncia que muchas mujeres fueron amenazadas con que “serían violadas cuando fueran detenidas”, como método de intimidación y castigo. En algunos casos, estas amenazas fueron proferidas directamente por agentes estatales, en circunstancias de extrema vulnerabilidad. 

Tras la denominada Operación Guardabarranco —el proceso mediante el cual 222 personas presas políticas fueron excarceladas y desterradas a Estados Unidos en febrero de 2023—, al menos 33 de ellas eran mujeres. 

Mujeres llevadas sin ropa ante el juez

La violencia sexual bajo custodia estatal “pueden calificarse jurídicamente como crímenes de lesa humanidad”, una forma grave de tortura, con efectos psicológicos devastadores y duraderos.

“Uno de los testimonios más estremecedores proviene de una defensora de derechos  humanos y mujer adulta mayor, quien relató haber sido completamente desnudada durante sus traslados al juzgado y presentada ante un juez sin ropa interior”, señala el informe. 

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Otras dos mujeres entrevistadas fueron víctimas de amenazas, les decían que si “no cooperaban (las) iban a violar”, lo que como mujeres privadas de libertad por motivos políticos “constituía una amenaza con alta probabilidad de concretarse, especialmente por su situación de extrema vulnerabilidad en ese momento”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha señalado que “la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer”.

Además, el documento subraya cómo la violencia de género se extendió a sus familiares, con casos de madres de edad avanzada y esposas siendo desnudadas y obligadas a hacer “sentadillas” durante las visitas.

“A mi mamá de 96 años la desnudaron y a mi esposa también obligándola a hacer sentadillas”, relató una de las periodistas, tras agregar que “humillaban a las personas que lo visitaban”. 

La esposa de uno de los entrevistados, aunque no fue detenida por motivos políticos, sufrió agresiones físicas severas antes de la detención de su esposo, incluyendo pedradas y disparos, que la llevaron a cuidados intensivos. 

Sin derecho y acceso a salud 

El informe también documenta cómo la falta de atención médica adecuada afectó de forma particular a las mujeres.

Varias mujeres que “pidieron reserva de identidad”, relataron que “nunca lograron ser tratadas por un especialista en ginecología y otras –que padecían problemas en los huesos– expresaban que los medicamentos que les llevaban sus familiares, la administración del penal se los entregaba de manera tardía y arbitraria”.  

Como castigo adicional, el informe documenta que a las mujeres se les negaban productos básicos, incluidas las “toallas sanitarias ni los elementos de aseo personal”. 

Una persona entrevistada expresó que las mujeres eran las que “más represión sufrían por las formas de poder y a las que se les daba un trato más agresivo. Lo que evidenciaba la violencia de género”. 

“Una de las mujeres acababa de pasar por un procedimiento quirúrgico al ser detenida y se le infectó la herida y el útero, y a pesar de estar conscientes de la situación —subraya el informe—, las autoridades la dejaron sufrir hasta el límite”. 

Esta negligencia es parte del castigo sistemático al que fueron sometidas por su género y condición de opositoras políticas.

Además, se reportaron casos de mujeres, entre ellas una defensora de derechos humanos y adulta mayor, que en sus primeros meses de detención las obligaron a dormir sobre losas de cemento, lo que “les causó problemas musculares y en las articulaciones”. 

Impacto familiar en el exilio 

En el exilio, muchas de estas mujeres enfrentan dificultades extremas para cuidar de sus hijos, rehacer sus vidas y superar los traumas. 

La separación forzada de sus hijos ha provocado quiebres en los vínculos afectivos y ha dificultado su integración económica y emocional en el nuevo entorno.

Una de las personas entrevistadas, según el documento, indicó que “cuenta con tres trabajos para poder mantenerse junto a sus hijos, lo que evidencia las dificultades adicionales que enfrentan en el exilio especialmente las madres de menores de edad”. 

Entre sus recomendaciones, el informe urge al Estado nicaragüense a ofrecer “reparación integral” a las mujeres víctimas, incluyendo atención en salud física y mental especializada.

“A las mujeres víctimas de tortura y persecución se les brinde atención especializada en salud mental y física orientada a tratar traumas específicos como amenazas o ejecuciones de cualquier tipo de violencia. Asimismo, que se les proteja contra la revictimización con protocolos seguros para la denuncia de estos actos”, señala. 

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Además, se llama a los Estados de acogida, como Estados Unidos, a facilitar la reunificación familiar y la integración económica de estas mujeres, muchas de las cuales viven en condición de apatridia.

El informe, presentado en Washington D.C. fue elaborado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y hace un análisis sobre las violaciones de derechos humanos a la que fueron sometidas un grupo de personas presas por motivos políticos en Nicaragua hasta su excarcelación y expulsión el 9 de febrero de 2023, las repercusiones en su ámbito familiar y su situación actual.

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La Lupa Nicaragua