Seis formas represivas del régimen de Ortega contra la libertad de prensa
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Por 291 A finales de 2018, el régimen de Daniel Ortega centró sus ataques de manera brutal y frontal contra las y los periodistas y medios de comunicación, pero pese a las restricciones y riesgos la prensa independiente en Nicaragua, que hoy conmemora el Día Nacional del Periodista, sigue en “resistencia”.
Hace tres años, las y los periodistas comenzaron a ser blanco de robos, asedio policial, ataques de turbas sandinistas, acusaciones judiciales, confiscaciones, cierre de medios de comunicación, entre otras agresiones que fueron denunciadas y documentadas por organismos de derechos humanos.
“Tres años después de la “Rebelión de Abril” persisten los daños al periodismo, hay traumas psicológicos que no han sido curados, las pérdidas económicas son cada vez más grandes y las agresiones físicas persisten”, sostiene Ivette Munguía, periodista de Confidencial que goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) documentó 298 agresiones y ataques, un asesinato, 53 violaciones a la libertad de acceso a la información y 42 detenciones arbitrarias entre abril y diciembre de ese año.
Práctica se remonta a 2007
Para Abigail Hernández, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), esa práctica estatal agresiva en contra de medios y periodistas tiene su origen en 2007, desde que Ortega asumió el poder.
“Empezó con una estrategia económica con el cierre de espacios, a través del control de la publicidad estatal, además ese manejo entre empresa privada y Gobierno, también limitó a los medios críticos el tema de publicidad, hay amenazas en municipios, el hostigamiento a radios comunitarias, todo eso empezó desde 2007 desde que entraron al poder”, mencionó Hernández.
El panorama y la estrategia del régimen cambió a raíz de la “Rebelión de Abril”, insistió Hernández.
Entre enero y diciembre de 2019, la FVBCH registró 135 agresiones y ataques, 22 violaciones de acceso a la información y 6 detenciones arbitrarias; todo fue denunciado ante organismos internacionales.
Mientras que, en 2020, el organismo registró 97 agresiones y ataques, lo que evidencia que el régimen quiere acallar las voces fiscalizadoras del poder que ejercen las y los periodistas desde los medios independientes.
“Las amenazas y agresiones a periodistas, obviamente, a la luz del día ya se dan a partir de 2018, ha sido un proceso paulatino, nosotros lo hemos estado diciendo desde que conformamos PCIN”, destacó Hernández.
En este contexto, aquí te decimos puntualmente seis formas de represión del régimen en los últimos tres años.
Encarcelamiento de periodistas
En diciembre de 2018, el régimen encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias, pero fueron liberados en junio de 2019 bajo la cuestionada Ley de Amnistía.
El periodista de Masaya, Marlon Powell también formó parte de los presos políticos liberados bajo la Ley de Amnistía, tras pasar varios meses en la cárcel.
El encarcelamiento de los tres periodistas es solo una muestra de la agresividad desatada por el régimen en el contexto de la crisis sociopolítica que también tiene sumergido al país en una debacle económica.
“Para los periodistas que son los únicos que están en las calles dando la lucha por su derecho a informar, sus vidas e integridad, así como su patrimonio está en alto riesgo, porque la persecución continúa”, dijo la periodista Lucía Pineda, directora de 100% Noticias.
Confiscación de medios
La cuarta fase de la represión estatal en Nicaragua, además de los apresamientos selectivos a líderes del movimiento cívico, incluyó la persecución a periodistas, incluido el cierre, allanamiento y confiscación arbitraria de medios de comunicación.
La casa materna que el Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el pasado 23 de febrero en el local confiscado a Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, es la última acción del robo que el régimen ejecutó el 13 de diciembre 2018, cuando el edificio fue allanado y saqueado, ocupado y militarizado, sin orden judicial.
El pasado 25 de febrero, el régimen en complicidad con el Minsa, también inauguró el centro de rehabilitación para personas con adicciones de alcoholismo en el edificio confiscado al medio de televisión 100% Noticias.
Según Pineda, el periodismo en Nicaragua está en “alerta roja” ante los continuos ataques en contra de la prensa independiente.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo se consolidaron como los campeones del robo que dejaron hasta su foto en los edificios robados como 100% Noticias, Confidencial, el CENIDH, IPADE, y las otras ONGs que han sido ocupadas ilegalmente desde diciembre del 2018. Eso es grave, porque, además de robarse vidas, continúa robando bienes, propiedad privada que no les pertenece ni al Minsa, ni a Daniel Ortega”, señala la periodista.
Pineda, que ha sufrido directamente los ataques del régimen, enfatizó que cuando le roban a un medio de comunicación y a los periodistas “le roban a toda Nicaragua su derecho a ser informado”.
“Estamos en alerta roja toda la sociedad ante los atropellos de Ortega y Murillo, quienes mañana pueden ir con la policía y paramilitares al edificio Pellas, robárselo y convertirlo en un hospital para el Minsa y sellan el robo con la foto de Daniel Ortega y Rosario Murillo en dicho edificio”, advirtió la periodista que permanece en Costa Rica.
A esta etapa, le antecedió la ola de violencia y robos de equipos fotográficos y de video del que fueron víctimas las y los periodistas en los meses más álgidos de las protestas.
Leyes represivas
Desde que Ortega asumió el poder, Nicaragua sufre las consecuencias de un régimen autoritario, por el uso discrecional y abusivo de las leyes e instituciones para sancionar a toda persona con un sentido crítico hacia su gestión.
A finales de 2020, la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que contravienen convenciones internacionales y leyes nacionales sobre derechos y garantías ciudadanas, la primera la Ley 1040 “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, publicada en La Gaceta el 19 de octubre de 2020.
La segunda ley, un instrumento para criminalizar y limitar el derecho de la prensa independiente de Nicaragua, es la Ley 1042 “Ley Especial de Ciberdelitos”, publicada en La Gaceta del 30 de octubre de 2020.
“La aprobación de leyes que restringen el ejercicio de la libertad de prensa evidencia que, tres años después de los asesinatos masivos, el régimen no ha logrado su objetivo de mantener a la sociedad en la oscuridad”, manifestó Munguía.
La legislación, también conocida como “Ley Mordaza”, criminaliza la difusión de lo que el régimen considere “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.
“Yo no descarto que haya más periodistas que los lleven a la cárcel bajo el argumento que están bajo investigación y los mantengan prisioneros por 90 días, que les imputen delitos comunes solo por estar en resistencia de seguir informando y no callar”, señaló Pineda.
Acusaciones judiciales y multas
La etapa más reciente de la represión se ha traducido en juicios en contra de periodistas en distintas ciudades del país.
Al menos 6 periodistas han sido señalados por los delitos de injurias y calumnias, cinco de ellos fueron notificados por los juzgados de Nicaragua, uno falleció, según un informe de la FVBCH.
El periodista Sergio León, fundador de radio La Costeñísima en Bluefields, un mes antes de su muerte fue citado a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, para responder por una denuncia de injurias y calumnias.
A la fecha, al menos dos periodistas fueron declarados culpables por la justicia orteguista por el delito de calumnias y obligados a pagar cuantiosas multas económicas.
La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, fue condenada por un juez orteguista a pagar un total de 7,684.58 córdobas, según notificación judicial, equivalentes a 120 días de multa, tras ser declarada culpable el 23 de septiembre de 2020.
El pasado 17 de febrero, el director de Boletín Ecológico, el periodista David Quintana, fue notificado de una sentencia de 200 días multas equivalentes a 13,446.30 córdobas, que deberá pagar después de ser declarado culpable en un juicio por el delito de calumnias.
“Se ha enjuiciado y sentenciado, por lo menos a dos colegas, y esta es la nueva tónica, que con el combo de leyes que se ha aprobado, está la sentencia de que en cualquier momento cualquier colega puede ser enjuiciado y llevado a los juzgados”, lamentó la periodista Marta Irene Sánchez.
Asesinato
La estrategia del gobierno ha tenido consecuencias graves. El asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, ocurrido el 21 de abril de 2018, quedará registrado en la historia de Nicaragua.
Durante la represión desatada por el régimen, Gahona fue alcanzado por una bala, mientras reportaba en vivo sobre una manifestación antigubernamental.
Con el asesinato del periodista, la prensa independiente del país, sufrió su mayor revés.
“Pese a este panorama oscuro, hay que seguir resistiendo, informando con mucha responsabilidad, con los hechos y la verdad que son irrefutables, aunque el régimen diga que eso es fakenews”, dijo Pineda a La Lupa.
Exilio
Ante organismos internacionales de derechos humanos, el régimen sigue negando lo ocurrido desde abril de 2018, incluyendo el acoso y hasta ataques en contra de familiares de periodistas.
Los periodistas siguen expuestos a vigilancia, toma de fotos y videos, robo y destrucción de propiedad, mensajes y llamadas telefónicas amenazantes, ataques físicos, acusaciones penales, y acoso político en su domicilio.
Según datos de organizaciones como la FVBCH, más de 70 periodistas están en el exilio.
“La inseguridad y la sensación de incertidumbre han mermado el ánimo de todos los periodistas, hasta del más entusiasta. No obstante, persiste la voluntad de continuar ejerciendo el oficio y ser testigos de lo que pueda pasar en el país”, puntualiza Munguía.
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