La niña nicaragüense Sofía Caballero Huete desaparecida en el Río Bravo, México, cumple un año de desaparición. Sus familiares denuncian que las autoridades mexicanas no han cumplido las medidas necesarias para realizar su búsqueda y no hay resultados en la investigación, a pesar que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU emitió una Acción Urgente al Estado mexicano.
«Hasta el momento, se desconocen las acciones de la investigación realizada. Se han limitado a realizar acciones formales de solicitud de información, las cuales son insuficientes e inadecuadas tomando en consideración la vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la niña y las circunstancias en las que ocurrió su desaparición forzada», indicó el CED sobre los avances de la búsqueda.
Sofía Caballero es una niña de cuatro años que salió junto con su mamá el 10 de mayo de 2022 con rumbo a Estados Unidos, para reunirse con su papá, quien ya había migrado a dicho país.
Sin embargo, siete días después de iniciar el viaje ella desapareció y su mamá se ahogó en el Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila. Ambas intentaron cruzar el río, pero la corriente las separó. Desde entonces, no se ha sabido nada sobre Sofía.
Inmediatamente después de su desaparición, se emitió la Acción Urgente 1508/2022 al Estado mexicano, para exigir su búsqueda inmediata y exhaustiva. Pero Fundación para la Justicia (FJEDD), organización que ha acompañado a la familia, expresa que «el gobierno mexicano no ha demostrado la voluntad suficiente ni la capacidad para cumplir con sus términos, es decir, localizar a Sofi e identificar a los perpetradores».
Las organizaciones indican que el hecho de que Sofía sea mujer, niña y migrante incrementan su vulnerabilidad, los riesgos y la urgencia de encontrarla.
Entre las medidas requeridas por la CED para encontrar a Sofía se encuentran establecer una estrategia integral, que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda; asegurar que la estrategia sea evaluada periódicamente y cumpla con los requisitos necesarios.
También se debe asegurar que la estrategia cuente con los medios y procedimientos necesarios y adecuados para localizar a Sofía; y se debe proporcionar información sobre las medidas adoptadas para identificar a los eventuales perpetradores de la desaparición forzada. Pero hasta la fecha ninguna de las cuatro medidas se han cumplido.
FJEDD denunció que aunque denunciaron la desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Fiscalía General de la República (FGR), Sofía no existe ni siquiera en las estadísticas oficiales.
Por lo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entidad importante para búsqueda de una persona, no da cuenta de ella.
En México se registran más de 110 mil personas desaparecidas, pero la niñez migrante es una de las poblaciones con mayor subregistro y que están menos contabilizadas, de acuerdo con FJEDD y las otras organizaciones que han brindado apoyo a la familia de Sofía.
FJEDD señaló que ha habido tardanza, ambigüedad, superficialidad y hasta contradicción de los informes realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM). Según ellos, las autoridades municipales y estatales dejan en duda lo que realmente ocurrió la noche en que Sofía desapareció.
Dentro de las irregularidades se encuentran que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR se negó a iniciar la investigación del caso.
Los primeros policías estatales que intervinieron en el lugar aún no han rendido cuentas, a pesar que pasó un año de los hechos.
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Las autoridades tardaron tres meses para que se formalizara la solicitud de asistencia jurídica internacional a los Estados Unidos, con el objetivo de buscar a Sofía en dicho país.
Y ha habido una falta de coordinación entre autoridades de búsqueda e investigación y la falta de capacidad para operar la búsqueda en vida y forense de manera transnacional.
La FJEDD y la familia de Sofía exigen el cumplimiento inmediato de las obligaciones internacionales del gobierno de México en el caso, la implementación de un plan de investigación y búsqueda que siga los estándares internacionales de búsqueda diferenciada y transnacional
«No debemos permitir que más familias vivan la angustia y el dolor que representa la desaparición de un ser querido. Todas las niñas tendrían que volver a sus casas, a sus familias», dice la organización.
