El Departamento de Estado de los Estados Unidos entregó el informe sobre el cumplimiento de Nicaragua a las medidas exigidas en la ley «Nica Act», donde la dictadura orteguista quedó mal parada, pues el documento refiere que «el Gobierno de Nicaragua no está tomando medidas efectivas».

Cabe mencionar que dicho documento servirá de base legal para el Gobierno de Estados Unidos dirija acciones ante organismos internacionales que bloquee todos los préstamos que soliciten los Ortega-Murillo.

Sin embargo, la medida de bloqueo no incluye los préstamos que se gestionen para fines humanitarios o en búsqueda y promoción de la democracia.

«Certifico que el Gobierno de Nicaragua no está tomando medidas efectivas» sobre los temas demandados en la Nica Act, aseguró Stephen Biegun, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, en la certificación sobre la situación de Nicaragua que se envió al Congreso.

Algunos de los más graves incumplimientos señalados por el Departamento de Estado fueron: la falta del fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática, la falta de independencia del sistema judicial y el consejo electoral, la falta de investigaciones y responsabilización de los funcionarios y otras personas involucradas en asesinatos de personas vinculadas con las protestas de abril 2018, además del nulo avance en el combate contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

Más presión 

Las presiones contra la dictadura Ortega-Murillo desde Estados Unidos se han sentido más en la última semana. Recientemente, el pasado 28 de mayo, un grupo de senadores: James E. Risch, presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, Ted Cruz, David Perdue, James Lankdord, Christopher Murphy y  Benjamin Cardin, enviaron una misiva al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, solicitando al Gobierno de Trump una ampliación de las sanciones individuales.

Esta vez, según la misiva, los senadores solicitaron específicamente medidas contra magistrados, jueces  y miembros de la Fiscalía General de Nicaragua que se pruebe están vinculados, directa o indirectamente, con violaciones a derechos humanos relacionadas con el acceso a la justicia, la criminalización de la protesta social y procesos viciados o arbitrarios.

«Creemos que nuestra política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua. En este caso, es importante que los miembros del poder judicial nicaragüense comprendan que, a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley, y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará de sus acciones», reza parte de la misiva enviada a Pompeo y Mnuchin.

El grupo de senadores que apoyan la solicitud de sanciones también hicieron hincapié en que dichas medidas contra jueves, magistrados y fiscales, deberían ejecutarse con base a Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), mejor conocida como Nica Act.

Hasta la fecha, 20  funcionarios del régimen Ortega-Murillo han sido sancionados por el Gobierno de Estados Unidos. Los orteguistas que recientemente fueron incluidos a la larga lista de sancionados son: Iván Acosta, magistrado de Hacienda y Crédito Público, y Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua.

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