María Eugenia tiene 44 años, un hijo universitario de 22 años, y lleva dos años sin un empleo formal.

La última vez que tuvo un trabajo con un salario fijo fue en una empresa privada donde fungía como secretaria de una abogada.

“Un día me dijeron que no podían seguir pagándome y me pidieron que renunciara, porque estaba mal el trabajo para ellos”, recuerda. 

Al menos dos veces por semana sale a buscar trabajo, pero no encuentra. Y en otras ocasiones, cuando alguna amistad le informa de una plaza laboral, al llegar se entera que “ya contrataron”. 

Desde entonces, sobrevive vendiendo ropa y cualquier otra cosa que le genere ingresos. No tiene seguro social, ni estabilidad económica, ni esperanza de conseguir un nuevo contrato formal.

“No se encuentran los trabajos, estoy vendiendo algunas cosas o lo que me encarguen, pero sigo buscando trabajo porque tengo un hijo en la universidad. Lo peor es que a veces vendés y a veces no, por eso el salario es inestable y a veces no ganas nada vendiendo”, cuenta María Eugenia.  

En su último trabajo formal a pesar de realizar las mismas funciones que un compañero hombre, le pagaban menos, recuerda. “Había uno (un hombre) que era asistente de otro abogado, y a él le pagaban más y a mí menos (…) No era igualitario, tal vez hacíamos lo mismo, pero él ganaba más que yo”, se queja. 

La historia de María Eugenia se repite en miles de mujeres en Nicaragua, pese al discurso oficial que insiste en mostrar al país como un ejemplo de empoderamiento económico femenino. 

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Brecha salarial se mantiene, según Cepal

La brecha salarial de género es un reflejo de las disparidades entre hombres y mujeres que persisten en el mercado laboral. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostiene que Nicaragua —con datos de 2014 por la opacidad con la que opera el régimen— tiene una brecha salarial de género del 20.3%, una de las más altas de la región. 

Es decir, las mujeres ganan menos que los hombres, incluso cuando desempeñan funciones similares. “Es injusto, porque ellos vienen ganando más, aunque haces lo mismo. Hay desigualdad de derechos”, enfatiza María Eugenia. 

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo insiste en que ha restituido los derechos laborales y económicos de las mujeres. 

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En Nicaragua, la brecha de género no es solo salarial, también se manifiesta en el acceso desigual al empleo formal, al crédito real, a prestaciones sociales y a oportunidades de crecimiento profesional. 

Un documento de trabajo del Banco Central de Nicaragua que investigó la brecha salarial de género en 2021, evidencia la existencia de una brecha entre hombres y mujeres cercana al 19%. 

Régimen vende otra realidad

La situación es aún más grave en un contexto de represión política y deterioro institucional, donde el aparato estatal está subordinado al control partidario del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En un informe nacional dado a conocer por el Estado de Nicaragua en junio de 2024 sobre “Restitución de los derechos de las mujeres y niñas en Nicaragua, en la implementación de la Agenda 2030, ODS y la declaración y plataforma de acción de Beijing +3”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que insistió en maquillar sus estadísticas. 

Señaló que en 2022 se habrían firmado 62 convenios colectivos que beneficiaron a 55,758 mujeres con empleos formales; más de 34,000 mujeres fueron capacitadas; y casi 35,000 mujeres fueron capitalizadas mediante microcréditos rurales. 

También se señala la existencia de más de 131,000 mujeres organizadas en cooperativas y programas como “Usura Cero”, “Adelante” o “Nicaragua Fuerza Bendita”, que buscan —según el discurso— incluir a mujeres, incluso con discapacidad, en procesos productivos.

Sin embargo, la experiencia de mujeres como María Eugenia evidencia que estas cifras no están impactando de forma significativa en la vida cotidiana de muchas nicaragüenses.

“Ellos dicen que las mujeres tienen derecho, y al final no se cumple (…) Y lo que te ganas no equivale para la canasta básica que está elevada”, se queja esta madre de familia. 

Desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 —y en especial tras la crisis de 2018—, Nicaragua ha experimentado un cierre sistemático de espacios cívicos y económicos, lo que ha repercutido en la estructura laboral.  

En la práctica, el clientelismo, la falta de transparencia y la dependencia de estructuras partidarias impiden que muchas mujeres accedan a estos beneficios.

Mientras tanto, miles de mujeres en el país deben elegir entre aceptar condiciones precarias en el sector informal o mantenerse desempleadas, lo que crea un impacto negativo en la vida de las mujeres. 

“Te afecta emocionalmente, porque uno se pone a pensar qué hago para solventar lo de la universidad (de mi hijo), peor cuando estás sin trabajo y no tenes un salario fijo, sino que estás dependiendo de lo que podes ganar con las ventas”, puntualiza María Eugenia.

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La Lupa Nicaragua