La Unión Europea informó, a través de un comunicado, que al constatar que en Nicaragua «no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos en Nicaragua», han decidido sancionar a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los sancionados por la Unión Europea son:Sonia Castro; asesora presidencial y exministra de Salud; Nestor Moncada Lau, asesor presidencial; Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, y los comisionados: Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; el general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de auxilio judicial, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales.

Los seis sancionados, según la misiva de la Unión Europea, estarán sujetos a medidas «restrictivas, a saber, la prohibición de viajar y la congelación de activos. Estas medidas están dirigidas a personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense».

Los representantes de gobiernos de Europa señalaron que estas sanciones son aplicadas, puesto que en Nicaragua ha continuado la «represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales de opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica».

Además, advirtieron que las la Unión Europea utilizará «utilizará todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua».

Las sanciones europeas llegan cinco días después que el dictador Daniel Ortega abogara, públicamente, porque el Gobierno de Estados Unidos retirara las sanciones que ha impuesto contra 16 de sus funcionarios orteguista y la Policía Nacional, todos señalados de cometer graves violaciones a derechos humanos, amparándose en la crisis que vive el país por el COVID-19.

Demandan cumplimiento de acuerdos

En el documento, donde se informan las sanciones, la Unión Europea también dijo «esperar» que el régimen orteguista cumpla en «su totalidad» los compromisos que firmó en el segundo diálogo con la oposición, en marzo de 2019, donde  se refiere el  restablecimiento de los derechos, libertad, justicia y democracia.

Además sugirió tres áreas como principales donde consideran debe haber un «progreso tangible», enfocadas en el fortalecimiento de los derechos y garantías civiles y políticas, como el restablecimiento de libertades políticas y el estado legal de las organizaciones prohibidas de la sociedad civil, el retorno voluntario y seguro de los exiliados y la liberación de los prisioneros políticos restantes.

La UE hizo hincapié en la urgencia de que se retiren los cargos que arbitrariamente se establecieron contra presos políticos liberados, deteniendo el acoso y la intimidación de ellos y sus familias y garantizando su seguridad e integridad física.

Asimismo, demandaron la cooperación plena y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua,  tales como: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y reformas electorales e institucionales entre el Gobierno y los grupos de oposición, incluida la Coalición Nacional, destinado a garantizar elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. 

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La Lupa Nicaragua