El Estado de Nicaragua ha venido violentando, desde 2007, el derecho al acceso a la información pública, aseguró la organización Transparencia Nicaragua, que este jueves presentó la investigación: «Situación del derecho humano al acceso a la información pública».

El 16 de mayo del 2007 la Asamblea Nacional controlada por la bancada sandinista aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) cuyo objetivo es «normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas».

Sin embargo, según la investigación de Transparencia Nicaragua, que analizó 64 instituciones y 153 alcaldías, solo tres cumplen con la ley. La investigadora Dayra valle de Transparencia Nicaragua, explicó en esta entrevista con La Lupa que el Estado de Nicaragua falta a la transparencia al manejar la información mediante una política de secretismo.

Periodistas de diferentes medios de comunicación han denunciado en reiteradas ocasiones, la falta de información, desde las diferentes entidades del Estado con respecto al uso de los recursos públicos y la gestión de los funcionarios públicos.

¿Por qué realizar una investigación de este tipo?

Nos interesaba conocer qué está sucediendo en las instituciones del Estado de Nicaragua, dependencias, ministerios y empresas públicas, pero también conocer qué está ocurriendo a nivel de municipalidades. Nos interesaban 153 municipios y 64 instituciones del Gobierno Central.

Estuvimos tres meses trabajando, y un mes procesando la información, desde la revisión del marco normativo nacional, internacional, revisión de los sitios web de las 64 instituciones públicas, pero también de qué mecanismos están utilizando los 153 municipios. Además de eso, hicimos algunos ejercicios de solicitud de acceso a la información, pero también solicitudes virtuales a través de correo electrónico. Parte de lo que encontramos es realmente alarmante. 

¿Qué conclusiones arrojó la investigación?

La primera conclusión es que lamentablemente el Estado de Nicaragua, está incumpliendo el ejercicio y la garantía que debe de ejercer sobre la ciudadanía en relación a brindar el acceso y la disponibilidad de la información, lo cual pasa por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En particular, nosotros nos concentramos y apuntamos que hay un incumplimiento sustancial del artículo 20 que señala específicamente qué tipo de información se debe de publicar y esta información es altamente relevante para que la ciudadanía pueda hacer uso de su derecho constitucional, que es el derecho a incidir en la gestión pública. 

¿Cuántas instituciones están cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública?

Encontramos que de las 64 instituciones sólo tres de ellas publican la mitad de la información que señala el artículo 20. El artículo 20 señala que las instituciones deben de publicar información como los resultados de los programas sociales, servicios, los salarios y remuneraciones del personal, los funcionarios y empleados públicos, las convocatorias de adjudicación, pero también las adjudicaciones, el presupuesto asignado, la ejecución de ese presupuesto, pero encontramos que solo tres publican la mitad de esta información y 21 de ese total de instituciones analizadas publican un tercio de la información y, lamentablemente, la información que publican es desactualizada y en algunos casos se ha retirado la información y escogen para publicar cosas como servicios, organigrama, legislaciones que los amparan, pero no colocan información que es sumamente clave para la evaluación de la gestión gubernamental, de programas emblemáticos o de sectores que rigen esto.

¿Cuáles son esas instituciones que medianamente están cumpliendo con publicar información que les demanda la Ley 621?

La Asamblea Nacional por lo menos tiene ciertas publicaciones de este tipo de información que exige la Ley de Acceso a la Información. Instituciones como el Banco Central y otras que tienen, pero también encontramos que están dejando de publicar con la periodicidad con la que se requiere la información y en algunos de los casos han dejado de publicar información, otras, también han cambiado los formatos. En el caso de la SIBOIF, que cambió algunos formatos, regulariza todos sus formatos pero no homogeneizó todo lo que hace imposible hacer comparaciones en el tiempo o la periodicidad está variando lo que no permite hacer proyecciones o análisis más completos, esto fue parte de lo que encontramos.

¿Qué pasa con la solicitud de información que comentaste que hicieron para esta investigación?

Hay una negativa en la recepción de las solicitudes de acceso a la información, es decir, no solo estamos hablando de la negativa a la respuesta sino de la solicitud de acceso, afirmaciones como no estoy autorizado, tiene que mandar una carta a la máxima autoridad o, en algunos casos, hasta a la misma vicepresidencia para hacer una solicitud de información.

Hay miedo de parte de los funcionarios de brindar información, pero también se está estigmatizando al solicitante porque se le pide información adicional a la que la Ley señala y el procedimiento no es el mismo, pero adicionalmente no solo eso sino que se le pregunta el por qué, lo cual es completamente ilegal.

¿Cuáles son esos casos extremos de instituciones que no brindan ningún tipo de acceso a la información pública?

Encontramos algunas instituciones como el Consejo Supremo Electoral, que más bien ha retirado información que es sumamente importante. También en algunos poderes del Estado en vez de encontrar la información pública hemos visto reproducción de noticias político partidarias que lamentablemente no abonan al tema de acceso y disponibilidad de la información, no están cumpliendo con la ley ni con lo que los ciudadanos necesitamos conocer para poder ejercer el derechos a la participación de la gestión pública responsable.

¿Cuál es la situación del acceso a la información que garantizan las alcaldías es igual o peor a la de las instituciones?

Es similar a la de las instituciones en cierta medida, pero en muchos casos es más dramática porque las alcaldías en su mayoría no cuentan con página web. De las 153 alcaldías, encontramos que solo 100 tienen página en Facebook para publicar cierto grado de información, pero lamentablemente el Facebook no permite que se utilice información de cierto contenido propia de la gestión de las municipalidades, pero por otro lado se han convertido en reproductores de la información del Gobierno central, es decir, han perdido hasta la autonomía en la publicación de la información y lo que están publicando, por ejemplo, es que servicios brindan, trámites en línea o el pago de impuesto y aranceles que se deben de pagar en la municipalidad, pero no información sobre cómo se gasta el presupuesto, procesos de participación, en fin, información relevante que se podría utilizar para conocer cómo se utilizan los servicios públicos.

¿Cuáles serían sus recomendaciones para el Estado de Nicaragua que continúa incumpliendo con la Ley de Acceso a la Información?

Nosotros evidenciamos, por ejemplo, que un claro incumplimiento no solo a la Ley de Acceso a la Información sino a los derechos constitucionales, esto es un derecho humano reglamentado con el marco normativo y bastaría el cumplimiento del marco normativo para que sea un elemento sustancial en el ejercicio del derecho ciudadano.

Los investigadores de Transparencia Nicaragua, recordaron que desde el 2007 cuando Ortega retomó la presidencia de Nicaragua, la asesora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, la vice dictadora y primera dama Rosario Murillo, anunció la aplicación de una política incontaminada en la que la única voz autorizada, para brindar declaraciones oficiales, es ella o el dictador Daniel Ortega, aun cuando la Ley 621 establecía la apertura de oficinas de acceso a la información pública esta se ha mantenido en secreto y ni periodista ni ciudadanos han tenido la posibilidad de hacer uso de su derecho.

Foto de Confidencial, tomada de Internet.

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