Los abogados Julio Montenegro y José Antonio López, ambos de la organización Defensores del Pueblo, interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra la «Ley de aseguramiento soberano y garantía de suministro de combustibles y productos derivados del petróleo», Ley 1013.
La Ley 1013 fue aprobada el 14 de diciembre de 2019 por la aplanadora de diputados del Frente Sandinista, luego que el dictador Daniel Ortega la enviara con «carácter de urgencia», para nacionalizar la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), misma que fue sancionada el 12 de diciembre de 2019.
Los abogados de los Defensores del Pueblo procedieron a introducir el recurso por inconstitucionalidad, según Montenegro, porque les preocupa que se estén usando los recursos del Estado de Nicaragua para ayudar a subsistir a empresas que han sido sancionadas por el Gobierno de los Estados Unidos.
«A nosotros como abogados nos preocupó de manera particular ese traspaso de Petronic a las arcas del Estado porque es un traspaso de desconocido, poco transparente, entonces, con este recurso precisamente se demanda claridad en este traspaso», dijo Montenegro.
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Agregó que parte de las solicitudes que hace, en el recurso por inconstitucionalidad, es del acta de los directivos y socios que avalan dicho traslado o traspaso del patrimonio, balance general de las finanzas de DNP Petronic de 2019, flujos de efectivos, estados financieros, entre otros.
«Esta empresa fue objeto de sanciones a nivel internacional y consideramos nostros que esta, al ser transferida al Estado, puede ocasionar un grave daño al Estado, porque puede beneficiarse o asumir una deuda como tal, es decir, deben dejar claro en qué afecta al Estado de Nicaragua que se asuma los inventarios de una empresa sancionada internacionalmente por el supuesto lavado de dinero», insistió Montenegro.
El recurso fue recibido, sin ningún problema, por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, según informó el abogado Julio Montenegro.
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