Régimen Ortega-Murillo dejó en desamparo a niñez ante desmantelamiento de sistema de protección

Las acciones del régimen de Daniel Ortega, durante los últimos 12 años, han dejado a la niñez nicaragüense en el desamparo, al desmantelar paulatinamente el sistema de protección, ocasionado que sus derechos sean violentados, indica la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

El informe Balances-Desafíos en la aplicación de la Convención en Nicaragua en el que Codeni recopila información a partir de 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder, e inició el desmontaje del sistema de protección legítimamente constituido para la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El documento ha sido publicado a propósito del 30 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, firmada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, y acogida por Nicaragua en marzo de 1990 con el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

POCOS O NULOS AVANCES

Las criticas del informe se enfocan en los pocos avances en inversión en sectores como educación y salud; la politización de los sistemas de educación; las limitaciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos; la falta de atención a la violencia de género y, por ende, el irrespeto a la Convención sobre los Derechos de la Niñez

El Gasto Social que representa la inversión en educación y salud, ha representado el 7.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque “persiste el desafío de mejorar la calidad del gasto, transparentar los recursos, la priorización hacia los sectores más vulnerables y su armonización con las normas jurídicas e institucionales vigentes”.

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En Latinoamerica, Nicaragua es el país con el segundo lugar con mayor proporción de embarazos en adolescentes. El 24.4 por ciento de los embarazos son en niñas y adolescentes. Además, cada día cinco niñas, menores de 14 años, son obligadas a convertirse en madres, denunció Codeni en su informe, que asegura que en los últimos 30 años Nicaragua ha incrementado la violencia de género.

«La situación de violencia de género, es sin duda, una de las epidemias más graves que enfrenta Nicaragua y que constituye una violación directa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de mujeres”, resalta el informe de Codeni.

Insiste en que, aún con las reformas de los marcos jurídicos e institucionales efectuadas, “las intervenciones públicas para la prevención y atención de la violencia por parte del Estado continúan siendo incipientes” en clara alusión a la eliminación de las Comisarías de la Niñez y Adolescencia, que eran la primer instancia de denuncia.

El génesis del desmantelamiento

Jorge Mendoza, miembro de Condeni, explicó que el desmantelamiento del sistema de protección de la niñez y adolescencia tuvo su mayor expresión con la desaparición del “Consejo Nacional de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia (Conapina) que desaparece en el 2011, las defensorías municipales de la niñez y la adolescencia, las Comisarías de la Mujer, las instancias de interlocución con el Estado donde había participación de sociedad civil como la Comisión Nacional de Trabajo Infantil, la Mesa de Trata de Persona e instancias sobre políticas educativas”.

Codeni también criticó -en su informe- el hecho de que el Estado de Nicaragua avale actos de corrupción y una cultura política que privilegia los intereses político-partidarios por encima del interés de la sociedad y del interés superior de niñas y niños, lo cual “constituye uno de los principales obstáculos para avanzar en la aplicación de la Convención”.

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El representante de Codeni explicó que en la Convención se reconoció a la niñez como sujetos de derecho aunque «en la práctica ni siquiera los ciudadanos mayores de edad se les respeta sus derechos… menos que lo vayan a hacer con la niñez, entonces, por eso decimos que se trata de una involución lo que está pasando en el país”, criticó.

nula inversión pública

El análisis de Codeni resalta que durante 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, en Nicaragua “no se evidencia ningún tipo de inversión estatal, ni política pública específica para niñas, niños y adolescentes que viven situación de orfandad a consecuencia del VIH, por femicidios y/o que tienen a sus referentes adultos encarcelados, o cuyos padres y madres han migrado a otro país”.

En vez de aportar al fortalecimiento de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, denuncia Codeni, el régimen orteguista ha tomado medidas “injustificadas e ilegales”, tales como la cancelación de nueve personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil, que venían denunciando violaciones de los derechos humanos que se cometían y se siguen cometiendo en el país, tres de las cuales son integrantes de CODENI.

“Al cerrarse los espacios de interlocución con sociedad civil, con las comunidades y al erigirse las funciones a instituciones político partidarias, entonces, todos los principios de participación y de interés superior son violentados”, insistió Mendoza.

NIÑEZ ASESINADA, ENCARCELADA

Esa desprotección ha quedado en evidencia durante los últimos 20 meses, según el abogado Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, en detenciones ilegales de menores de edad que se manifestaron contra el régimen orteguista; falta de justicia en casos de asesinatos de menores en el contexto de la crisis; exposición de menores al peligro y procesos judiciales de menores con prácticas para adultos.

“Es evidente que el Estado ha violentado los derechos de la niñez y la adolescencia, empecemos porque no respetan ni el Código de la Niñez y la adolescencia, que no es tan amplio como la Convención”, afirmó Montenegro. En el contexto de la crisis se contabilizaron 26 niños y adolescentes asesinados.

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Los señalamientos de Montenegro son confirmados con la reciente denuncia de la abogada Yonarqui Martínez, defensora legal de presos políticos del régimen orteguista, que a través de su cuenta de Twitter criticó el hecho que el Colegio Edgar Arvizu, ubicado en el Distrito VII de Managua, se negara a entregar el diploma del joven Jesús Sequeira Zamora, detenido recientemente por protestar contra el régimen orteguista.

“Le robaron su libertad, el derecho a la salud, a protestar, entre otros, y ahora hasta sus notas. Directores ustedes están llamados a formar no a destruir”, escribió Martínez en su cuenta de Twitter.

EDUCACIÓN PARTIDARIA

Jorge Mendoza, miembro del Consejo de Codeni, sobre este hecho destacó que -aunque hay un avance a todas luces con más niños matriculados y más textos escolares- el problema es la calidad de la educación puesto que “esos textos escolares hacen una promoción partidaria y la calidad de la educación merma cuando se aplican este tipo de políticas”.

Mendoza indicó que la única manera que en el país se avance en la aplicación de la Convención y, por ende, en el respeto y garantías de los derechos de la niñez y adolescencia es necesario que haya “una sociedad y un Estado respetuoso de los derechos de toda la ciudadanía”.

Mientras tanto el informe de Codeni destaca que se requiere “de una sociedad y un país que atienda y denuncie la violencia hacia la niñez y adolescencia, que denuncie hechos de discriminación, que exija instituciones públicas eficientes, comprometidas con los derechos de la niñez, que escuche sus voces en la formulación y ejecución de políticas públicas o cualquier decisión que les afecte”.

“Nicaragua demanda una institucionalidad transparente y sujeta a las leyes, un Estado democrático y de derecho, y las libertades individuales indispensables para el avance de los derechos de la niñez y la adolescencia”, resaltó Codeni.

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Foto principal: Entierro de Teyler Lorio, un niño sde 14 meses asesinado por una bala de la Policía Orteguista, en el contexto de las protestas sociales. Su familia continúa exigiendo justicia al Estado de Nicaragua. (Crédito: El Nuevo Diario)