Las agresiones contra personas de la diversidad sexual son cada vez menos denunciadas por temor, advierte el Observatorio de Violaciones de Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ en Nicaragua del colectivo feminista La Corriente Somos Todas.
Solo en el primer semestre de 2023 registraron 20 denuncias de discriminación y violencia contra esta población, aunque señalan que las situaciones de violencia son mucho más. Dentro de estos hechos se reportaron 16 agresiones, dos crímenes de odio, un asesinato y un suicidio.
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La mayoría de las denunciantes fueron mujeres trans con 13 casos y siete hombres homosexuales. A diferencia de informes anteriores, en este año no han denunciado mujeres lesbianas, personas bisexuales u hombres trans, lo que muestra la disminución considerable de las denuncias.
Los departamentos donde se reportaron más casos fue Managua, seguido de Masaya, Chinandega, León y la Región Autónoma del Caribe Sur. Mientras que los espacios donde se registra mayor violencia es el hogar.
En este informe se documentaron al menos 11 tipos de violencia, entre las que se encuentran la violencia física, sexual, digital institucional y política, además de agresiones, discursos de odio, crímenes de odio, suicidio y robo con violencia.
“Las agresiones en contra de lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans y no binarias que hemos documentado -que como sabemos no son representativas de lo que ocurre cotidianamente-, evidenciar la relación directa entre el incremento de discursos de odio, la impunidad y la comisión de actos de violencia, que cada vez presentan mayor saña”, expone el Observatorio.
El Observatorio señala que las denuncias recopiladas muestran que la violencia contra las personas LGBTIQ+ se realiza tanto en los espacios públicos e instituciones, como en el seno de las familias. Y los agresores incluyen familiares, vecinos, funcionarios e incluso personas desconocidas.
«En este escenario es evidente que las víctimas no se atreven a interponer denuncia y que cuando lo hacen, no tienen ninguna expectativa de obtener justicia», indica.
La expulsión de personas de la diversidad sexual de lugares públicos como centros de recreación, parques y restaurantes fue uno de los testimonios más recopilados por el Observatorio.
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En el informe muestra que una pareja de hombres homosexuales fueron echados de un establecimiento comercial por haberse tomado de la mano y darse un beso. Según el encargado, esos gestos eran impropios en un lugar donde llegaban familias a distraerse.
Otro caso se trató de una mujer trans expulsada de un parque público en Chichigalpa. De acuerdo con los guardas de seguridad que la echaron, ella tenía «rotundamente prohibido estar ahí» y la amenazaron con llamar a la Policía y detenerla.
«Ante su insistencia en que ella no le hacía daño a nadie, los guardias respondieron que ni homosexuales, ni «prostitutas» podrían estar en el parque por órdenes de la alcaldesa de este municipio», señala el informe. Esto es una violación directa al derecho a la libre circulación y al principio de igualdad y no discriminación.
El Observatorio también advierte que ha habido un incremento preocupante de discursos ultraconservadores que estigmatizan a las personas LGBTIQ+, alimentando actitudes de desprecio y exclusión contra ellas.
«Estos discursos de odio que vienen de las propias instituciones del Estado, se contraponen abiertamente con los derechos constitucionales que prohíben toda forma de discriminación por razones de sexo y género, sin embargo, no existe voluntad política para garantizar el acceso a la justicia”, indica.
