Violencia digital contra las mujeres

La violencia contra las mujeres no se limita al espacio físico: se reproduce y amplifica en el entorno digital.

Las redes sociales —como Facebook, WhatsApp, Telegram o TikTok— se han convertido en escenarios donde los agresores ejercen control, castigo y humillación mediante la difusión de contenidos misóginos, sexistas y de odio.

El caso de una joven de 21 años, originaria de Juigalpa, ilustra con crudeza esta realidad. En enero de 2025, su expareja, Sergio Isabel Flores Bravo, de 23 años, fue condenado a seis años de prisión por el delito de revelación indebida de datos.

La agresión ocurrió tras la ruptura de la relación en diciembre de 2024, un momento especialmente crítico después de muchos episodios de violencia machista.

Como represalia, Flores Bravo creó un perfil falso en Facebook utilizando el nombre de la joven y publicó fotografías íntimas que ella le había enviado durante la relación, «vulnerando su derecho a la privacidad y a decidir sobre su propio cuerpo».

La violencia no se limitó a la difusión de imágenes. El agresor acompañó las publicaciones con mensajes que la sexualizaban y degradaban, presentándola como una mujer que ofrecía supuestos “servicios” sexuales por 300 córdobas.

“Es barato, aprovechen oferta de inicio de año”, decía una de las publicaciones, en las que el agresor además se ufanaba de su acto: “Espero te guste zorra, playo, te dije que te iba a publicar como puta y de las baratas”.

«La violencia digital se apoya en estereotipos sexistas para deshumanizar, exponer al escarnio público y provocar miedo. Este tipo de ataques no solo dañan la reputación y la salud emocional de las víctimas, sino que también buscan aislarlas socialmente y silenciarlas», explica una fuente expreta en violencia digital que solicita su anónimato.

Este caso no es una excepción. En 2022, la creadora de contenido Salma Flores también fue víctima de violencia digital cuando su entonces pareja, Kevin Reyes Leytón, difundió material sexual suyo sin consentimiento.

En enero de 2026, a Reyes Leytón se le negó la libertad condicional al ser considerado una amenaza para ella, reconociendo así el riesgo persistente que enfrentan las mujeres incluso después de los procesos judiciales.

La experta expresa que, ambos casos «evidencian que la violencia digital es una extensión del control patriarcal sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Nombrarla, sancionarla y abordarla desde un enfoque feminista es fundamental para garantizar justicia, prevenir nuevas agresiones y afirmar que el derecho a una vida libre de violencias también incluye el espacio digital».

Lejos de ser hechos aislados, estas prácticas forman parte de una violencia estructural que busca disciplinar a las mujeres cuando ejercen su autonomía, especialmente en el ámbito afectivo y sexual.

Ley Modelo Interamericana de la OEA

Para combatir la creciente amenaza de la violencia digital, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital basada en género contra las mujeres.

Las formas de violencia digital son variadas como difusión de contenido íntimo sin permiso, campañas de acoso coordinadas, suplantación de identidad, control a través de aplicaciones espía y campañas de desprestigio.

La Ley Modelo Interamericana que elaboró el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) no obliga a los países, pero ofrece una guía para actualizar sus leyes.

Según el documento, la ley será aplicable a los actos de violencia digital que tengan lugar en “espacios privados, dentro de cualquier relación interpersonal, incluidas las relaciones familiares, sexoafectivas, de pareja o expareja, independientemente de que el agresor haya o no compartido el mismo domicilio con la mujer”.

El artículo 6 establece el derecho que tienen las mujeres a “vivir una vida libre de violencia digital basada en género”, y la protección de su integridad física, psíquica y salud emocional.

“Exponer, difundir, distribuir, comercializar o intercambiar fotografías, imágenes, videos o audios de carácter íntimo/sexual, sin el consentimiento de la mujer que figura o aparece en dicho material, ya sean reales, creados o alterados mediante el uso de inteligencia artificial, aplicaciones, programas tecnológicos o cualquier intermediario de internet que facilite dichas acciones”, señala el documento.

Medidas contra la violencia digital

Esta iniciativa, inspirada en movimientos de base como el que impulsó la llamada Ley Olimpia en México, protege especialmente a grupos más vulnerables como mujeres indígenas, migrantes, con discapacidades

Un punto central es la responsabilidad de las grandes plataformas como Facebook o TikTok.

La Ley Modelo Interamericana establece que los “intermediarios de internet (plataformas digitales) tienen obligaciones claras respecto a la moderación y la retirada oportuna de contenidos que constituyan violencia digital basada en género”.

Asimismo, la ley establece multas de hasta el “6% de su volumen de negocios anual global en el ejercicio fiscal anterior” para plataformas que no prevengan la violencia digital contra las mujeres.

La Ley Modelo contempla reparación integral para las víctimas. Compensación económica, acceso gratuito a servicios de salud mental, reconocimiento público del daño y garantías de que no vuelva a pasar, son algunas de las medidas adoptadas.

Entre las medidas de reparación y garantías de no repetición en casos de violencia digital también ordena la “eliminación de los contenidos ilícitos, la restauración de la identidad digital y la reparación del daño a la honra y reputación de la víctima”.

La Ley Modelo establece la obligación de los Estados de recopilar, sistematizar, analizar y publicar datos específicos sobre violencia digital contra las mujeres basada en género, integrándola como una categoría propia dentro de los sistemas oficiales de información sobre violencia de género.

¿Qué pasa en Nicaragua?

En Nicaragua, sin embargo, la agenda del Ministerio de la Mujer se centra en la difusión de la Cartilla “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia” y el fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer, sin integrar aún el nuevo marco interamericano en su discurso oficial.

Nicaragua salió de la OEA en 2023, lo que significa que esta Ley Modelo, aprobada en diciembre de 2025, no tiene ningún peso para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los jueces nicaragüenses están procesando casos de violencia digital con las leyes que tienen a mano bajo la figura de propalación u otras que caben en el Código Penal.

Los gobiernos, según el documento, deben educar sobre el tema en escuelas y comunidades, capacitar a jueces y policías, y ofrecer apoyo gratuito a las víctimas, como terapia y asesoría legal.