El aborto inseguro fue una de las principales causas de morbilidad materna y de ingresos de mujeres a los hospitales entre los años 1988 y 2013 en el país. Desde ese año hasta la actualidad se desconoce cuántas mujeres ingresan a los hospitales y fallecen por esta práctica, debido a la falta de información brindada por el Ministerio de Salud (MINSA), refleja la investigación Mortalidad Materna: Crónica de una epidemia silenciada.
La investigación que estudia la problemática de la mortalidad materna en Nicaragua, muestra que la falta de acceso a la interrupción del embarazo de manera segura, provocaba que cientos de mujeres se practicaran abortos con métodos riesgosos, lo que tenía como consecuencias complicaciones médicas.
Aborto clandestino en Nicaragua: Un riesgo para la salud de las mujeres
Sumado a la falta de capacitación en los hospitales para atender las complicaciones del aborto inseguro, muchas veces fallecían sin recibir una atención oportuna, a pesar que la muerte materna por aborto es inseguro es totalmente prevenible cuando se garantiza el acceso a la interrupción del embarazo.
Entre 1985 y 1988 el aborto inseguro fue el causante del 35.9 por ciento de las muertes maternas en Nicaragua, a pesar que hasta antes del 2006 el aborto terapéutico estaba permitido, pero con múltiples obstáculos.
Entre los años 1992 y 1996 fue del 16.49 por ciento, aunque en ciertos hospitales alcanzaba el 20 por ciento. Y en los siguientes años el MINSA dejó de brindar información pública sobre la morbilidad materna por abortos inseguros y comenzó a cambiar el motivo de fallecimiento de las mujeres para ocultar esta problemática.
Pese a la falta de información actual sobre cuántas mujeres perecen por esta razón, la investigación destaca que continúa siendo un problema grande en el país.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que hasta el 2021 en los países donde el aborto está penalizado, las complicaciones por abortos inseguros son una de las principales causas de muerte maternas.
Los últimos registros del MINSA sobre la cantidad de abortos practicados muestran que se realizaron 60,933 abortos entre el 2005 y 2013; y anteriormente entre 1998 y 2005 se realizaron 41,561 abortos.
Como la última cifra oficial del 2013 es casi de 7 mil, la investigación indica que no hay indicios para suponer que el número de abortos ha disminuido, sino por el contrario; a pesar que el aborto fue arbitrariamente penalizado en su totalidad en 2007, poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres.
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Sin embargo, la cifra real de abortos en Nicaragua nunca ha logrado establecerse con exactitud debido a la clandestinidad en que se produce, al igual que en los otros países donde la práctica está penalizada.
La interrupción del embarazo se trata de un procedimiento médico necesario para asegurar la vida y salud de las mujeres, adolescentes y niñas, y su penalización supone una violación a sus derechos, de acuerdo con las Naciones Unidas. Por tanto, que una mujer muera porque no se le garantizó el procedimiento es también una violación a sus derechos.
La investigación refleja que pese a que el MINSA registraba los miles de ingresos hospitalarios por complicaciones por aborto inseguro cada año, nunca realizó acciones para evitar las hospitalizaciones y las muertes, ni cuando el aborto terapéutico estaba permitido, ni cuando se penalizó.
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Los establecimientos de salud no brindan asesoría pre y post aborto; no a todas las mujeres se les garantizan métodos anticonceptivos seguros y eficaces para evitar embarazos no deseados; no hay medidas que establezcan la atención por complicaciones por abortos.
En general “la prevención, atención y la calidad en el tratamiento del aborto inseguro pasó sin ser considerada en los planes, protocolos, prioridades, objetivos y lineamientos de los innumerables documentos que se formularon después de El Cairo”, indica la investigación, refiriéndose a los compromisos que asumió Nicaragua para garantizar el aborto en la Conferencia de El Cairo.
A pesar que Nicaragua todavía sigue suscrita a fuertes compromisos internacionales para garantizar este derecho, no solo continúa penalizando su acceso desde hace 17 años, sino que también oculta las cifras de muerte, hospitalizaciones y demás consecuencias por dicha prohibición.
