Noches interminables de hostigamiento policial tanto en su vivienda como en su lugar de trabajo, constantes mensajes digitales de amenazas y hasta un juicio por calumnias fueron parte de las agresiones de las que fue objeto la periodista Kalúa Salazar, exjefa de prensa de Radio La Costeñísima en el Caribe Sur. 

La persecución política contra Salazar estuvo marcada por una “criminalización selectiva con componentes raciales” debido a su labor periodística y a su condición de costeña. Asimismo, enfrentó discriminación étnico-racial y violencias específicas dirigidas a mujeres. El hostigamiento incluía comentarios despectivos relacionados con su origen caribeño y su género.

Su caso es un ejemplo de las 730 violaciones a la libertad de expresión contra mujeres, desde 2018 a 2025, que documenta la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en su informe  Estado situacional de mujeres periodistas nicaragüenses, dado a conocer en el marco del El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. 

Según la FLED, el Estado es el principal perpetrador de esas violaciones. El 59.3 % de las agresiones contra comunicadoras proviene directamente de instituciones estatales, evidenciando que “no falla solamente en proteger, sino que opera como principal perpetrador”. 

El informe también revela que desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 se consolidó un escenario de hostigamiento permanente, criminalización del ejercicio periodístico, detenciones arbitrarias, campañas de descrédito, acoso sexual y forzado exilio. 

Solo en el primer año de la crisis, la FLED documentó 318 violaciones, entre ellas, casos de detenciones arbitrarias masivas, violencia física, censura inmediata y “ataques específicos por ser mujeres periodistas”. 

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Mujeres se exilian o abandonan la profesión 

La organización señala que, lejos de mejorar, la situación contra la prensa independiente no termina. Aunque el número de ataques disminuyó después de 2019, esta reducción no refleja un alivio, sino “el éxito de la estrategia represiva”, ya que muchas periodistas fueron exiliadas, arrestadas o empujadas a la autocensura para sobrevivir. 

“Lo más grave es que la represión ejercida en años anteriores ha generado niveles de autocensura altamente dañinos para la búsqueda de justicia y reparación”, señala el informe. 

Para 2025, la Fundación contabiliza 293 periodistas forzados al exilio, de ellos 106 con mujeres, quienes salieron del país para evitar cárcel, represalias o violencia contra sus familias.

“Las periodistas dentro y fuera de Nicaragua —subraya el informe—, han internalizado el terror hasta el punto de autocensurar no solo su trabajo periodístico sino también las denuncias sobre las violaciones sufridas”, lo que impide la documentación de violaciones y obstaculiza procesos futuros de justicia.

En el periodo analizado, se registraron 85 casos de discriminación y agresiones específicas contra mujeres periodistas que “demuestran que ser mujer fue un factor agravante constante en la represión”. 

El informe destaca que ocho de cada diez periodistas atendidas por especialistas reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual o psicológica asociada a su labor.

Ataques para periodistas lesbianas “violentos”

Para periodistas lesbianas en Nicaragua, la violencia adquiere “dimensiones específicamente correctivas donde la violencia sexual se convierte en tortura dirigida no solo a silenciar, sino a «corregir identidades diversas», advierte el informe. 

“Los ataques contra ellas suelen ser muchísimo más violentos y con toda la connotación sexual también”, revela el informe.

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El documento describe que dos periodistas lesbianas tuvieron que escuchar frases cargadas de odio como: “Te voy a hacer mujer de verdad”.

Por otro lado, el informe también documenta que periodistas indígenas y afrodescendientes, especialmente en la Costa Caribe, han enfrentado una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por su trabajo informativo y por su identidad racial.

La periodista miskita Brisa Bucardo, obligada a exiliarse en 2023, desde Costa Rica, logró impulsar una revista digital indígena y promover el acceso al refugio para su comunidad en su lengua materna.

Muchas periodistas continúan ejerciendo desde plataformas virtuales, colaborando con medios internacionales o creando proyectos comunitarios desde Costa Rica, Estados Unidos y España.

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La Lupa Nicaragua