Las instituciones públicas son uno de los principales espacios de violencia para las personas LGBTIQ+ según denuncias, contradiciendo el discurso oficial.
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El régimen Ortega-Murillo asegura garantizar y promover los derechos de las personas LGBTIQ+ en Nicaragua a través de su cartilla El Derecho a Elegir y el Deber de Respetar/Diversidad, pero en la práctica discrimina, violenta y excluye a esta población, indica “Yuri”, activista por los derechos de las personas de la diversidad sexual que solicitó el anonimato.
En la cartilla el régimen asegura que «facilita a través de sus instituciones la participación protagónica de las personas con identidad diversa», sin embargo, los testimonios y denuncias de las personas LGBTIQ+ señalan que las instituciones públicas son uno de los principales espacios de violencia para ellas, aclara Yuri.
“El Observatorio que tiene La Corriente Somos Todas refleja que la institución principal violadora de derechos humanos de los cuerpos disidentes es la Policía. Y en los casos de discriminación que documenta, muestran testimonios de mujeres trans las revictimizan, las culpabilizan, y hasta las han querido dejar presas cuando ponen sus denuncias”, señala la activista.
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De las 43 situaciones de discriminación y violencia registradas el año pasado por el Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua, al menos 13 fueron cometidas por funcionarias y funcionarios públicos, siendo principalmente de la Policía.
Las denuncias contra esta institución reflejan que las personas investigadoras se burlan de las personas LGBTIQ+ cuando llegan, no toman las denuncias, no hacen investigaciones o directamente las agreden.
“Supimos el caso de unas compañeras trabajadoras sexuales trans que las agredió la Policía ¿Dónde voy a exigir justicia por mi agresión? No hay dónde”, dice Yuri.
Por su parte, el Observatorio sostiene que el rol de la Policía es de constante revictimización para las personas de la diversidad que llegan, y las culpan de las agresiones vividas. En el primer informe de este año, ya se documentan tres agresiones por parte de las instituciones públicas contra personas LGBTIQ+ .
También se encuentran señaladas personas funcionarias de las alcaldías, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, el Instituto Nacional Tecnológico, entre otras.
De acuerdo con Yuri, las personas trans son una de las poblaciones más violentadas por el Estado y con menos acceso a servicios públicos, ya que en muchas ocasiones les son negados por su identidad de género.
“Recientemente el Observatorio documentó el caso de una trans que fue a gestionar su documento de identidad y le negaron sacárselo si no se quitaba su maquillaje, los aretes y el cabello largo, porque no podía salir así porque le decían que era hombre”, cuenta Yuri.
Mientras que el régimen Ortega-Murillo asegura que motiva a las y los adolescentes de la «comunidad diversa» (nunca mencionan a lesbianas, gays, bisexuales o trans) «a que sean protagonistas de los diferentes programas educativos», en la práctica las escuelas públicas no permiten a las personas trans asistir si no cumplen con el código de vestimenta exigido según su sexo.
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En muchas ocasiones, las personas trans deben renunciar a su identidad y a su expresión de género para poder continuar con sus estudios, señala Yuri.
“Miles y miles de mujeres trans van a centros educativos donde el mismo profesorado les niega el derecho a estudiar y se tienen que ver obligadas a abandonar su identidad para recibir educación. O tal vez las dejan estudiar, pero a la hora de recibir el título no les permiten hacerlo si están maquilladas”, expresa.
Incluso en los centros técnicos y en las universidad hay situaciones de discriminación por parte de las direcciones, profesorado y compañeros y compañeras de clases, muestran las denuncias reportadas en el Observatorio.
En los últimos tres años se han registrado seis delitos de odio contra personas LGBTIQ+ en el país, de acuerdo con Observatorio. Solo dos de ellos ocurrieron en el trimestre de este 2023. Aunque el número de personas que se atreven a denunciar es cada vez menos, al violencia contra las personas de la diversidad sexual ha aumentado en el país, indica Yuri.
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Según la activista, esto se debe a un aumento de los discursos de odio por parte de grupos fundamentalistas religiosos, a las crisis que ha enfrentado el país y a la impunidad que ha promovido el régimen Ortega-Murillo contra los agresores.
“Esto ha pasado porque hay un Estado que ha fomentado la violencia y la ha justificado. En estos niveles altísimos de impunidad, los perpetradores dicen «si mato a esta persona, me dan dos años de cárcel y si me porto bien me sacan antes». Esa es su manera de pensar”, expresa Yuri.
De acuerdo con ella, si antes había un permiso social para agredir a los cuerpos disidentes, ahora también hay un permiso institucional.
