Mientras en el resto de Mesoamérica las defensoras de derechos humanos enfrentan un aumento sostenido de agresiones, en Nicaragua la situación escaló a niveles alarmantes donde la “persecución política, el destierro y la represión migratoria” empujan al exilio no sólo a las defensoras, sino también a sus seres queridos, según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). 

En ese contexto de creciente autoritarismo, la coalición regional que reúne organizaciones feministas, documentó 2,510 agresiones en 2024 contra 166 defensoras y 34 organizaciones de defensa de derechos humanos en Nicaragua, lo que representa un incremento si se compara con las 1,508 agresiones registradas en 2023. 

Este nivel de violencia convierte al país en uno de los más hostiles para el activismo en la región.

Las principales víctimas de estas agresiones fueron mujeres que defienden el derecho a la participación política (48%), seguidas de quienes luchan por la verdad, justicia y reparación (11%), así como defensoras de la libertad de expresión (8%) y del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (8%). 

Estas cifras reflejan un patrón de represión selectiva y sistemática, particularmente contra quienes cuestionan el autoritarismo o denuncian la violencia estatal.

Dictadura impone Estado de “terror y vigilancia”

Esta situación forma parte de una estrategia sistemática de silenciamiento y represión impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha provocado que más de 600,000 nicaragüenses se hayan visto forzados a desplazarse fuera de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una crisis social y política en el país. 

En 2024, la IM-Defensoras vio en Nicaragua la “consolidación de un Estado totalitario dinástico que busca eliminar toda disidencia a través de la imposición sostenida de un régimen de terror y vigilancia y la cooptación e instrumentalización de las instituciones”, tanto judiciales, legislativas como policiales.

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A la fecha, se conoce de la existencia de 7 presas políticas, de las cuales 4 son defensoras de derechos humanos: Nancy Henríquez, Evelyn Guillén, Lesbia Gutiérrez y Fabiola Tercero, está última lleva más de 10 meses en situación de desaparición forzada, sin que exista constancia de su estado.

308 defensoras desplazadas 

Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, la IM-Defensoras ha registrado al menos 308 casos de desplazamiento forzado de defensoras de derechos humanos y mujeres activistas, lo que tiene “impactos desgarradores en los proyectos de vida de las defensoras y sus familias”. 

Solo en 2024, se documentaron 41 nuevos casos: 34 desplazamientos fuera del país y 7 internos, además del desplazamiento forzado de 23 familiares de estas defensoras. 

“Además de exponer a las mujeres a diferentes expresiones de violencia y dificultades legales, sociales, económicas y de salud para poder integrarse en el país de destino”, añade el informe. 

En 2024 —agregan—, en Nicaragua se documentaron 67 casos de represión migratoria contra defensoras de derechos humanos, mujeres activistas e integrantes de sus familias. De estos, 64 afectaron directamente a defensoras y activistas, mientras que 3 involucraron a sus familiares. 

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La dictadura utiliza una diversidad de “mecanismos legales y coercitivos” para evitar que las defensoras continúen su labor de defensa de derechos dentro del país. Según el informe, son frecuentes los “interrogatorios o amenazas para que las defensoras no ingresen por miedo (…) expulsión o impedimento de ingreso al país, despojo de nacionalidad y apatridia”. 

2024, el año más violento

Lo de Nicaragua, que ha dejado una profunda huella, es solo una muestra de lo que ocurre en la región mesoamericana. 

De acuerdo con el más reciente informe de la IM-Defensoras, 2024 cerró con 7,495 agresiones documentadas contra 585 defensoras y 93 organizaciones en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

Esto representa un incremento del 11% respecto a 2023, año en el que se documentaron 6,725 agresiones. La tendencia ascendente en los ataques contra defensoras de derechos humanos ha sido sostenida desde el año 2020, cuando se reportaron 4,026 agresiones.

En 2021, las cifras se dispararon a 6,354 casos, lo que marcó una tendencia significativa. Aunque en 2022 se observó un descenso relativo con 5,552 casos reportados, la violencia volvió a aumentar en 2023 y alcanzó su punto más alto en 2024, con más de siete mil agresiones registradas.

Agresiones digitales en Nicaragua y El Salvador

Uno de los factores claves del incremento en 2024 fue el aumento de agresiones digitales, especialmente en El Salvador y Nicaragua, donde el discurso de odio y la criminalización en redes sociales se han consolidado como una de las formas de “control político” que se ejerce contra las defensoras. 

Una de cada tres agresiones contra las defensores y las organizaciones registradas en 2024 fueron a través de medios digitales, según el informe de la coalición regional que reúne organizaciones feministas. Durante 2024, la IM-Defensoras registró 2,480 agresiones digitales. 

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“Las agresiones digitales en contra de defensoras mesoamericanas no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia estructural orientada a criminalizar y neutralizar el activismo, deslegitimar las luchas sociales y debilitar el tejido organizativo de los movimientos feministas y populares”, destacó la IM-Defensoras.

El auge de la violencia digital, usualmente está cargada de “misoginia y discursos de odio, con intentos de desacreditar a las defensoras mediante burlas, amenazas, estigmatización y hostigamiento constante”. A las defensoras las llaman “feminazi”, “abortera”, “basura progre” o “femilocas”.

El informe concluye que el 60% de las agresiones digitales registradas en Nicaragua evidencian violencias específicas que apelan a los mandatos de género. 

“Muchas de estas agresiones son perpetradas por usuarios virtuales desconocidos y están dirigidas contra defensoras feministas que, desde el exilio, siguen denunciando el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo”, puntualiza la IM-Defensoras.

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La Lupa Nicaragua