Familiares denuncian persisten condiciones inhumanas que les provocan condiciones graves en salud física y mental.
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Desmayos, mareos, manchas en la piel y en los ojos, pérdida de peso y de dientes, lagunas mentales, depresión y ansiedad son solo algunas de las afectaciones que siguen sufriendo las presas y presos políticos debido a la mala alimentación, el encierro, el régimen de incomunicación y la falta de atención médica que, mantiene la dictadura en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote” desde hace ocho meses, denuncian familiares de personas reas políticas después de su última visita.
A pesar de que los familiares han demandado el respeto a sus derechos humanos y garantías del debido proceso, en cada visita la salud de estas personas se agrava mucho más. “Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en que les mantienen y que están provocando daños irreversibles tanto físicos como psicológicos”, señalan en su comunicado.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señaló en un informe que específicamente 30 presos y presas políticas son los mayores sometidos a maltrato y toruras, es decir, se encuentran bajo “reclusión discriminatoria”.
Estas personas reciben un «mayor número de golpizas, incomunicación con sus familias por largos periodos, o suspensión injustificada de las visitas, amenazas de aislamiento total en celdas empreñadas, limitado suministro de alimentos, insuficientes salidas al patio de sol, retiro de Biblias, o luces encendidas todo el día», expone el informe.
Las acciones de tortura como el aislamiento persisten contra las activistas e integrantes de UNAMOS, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, y el comentarista deportivo Miguel Mendoza, siendo este último torturado en celdas de castigo de 2×2 metros, que consiste una habitación sellada, sin ventilación y con luces encendidas las 24 horas.
Actualmente la dictadura Ortega Murillo ha arrestado ilegalmente a al menos 170 personas presas políticas, quienes se encuentran en la indefensión absoluta, sin garantías judiciales y enfrentando juicios bajo delitos falsos, según organizaciones de derechos humanos. Aunque en la lista de personas presas políticas se encuentran personas de la tercera edad y con problemas de salud crónica, la dictadura no ha hecho excepciones para negarles la libertad por su posición política, manifiesta la defensora de derechos humanos y directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Vilma Núñez.
Régimen alarga juicios
Actualmente los juicios de los presos de conciencia se encuentran detenidos con diversas justificaciones por parte de los jueces, pero es una estrategia para mantenerlos durante más tiempo encerrados con una excusa legal, explica.
“Los tienen en tramitación compleja, que da la excusa de alargar los juicios durante seis meses, pero ya es para que los hubieran sacado. De todas maneras, aunque el régimen pretende mostrar una legalidad en estos casos, no ha cumplido ni una sola norma de las Reglas de Nelson Mandela, lo que es un crimen en sí mismo”, señala la defensora.
Nuñez expresa que aunque todavía ningún juez orteguista ha manifestado cuándo se reanudarán los juicios y cuál es la situación legal de las personas presas políticas, difícilmente se les dejará libre o se les permitirá un acuerdo de casa por cárcel, debido a la insistencia en que han cometido las torturas y el ensañamiento.
El año 2021 estuvo caracterizado por una brutal persecución contra personas políticas opositoras, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, meses previo a los fraudulentos comicios presidenciales.
