Régimen de Daniel Ortega en deuda con los derechos de las mujeres de Nicaragua

Nicaragua destacó en la región centroamericana por aprobar el 26 de enero de 2012 la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Reconocía el delito de femicidio en el ámbito público y privado y no permitía la mediación. Los grupos feministas celebraron su existencia y confiaban que en la práctica se cumpliera. Sin embargo, el régimen orteguista se ha encargado desde el 2012 de debilitarla y de transformarla bajo sus propias reglas.

Recientemente el régimen de Daniel Ortega reinauguró las Comisarías de la Mujer, las mismas que empezó a cerrar desde el 2015 de forma silenciosa, pero que fue denunciado por organizaciones feministas. Este renacer de las comisarías, cuyo cierre nunca debió ocurrir según especialistas en el tema consultados por La Lupa, surge en marco de la campaña “Mujeres por la vida. ¡Mujeres por la Paz y Bien!”, que responde al discurso gubernamental, liderada por la vicepresidenta, Rosario Murillo.

Pero la realidad de las mujeres en Nicaragua dista mucho del discurso de “amor y paz”, que exalta Murillo en sus comunicaciones diarias. A las mujeres las siguen matando, y en varios de los casos, ya habían denunciado a su agresor, pero no pasó nada. Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 63 femicidios en 2019 y durante el primer mes del 2020, al menos se tienen registro de seis casos. A esto se suman los femicidios en grado de frustración, que no figuran en las cifras oficiales de la Policía Orteguista.

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La Lupa expone cuatro puntos clave que debilitaron la fortaleza de lo que una vez fue la Ley 779. Las especialistas consultadas aseguran que hubo grandes retrocesos, pero también logros que permanecen, como la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género y la creación de juzgados especializados en violencia. 

MEDIACIÓN:

Cuando una mujer llega a una delegación policial es porque busca una solución para detener la violencia de la que ha estado siendo víctima, explica Elia Palacios, miembro del equipo de coordinación de la Asociación de Mujeres Axayacatl. En el texto original de la Ley 779, en su artículo 46, se prohibía la mediación. No obstante, el 25 de septiembre de 2013, eso cambió. Mediante una reforma, nuevamente, abrieron la puerta a la mediación para delitos con penas menores a cinco años.

Pese a que las organizaciones de mujeres salieron en defensa de la ley y criticaron la medida, no sirvió de nada. Palacios sostiene que en el tema de la violencia contra la mujer no hay delitos menos graves, por eso no tendría que haber mediación. Lo que pasa es que las instituciones solo valoran el hecho puntual, del porque una mujer denuncia a un hombre, pero no conocen la historia de violencia que la víctima ha padecido, dijo.

Para la abogada de Acción Penal y exfiscal, Eilyn Cruz, la mediación entre la víctima y el agresor es uno de los principales retrocesos que la Ley 779 ha tenido a lo largo de sus ocho años de existencia.

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FEMICIDIO:

El 31 de julio de 2014 se publicó el decreto presidencial 42-2014, en el que establece que se comete delito de femicidio en el marco de las relaciones interpersonales, es decir, lo reduce al ámbito privado y obvia el espacio público. Esta es una forma de invisibilizar la problemática de la violencia de género, destaca Palacios.

Esta es una de las razones del porqué las cifras que registran las organizaciones de mujeres no coinciden con las de la Policía Orteguista. Sin embargo, desde los organismos se ha seguido contabilizando las muertes de mujeres en las dos esferas: público y privado, ya que si se deja de hacer no se expone la problemática real de la violencia, por ende, no se atiende.

“Escondiendo las cifras no vas a erradicar la violencia contra las mujeres, que ha sido un grave error”, critica Palacios. Con esta reforma, los casos de privación de la vida de una mujer en la esfera pública, se califican como un delito común, como asesinato o parricidio, explica Cruz. 

Rol de las comisarías de la Mujer y la Niñez: En el artículo 37 de la Ley 779 se establece que el Estado debe garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de la Comisaría y capacitación especializada en el tema de violencia contra las mujeres. Las comisarías jugaron un rol clave en la atención a las víctimas de violencia. Sin embargo, poco a poco el espíritu con el que nacieron se fue perdiendo.

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Palacios sostiene que una de las primeras afectaciones en las comisarías fue que ya no se contara con personal civil, como una psicóloga, el trabajador social. A veces, las mujeres pasaban hasta un día o una mañana para ser atendidas, y después, empeoró con el cierre de dichas comisarías.

No obstante, en este 2020, el régimen orteguista, con bombos y platillos, ha relanzado las comisarías, pero Palacios advierte que no solo basta con tener la infraestructura sino contar con el personal capacitado, especializado y sensibilizado, que en realidad se comprometan en dar una pronta atención a las mujeres. Y es clave mencionar que dicho personal no debe revictimizar a la mujer, sino aplicar lo que dice la Ley para garantizar su protección.

LA PREVENCIÓN QUE NUNCA LLEGÓ:

Mediante el decreto ejecutivo 42-2014 se indica la creación de la Política de Estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención de la violencia. Esta medida fue señalada por organizaciones de mujeres puesto que se enfoca en un círculo familiar, a costa de lo que padece la mujer, víctima de violencia. Sin embargo, dicha política nunca aterrizó en la práctica.

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Para la abogada de Acción Penal y ex fiscal, Eilyn Cruz, la Ley no es funcional en este sentido, ya que el mismo instrumento jurídico mandata una coordinación interinstitucional en pro de la prevención de la violencia, pero se conoce muy poco sobre acciones concretas. Por su parte, Palacios, señala la necesidad de campañas que prevengan la violencia contra la mujer, similar a lo que sucede cuando hay epidemias, que inmediatamente el sistema de salud se activa, y se realizan visitas casa a casa para sensibilizar en el tema.

Mientras tanto, Murillo aseguró que se relanzará una comisaría por semana. En el caso de la del Distrito Cinco en Managua, tendrá un alcance de 127 mil mujeres. Asimismo, prometió un informe antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sobre las sentencias contra los agresores.