La violencia machista es una de las problemáticas por décadas denunciadas por las mujeres en el país. Sin embargo, todavía persiste.
Por 206 
En las calles de Estelí, agresores de mujeres caminan libres e impunemente, luego de ser liberados de las cárceles. La mayoría tenían denuncias de violencia física y sexual, y tenían penas de más de diez años, pero solo cumplieron entre dos o cinco años gracias a las liberaciones masivas, otorgadas por la dictadura de Daniel Ortega, que los envía bajo el régimen de convivencia familiar, de acuerdo con las organizaciones de mujeres que dan seguimiento a los casos.
No se sabe si existe algún plan de prevención para los reos liberados que no vuelvan a violentar física o sexualmente a nadie más, pero sí que es de conocimiento público que ya hay mujeres que han sido agredidas por ellos después de su liberación.
“Los femicidas de Estelí han salido en los indultos y no cumplen ni cinco años. Yo hago un seguimiento con las personas que están presas con los agresores y les pregunto, siempre me dicen que ya salieron. Ahora los echan presos, les ponen penas altas para callar a la gente, pero después calladito le bajan las penas”, explica “Azucena”, defensora de derechos humanos de la Asociación de Mujeres de Estelí Xilonem (AMEX).
La lucha de años por una ley que reconociera los delitos contra las mujeres y que estableciera penas de cárcel adecuadas para los agresores, es apenas un recuerdo para Azucena.
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Según ella, los derechos de las mujeres han retrocedido décadas en Nicaragua, debido a la persecución de activistas feministas, el cierre de organizaciones y la falta de atención de atención oportuna para las mujeres.
Aunque el contexto sociopolítico es especialmente retador, la lucha para que el Estado atienda la violencia contra las mujeres no es nueva, señala la feminista, sino que ha sido histórica en el país.
El reconocimiento de la figura del femicidio fue fundamental para denunciar los crímenes contra las mujeres en Nicaragua. A pesar que la violencia machista es un tema arduamente trabajado por las organizaciones de mujeres y feministas desde los años ochenta y noventa, no siempre fue un tema de interés público, ni de los medios y ni del Estado.
Se trató de una lucha de años para que se reconociera la violencia contra las mujeres no era un hecho aislado y de asunto privado, como se trató durante décadas, sino de una problemática que atenta contra la vida y la salud de las mujeres, adolescentes y niñas.
“Las mujeres siempre hemos luchado para denunciar la violencia sin que hubiera un reconocimiento a nivel estatal. En 1990 tomó más fuerza el tema y una de las primeras organizaciones que trabajamos sobre eso fue el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Ahí trabajamos sobre la prevención de la violencia, el reconocimiento de los tipos de violencia e impulsamos la creación de leyes”, señala Azucena.
En los años noventa las organizaciones de mujeres lograron que se creara la Ley 230, Ley de reformas y adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, ya que antes la violencia dentro del hogar no estaba penalizada.
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Sin embargo, dicha ley no reconocía la violencia basada en género y los efectos en as mujeres, sino que englobaba a la «familia» en general. Además, las penas por las agresiones eran muy bajas, explica la defensora.
También se creó la Ley 150, Ley de Reformas al Código Penal, que incluía sanciones para la violación y otras agresiones sexuales, que tampoco estaban penalizadas.
La creación de esta ley fue importante, señala Azucena, ya que Nicaragua históricamente ha tenido denuncias altas de violencia sexual contra mujeres y menores de edad, y las organizaciones de mujeres advirierton la necesidad de una legislación que sancionara a los agresores sexuales.
Dicha ley también tipificaba la violación dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho estable, una situación común que denunciaban muchas mujeres, pero que no eran atendidas porque sus maridos eran los agresores.
Las organizaciones junto con la Policía también impulsaron la creación de las Comisarías de la Mujer para atender las denuncias de las mujeres, apoyadas de fondos internacionales. El enfoque de las Comisarías era brindar una atención integral a las mujeres, desde lo psicosocial hasta lo legal.
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Azucena señala que los esfuerzos para combatir la violencia machista y atender a las mujeres víctimas de esta eran siempre impulsados desde las organizaciones. El Estado nunca tuvo iniciativa propia para crear políticas o leyes que cambiaran la problemática, sino que las organizaciones y feministas las que presentaban las propuestas y presionaban para que se aprobaran.
“A través de demandas tuvimos esas leyes. Ahora las mujeres podían ponerle órdenes de restricción a los hombres cuando las violentaban y ya había un espacio de denuncia. Nos podíamos apoyar en la ley. Fuimos visibilizando el tema y poniéndolo en la agenda pública”, explica la defensora.
Sin embargo, la creación de esas leyes no garantizaba siempre justicia para las mujeres o que sus casos fueran atendidos con la urgencia necesaria. La violencia machista se seguía mirando como un asunto de la pareja y del hogar, y los femicidios como un hecho aislado.
Sobre todo, no se miraba el femicidio como la violencia extrema hacia las mujeres, una violencia específica que se vive solo por ser mujer, dice Azucena. Hasta antes del 2012 los asesinatos contra mujeres eran calificados únicamente como homicidios o parricidios cuando era dentro de la familia.
“Todavía no era suficiente para nosotras. Queríamos que se reconociera los asesinatos de mujeres como crímenes de odio, que se pudieran establecer condenas máximas cuando se cometieran, y que no se viera como otro delito más. Antes todo era parricidio y quedaba el delito en el aire. No se miraba que el delito era grave”, señala la activista feminista.
Así nace la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer. Las organizaciones y activistas que nunca habían dejado de demandar la creación de una ley específica para proteger a las mujeres, comenzaron a trabajar en una propuesta de ley que reconociera todos los tipos de violencia y la sancionara adecuadamente.
AMEX, organización en la que trabajaba Azucena, fue una de las consultadas junto con otras organizaciones. Se crearon reuniones, asambleas, consultorías y todo un trabajo para presentar la propuesta ante la Asamblea Nacional.
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Finalmente la Ley fue aprobada en 2012, después de un trabajo de asociaciones de mujeres y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se reconoció el femicidio como un crimen de odio contra las mujeres y un asesinato que daba en un contexto de desigualdad de género, sin importar si se daba en el ámbito público y privado.
Se penalizaba la violencia psicológica y violencia patrimonial, violencias invisibilizadas y que antes no eran denunciables. Tampoco se permitía la mediación bajo ningún precepto, una propuesta presentada por la CSJ. Una ley completa, integral y progresista para las defensoras de derechos humanos.
El registro de femicidios que comenzó Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en 2011 también fue importante para que se visibilizaran los femicidios como una problemática mucho más común de la que se creía. Además, contrarrestaba las cifras oficiales de la Policía que siempre registraban menos.
A través de un trabajo de documentación y monitoreo, CDD mostraba mes a mes los asesinatos de mujeres, y también las cifras de violencia sexual presentadas por el Instituto de Medicina Legal.
A pesar que el Estado rápidamente realizó cambios significativos en la Ley 779, a través de reformas y la reglamentación, las organizaciones se apropiaron de la figura del femicidio y lo mantienen hasta la fecha, para continuar denunciando la violencia específica que viven las mujeres.
“Antes que desmantelaran casi todas las organizaciones de mujeres, seguíamos impulsando la ley, diciéndole a la gente que la ley seguía vigente y que podían denunciar, a pesar que la Policía no nombra los femicidios. De hecho, lo estamos haciendo a pesar de no existir como organizaciones”, señala Azucena.
La aplicación de la Ley 779 se fue deteriorando año a año hasta que en la actualidad solo se utiliza para condenar a femicidas, pero agresores físicos, sexuales o psicológicos, casi siempre quedan en la impunidad, de acuerdo con las organizaciones.
Aunque las penas altas tampoco sirven de mucho, según la defensora, pues los agresores a los pocos años son liberados. Otra razón por la que son liberados tan rápido es porque los delitos por los que son condenados son cambiados de tipificación.
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Si un hombre es denunciado por intento de femicidio, el oficial que toma la denuncia establece “amenazas” o “golpes”, porque casi nunca se reconoce la gravedad del delito, dice la ejemplifica Azucena. Esto es una práctica cada vez más común, de acuerdo con el acompañamiento que daba AMEX antes de la cancelación de su personería jurídica el año pasado.
Las demandas de mujeres al Estado para trabajar la prevención de la violencia machista y la atención de víctimas es imposible hoy en día. El simple hecho de mostrar relación con organizaciones de mujeres o disentir con el discurso oficial es suficiente para ser detenida, desterrada e incluso, “apátrida”.
Desde la crisis sociopolítica surgida en 2018 hasta la fecha, se contabilizan más de 180 organizaciones de mujeres que han sido despojadas de su personería jurídica, además de múltiples feministas y activistas que han sido desterradas y les han quitado su nacionalidad por la nueva Ley que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
Si se sigue acompañando a las mujeres víctimas de violencia debe de ser desde el anonimato, según las defensoras. “No hay una alternativa para las mujeres donde se encuentren respaldadas, donde tengan acompañamientos”, indica Azucena.
A pesar de la persecución de la dictadura Ortega-Murillo, las defensoras realizan pequeñas resistencias para seguir denunciando desde el anonimato, continuar brindando acompañamientos a mujeres, y persistir en la demanda de un país libre de violencia.
