Janeth Abigaíl Herrera Torres, de 32 años, asesinada al amanecer del 18 de octubre, se convirtió en la víctima número 63 de la violencia machista en Nicaragua, y su caso equipara la cantidad de femicidios ocurridos en 2019.

La joven originaria del barrio 25 de Abril en Matagalpa, que deja en la orfandad a dos menores de 13 y 2 años, es la tercera víctima en lo que va de octubre, según el registro de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

De acuerdo a la versión de la familia, la joven fue asesinada por su cónyuge Ilmer Omar Arceda, de 29 años de edad, quien se dio a la fuga después de asesinarla.

En septiembre pasado, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres habían declarado “alerta roja” por el alarmante repunte de femicidios en el país y debido a la situación de violencia no descartan que hayan más casos en lo que queda del año, externó a La Lupa, Maryce Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV).

“Ni siquiera hemos terminado el año, apenas vamos por octubre. Estamos en completa deuda con las mujeres y las niñas de este país, porque no las estamos viendo como ciudadanas de derecho, las estamos viendo como personas de tercera categoría y eso empieza desde las instituciones del Estado”, afirmó Mejía.

Alarma generalizada

El pasado 9 de octubre de 2020, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres también reportaron el asesinato de Yadira López, una mujer que murió golpeada y asfixiada y luego la colgaron del techo para aparentar un suicidio.

Hasta el pasado 5 de octubre, según registros de estas organizaciones, se contabilizaban 77 femicidios en grado de frustración, mujeres sobrevivientes a la violencia machista que están totalmente desprotegidas, debido a la inacción por parte de las instituciones del Estado, denunció Mejía.

“No tienen la protección ni el derecho principal de vivir libre de violencia, las mujeres no tienen dónde acudir, no encuentran respuesta para salir de la violencia, siguen las organizaciones atendiendo un rol que le corresponde al Estado de asumir ese papel de atención a las víctimas y no lo están haciendo, entonces, la deuda es grande, porque no se están cumpliendo los derechos”, mencionó Mejía.

Uno de los hechos que más conmoción ha causado en lo que va del año ha sido el asesinato de dos niñas de 10 y 12 años en Mulukukú, municipio de la Costa del Caribe Norte de Nicaragua.

«Deuda moral»

Los casos de violencia machista son raramente visibles en los pequeños municipios del país, socialmente se vuelven invisibles, explicó Halima Hernández, miembro de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila en el municipio de Waslala.

En el colectivo de la Red de Mujeres del Norte, las defensoras de los derechos de las mujeres coinciden que la sociedad y el Estado siguen teniendo una “deuda pendiente con las mujeres” que se convierte en una “deuda moral” debido a las secuelas que el femicida deja en la familia de la víctima.

Para Hernández, en el contexto de esta cultura machista el patrón de violencia tiende a repetirse en el círculo familiar.

“No reciben ninguna atención, ningún seguimiento, y miramos que la salud mental en Nicaragua es tan frágil, incluso para esos niños que ven cómo su papá le quitó la vida a su mamá, esos niños quedan con traumas graves”, señala Hernández.

En septiembre de 2013, un año después de aprobarse la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, el régimen impulsó una reforma en la que se estableció el mecanismo de mediación en los delitos ocasionados por la violencia machista, lo cual fue rechazado por las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.

Al año siguiente, la misma presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, justificó al régimen aduciendo que la introducción de la figura de mediación no era la causa del incremento de femicidios en Nicaragua.

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La Lupa Nicaragua