La universidad debe retener el 17.5% del salario de uno de sus trabajadores y entregarlo mes a mes a la madre de un menor, sin embargo lo da hasta con dos meses de retraso
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“María”, de 37 años, tiene más de 11 años de juzgado en juzgado, de demanda en demanda, de empresa en empresa, haciendo de investigadora y de abogada, siguiendo al padre de su hijo, exigiendo el respeto de los derechos del menor y que el hombre cumpla con su obligación de pagar la pensión de alimentos.
La expareja de “María” es licenciado en Marketing y Publicidad, tiene 37 años y desde hace más de un año labora en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde no cumplen a cabalidad con la sentencia judicial de retención de pensión de alimentos que este hombre debe cumplir.
El hombre, según el relato de la madre del menor, en todos estos años se ha mostrado reacio a pagar la pensión de alimentos, pues en los primeros años intentaron que él se la entregara, luego que la depositara en la Caja Única del Ministerio de Familia, pero siempre incumplía. Por esa razón, desde hace más de seis años, un judicial dictó contra él una sentencia de retención del 17.5% sobre sus ingresos ordinarios y extraordinarios.
En febrero del año pasado, “María” se enteró que el hombre empezó a laborar en la UNI y llevó -como correspondía- la sentencia judicial a esa empresa para que cada mes le retuvieran a su expareja el equivalente del 17.5% de sus ingresos. Sin embargo, la UNI ha incumplido con la sentencia, ya que, denuncia “María, entregan los cheques de la pensión casi cada dos meses, no mes a mes en el transcurso de los primeros diez días como lo dice la sentencia, además, en marzo no le entregaron el pago en concepto de “vestimenta” del menor, como corresponde dos veces al año.
“En marzo les tocaba darme los 1,400 córdobas de vestimenta, que lo dan dos veces al año, en diciembre tocará otra vez, y era abril y no me lo habían entregado. El papá del niño me llamó, luego que yo llegué a reclamar a la UNI, parece que lo mantienen informado de lo que llego a decir, y me dijo que él pidió a Nómina que no se lo dedujeran, que él me lo iba a entregar, pero eso no dice la sentencia, la empresa está en la obligación de deducir y entregarme a mí, cumplir con la sentencia y no lo hicieron”, denunció.
Señaló que desde que su expareja comenzó a laborar en la UNI ha sido todo un martirio porque los pagos de la pensión nunca están en tiempo y forma. Viaja cada mes desde Nindirí a Managua para ver si ya está el cheque de la pensión, gastando pasaje de dos buses, y siempre hay retrasos.
“Lo ven a uno como que llega a mendigar y no, no es mendigar, es exigir que se respeten los derechos de mi hijo, peleo por los derechos de él, porque yo no dependo de esos 1,000 pesos, con eso no hago nada, pero ese hombre debe cumplir con el pago de la pensión aunque eso que da sea una miseria”, apuntó.
“María” ha luchado por su hijo, de 13 años, en todo momento. Trabaja por cuenta propia y ha vendido todo tipo de productos para que a su hijo no le falte nada.
La mujer resalta que recurrió a denunciar públicamente el incumplimiento de la UNI porque se siente con las manos atadas, ya que es una institución pública y considera que las autoridades judiciales, pese al incumplimiento que comete la UNI como institución, no actuará en favor del menor.
Una abogada experta en Derecho de Familia, consultada por La Lupa, explicó que “María” puede recurrir ante el judicial que dictó la sentencia de retención de salario en concepto de pensión de alimentos, solicitando que haga una revisión por un incumplimiento del empleador, para que cite a la empresa para que declare el por qué del incumplimiento y se llegue a un acuerdo, esto sin importar que sea una universidad pública a o no, ya que no pueden pasar sobre una sentencia judicial.
«Ya un mes, dos meses, constituye un incumplimiento de deberes alimentarios con el menor, entonces, cabe una revisión de ejecución de la sentencia con el judicial que llevó el caso, que exponga la situación que está pasando, si no tiene para un abogado puede ir con la Defensoría Pública, y el juez va a pedir explicaciones a la empresa sobre ese incumplimiento», apuntó la abogada.
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Hasta marzo pasado, la canasta básica en Nicaragua alcanzó el precio de 18,973.46 córdobas, según los datos del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE). El hijo de «María», si dependiera solo de los 1,000 córdobas que destina su padre en concepto de pensión de alimentos, ni siquiera cubre el 6% del costo total de la canasta básica.
