La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha empeorado de manera alarmante en los últimos años, especialmente desde 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimió las protestas sociales. 

En el país ya no hay división de poderes, son persistentes las violaciones de derechos humanos, la represión y la censura. 

“Hoy en Nicaragua, bajo el régimen totalitario y dinástico de los Ortega Murillo, los derechos de la población son vulnerados de manera flagrante y cotidiana. Desde que asumió el poder en el 2007, los Ortega Murillo persiguieron a organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, asesinaron a indígenas, ilegalizaron partidos y prohibieron marchas ciudadanas”, denunció la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco en el marco de la conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos este 10 de diciembre. 

Hace 77 años que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas. El documento recoge 30 artículos de Derechos Humanos que se consideran básicos e inviolables.

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Sin embargo, en el país las violaciones de derechos humanos se han vuelto más evidentes y persistentes.

A continuación, La Lupa presenta los principales derechos fundamentales que están siendo gravemente vulnerados. 

Derecho a la libertad de expresión 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, pero en Nicaragua no se puede “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

La censura y la persecución de periodistas y medios de comunicación independientes han sido generalizadas y cada vez más intensas, con el fin de amedrentarlos y silenciarlos. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la represión de la prensa independiente se ha intensificado, con un enfoque en los periodistas que se han opuesto al gobierno, lo que ha obligado a muchos a abandonar el país”. 

Quienes critican al régimen se enfrentan a represalias severas, incluyendo el exilio forzado. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) al menos 293 periodistas están en el exilio. 

Desde 2018, al menos 54 medios de comunicación nacionales fueron cerrados, casi 30 de ellos sólo en 2022. 

Derecho a la libertad de reunión y asociación 

El régimen orteguista ha cancelado arbitrariamente la personería jurídica de más de 5,600 organizaciones sin fines de lucro desde 2018, incluyendo 1.500 que fueron cerradas en un solo día en agosto, eliminando la sociedad civil independiente. 

Lo anterior va en contra de lo que dice el artículo 20 del documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recuerda que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

El cierre de las organizaciones fue aprobado por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Entre las organizaciones afectadas se incluyen aquellas que trabajaban con grupos religiosos, entidades de desarrollo social, asociaciones médicas, universidades, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, entre otras. 

Derecho a la nacionalidad y a entrar en el propio país

Las y los nicaragüenses, incluidos opositores políticos, han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad, dejándoles apátridas y prohibiéndoles regresar a su patria. 

La CIDH señala que “el despojo de nacionalidad ha sido utilizado como una herramienta para castigar a los opositores políticos, forzándolos al exilio”.

Este derecho está consagrado en el artículo 15 de la Declaración y establece que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”, pero en Nicaragua el régimen ha despojado de su nacionalidad, por resolución judicial, a 452 nicaragüenses. 

Derecho a la vida y a la integridad personal  

Los informes de la ONU documentan crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, tortura y violencia sexual, perpetrados por el régimen contra opositores y manifestantes.

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha denunciado que los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fueron cometidos durante todas las fases de represión en el país. 

Los actos de torturas contra personas presas políticas comprenden tortura física, sexual y psicológica, según el GHREN. 

Esta situación viola el artículo 5 en el que se establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

Derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado

Al 2 de diciembre de 2025, en Nicaragua hay al menos 62 personas presas políticas, entre ellas seis mujeres. 

Sus familias —según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas—, siguen siendo “amenazadas, vigiladas y hostigadas” por los operadores del régimen, en un intento deliberado por impedir que ejerzan su derecho a denunciar, documentar abusos o buscar acompañamiento jurídico y psicosocial.

El Mecanismo reportó unas 35 personas excarceladas hasta el 2 de diciembre de 2025. De ellas, 17 no figuraban en la lista de las y los presos políticos registrados. 

El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Sin embargo, en Nicaragua, este derecho fundamental ha sido violado sistemáticamente desde 2018, cuando el régimen de Ortega implementó una “puerta giratoria” de detenciones arbitrarias. 

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La Lupa Nicaragua