Régimen Ortega-Murillo está ‘incapacitado’ para impartir justicia dicen Madres de Abril

La propuesta que el auto proclamado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) hiciera en la mesa de negociaciones frente a la Alianza Cívica de dirigir las investigaciones de los más de 300 asesinados en el contexto de las protestas del 2018, fue rechazada con «indignación y dolor» por la Asociación Madres de Abril (AMA).

«Este gobierno se encuentra incapacitado para administrar justicia por ser los autores intelectuales de los asesinatos crueles en contra de nuestros familiares. No permitiremos que los autores y perpetradores de la masacre que terminaron con la vida de nuestros hijos y familiares sean los encargados de impartir justicia», aseguraron en un comunicado.

La propuesta en torno a la justicia para las víctimas de la represión es conformar un equipo en el que se encuentren la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Policía Orteguista, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Gobernación, la Defensoría Pública, los Tribunales, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Instituciones señalada de participar en los asesinatos de entre 300 y 500 personas en el contexto de las protestas que iniciaron en abril del 2018. Esta propuesta no reconoce la responsabilidad del Estado en el ataque a la población y tampoco se ofrece una compensación a los familiares de los muertos, además insiste en que las protestas fueron un intento de golpe de Estado.

Las Madres de Abril hicieron un llamado para exigir el regreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI); la oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Grupo de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) para la investigación y documentación de los asesinatos y otros crímenes.

GIEI propuso Fiscalía Especial

En octubre del 2018 Grupo de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) propuso la creación de una fiscalía especial como forma de “garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal», ocasión en la que mostró su disposición para asesorar al régimen.

Pablo Parenti, uno de los expertos del GIEI, recordó que “los procesos de justicia requieren adecuaciones institucionales que mucha veces no se pueden realizar en tiempo real”. Sin embargo, dijo Parenti que “nosotros estamos haciendo una propuesta que creemos que, de ser atendida por el Estado, fortificaría el sistema institucional de Nicaragua y permitiría abrir un camino de justicia lo antes posible”.

A pocos días de cumplirse un año de la masacre, en Nicaragua no se ha iniciado un solo proceso judicial que condene a los autores del asesinato de más de 300 ciudadanos. En cambio, el sistema judicial, dirigido por Daniel Ortega, ha encarcelado a más de 800 ciudadanos que pretende utilizar como «monedas de canje» en una mesa de negociación en busca de amnistía.

Las Madres de Abril una vez más hicieron hincapié en la demanda de «justicia, reparación y no repetición» en linea con las exigencias mínimas de la Alianza Cívica en la mesa de negociaciones que se encuentra estancada ante la poca voluntad de la dictadura Ortega-Murillo.