Stacy Aragón de 38 años, trabajó en las avenidas de la capital de El Salvador durante cuatro años. Ahí vivió las experiencias más duras que la calle puede ofrecer. Esas vivencias le formaron la sensibilidad necesaria para comprender las historias que escucha a diario en su trabajo de defensora de los derechos humanos de mujeres trans.

Decidió salir a las calles obligada por las pocas oportunidades de empleo. Recuerda que aplicó para trabajar en una tienda de ropa pero fue rechazada por su identidad y expresión de género. “Me dijeron que me daban el trabajo pero debía cortarme el cabello y vestirme como varón”, expresó Stacy.

El dinero que recibía por dedicarse al trabajo sexual lo utilizaba para ayudar a su mamá y dos hermanos menores. Pero también, para pagar los estudios que cursaba en ese momento. Una trabajadora sexual puede cobrar a un cliente entre 15 y 20 dólares por sus servicios, mientras que la pandilla exige 10 dólares semanales por permitirles que trabajen en los lugares bajo su dominio, dijeron fuentes consultadas. Si no pagan la cuota, los pandilleros les hacen “descuentos”, que no es otra cosa que golpizas como escarmiento para que no vuelva a pasar. Cuando las mujeres son reincidentes en el impago son asesinadas.

De acuerdo al informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTIQ+ en un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.

Las asociaciones denuncian además que algunos policías en servicio intimidan, amenazan de muerte o hacen arreglos con trabajadoras sexuales para comprar su protección e impunidad cuando son sorprendidas en el posible cometimiento de delitos.

El Informe “Basta de Genocidio Trans” realizado en 2018 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoíris Trans de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (RedLactrans), destaca que esta población denuncia la vulneración de sus derechos por integrantes de la policía, ya que manifestaron que han sido extorsionadas, abusadas, golpeadas y exhibidas desnudas para ridiculizarlas en videos grabados por ellos mismos.

Encontrando caminos nuevos

Ahora Stacy lleva siete años trabajando en ASPIDH Arcoíris Trans, ahí conoció el activismo y la defensa de los derechos humanos de la población +LGBTIQ+, pero con especial énfasis en mujeres trans.

En El Salvador la esperanza de vida de las mujeres trans es de 33 años de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos — CIDH. Stacy ya sobrepasó cinco, sobrevivir en un país que no tolera la diversidad y donde los crímenes motivados por el odio son mínimamente investigados y judicializados es casi una osadía.

Stacy nació en un pequeño municipio al norte de la capital de El Salvador. Recuerda que su infancia fue tranquila, valora mucho que su familia nunca la rechazó por su identidad y expresión de género.

Su transición la inició a los diecisiete años de edad, lo hizo sin supervisión médica debido que en El Salvador no se proveen las terapias de reemplazo hormonal ni los procedimientos quirúrgicos para personas trans en el sistema de salud público.

El Salvador, pese a que reconoce en la Constitución que es obligación del Estado asegurar a todos sus habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, en la práctica los derechos de las personas trans no se cumplen por razones morales y religiosas.

“Cuando yo comencé mi proceso no pensé en nada más que realizar mi sueño, ser siempre lo que había querido ser: tener una apariencia bastante femenina y hacer mis cambios hormonales. Lo hice incorrectamente porque en nuestro país no contamos con endocrinólogos en las unidades de salud”, expresó Stacy.

De acuerdo al informe “Basta de Genocidio Trans” un 46 por ciento de las mujeres trans encuestadas mencionaron que fueron discriminadas en los hospitales públicos, una cifra superior a las cometidas por las policía, con un 36 por ciento, y el Ejército, con 6 por ciento.

El estudio sobre prácticas de feminización y sus manifestaciones en la salud transgénero presentada en la Universidad de El Salvador en 2009, indica que un 33 por ciento de un total de 81 mujeres consultadas se infiltraron aceite mineral en mamas y caderas. De este grupo el 60 por ciento sufrió además, inflamación, dolor y úlceras después de aplicarse el aceite en su cuerpo.

El riesgo de la aplicación de aceite en el cuerpo y el poco o nulo control médico ha provocado la muerte de varias mujeres trans, según diversas defensoras de derechos de la población. Sin embargo, no existe una estadística oficial sobre los decesos.

Muchas mujeres trans pueden entrar en depresión al no poder cumplir su derecho de reafirmar su identidad, otras eligen practicarse modificaciones sin supervisión médica que causan daños en su piel y organismo, muchas veces irreversibles.

“Ser una mujer trans en El Salvador para mí es que el Estado no reconozca y acepte el que hay una población a los que se les ha negado y vulnerado los derechos. No tenemos acceso a la educación sin discriminación o salud integral”, lamentó Stacy.

Defendiendo los derechos

Stacy ahora es una educadora y defensora de derechos humanos de la población +LGBTIQ+, pero con especial énfasis en mujeres trans. Considera que la discriminación y el acoso sobre poblaciones disidentes en el país centroamericano es muy duro, debido al machismo extendido y los fundamentalismos religiosos en los que no se acepta la diversidad. No hay espacio para las tonalidades, las personas que no se definen como hombres o mujeres no tienen cabida.

Por esa razón, las personas de poblaciones +LGBTIQ+ son sometidas a grandes presiones para encajar en los parámetros de la heterosexualidad que la sociedad exige. Las burlas, insultos y abusos a los que son sometidos desencadenan en un deterioro de su salud mental y en altos índices de suicidio, afirman los expertos.

“Lo que me motivó fue conocer la realidad que viven muchas trans. El querer luchar por una generación que viene y quizá nosotros no veamos los frutos de esta lucha que estamos haciendo pero quizá las nuevas generaciones lo van a ver, seguiré alzando la voz por otras compañeras que ya no pueden hacerlo”, recalcó Stacy.

De acuerdo a la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI+ en El Salvador, presentada en 2012 por la extinta Dirección de Diversidad del Estado, de unas 400 personas consultadas, un 61,7 por ciento manifestó conocer a una persona +LGBTIQ+ que se suicidó.

“Uno de los casos que más me han impactado fue cuando un profesor evangélico se negó a recibirla en la clase de bachillerato porque no podía darle clase a una persona que era hombre y que se había convertido en mujer porque iba en contra de sus valores cristianos”, lamentó Stacy.

Muchas mujeres trans deciden desplazarse en el territorio salvadoreño por miedo a la discriminación y amenazas que han llegado hasta la muerte. La organización COMCAVIS TRANS ha registrado entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas +LGBTIQ+, el 78 por ciento de los casos corresponde a mujeres trans. El estudio indica que las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos.

También señala que desde 2014 a la fecha unas 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países del mundo. Del total, seis casos no fueron aprobados y se activaron las órdenes de deportación. El proceso de asilo puede tardar meses o años y muchas mujeres trans terminan huyendo de forma irregular hacia Guatemala, México o Estados Unidos.

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

Pese que hasta la fecha no se ha logrado ninguna condena por crimen motivado por el odio, Stacy está comprometida a continuar en la defensa de los derechos humanos de las mujeres trans en El Salvador. “Voy a continuar para que las luchas y conquistas que estamos haciendo logre la aprobación de la ley de identidad, el matrimonio igualitario y que la resistencia y lucha constante por nuestros derechos continúe”, expresó Stacy.

Por Paula Rosales y Stacy Aragón.

Este material es resultado de la Sala de Creación: Otras narrativas +LGTBIQ+ en Centroamérica en el marco del Proyecto “Libre de Ser”.

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La Lupa Nicaragua