Defensores de la diversidad sexual aseguran que los avances por los derechos de las personas LGBTIQ+ han sido mínimos o nulos en el país.
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El régimen Ortega-Murillo asegura haber reivindicado los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país, sin embargo, defensores de la diversidad sexual aseguran que esas «reivindicaciones» han sido mínimas o no han tenido ningún avance en el reconocimiento de sus derechos en las instituciones públicas y en la población del país.
Los avances que asegura el régimen Ortega-Murillo se basan en tres cosas, de acuerdo con «Adriano», defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+: la despenalización de las relaciones del mismo sexo con la derogación del artículo 204 en el Código Penal en el 2008; la apertura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de la Diversidad Sexual en 2009; y la creación de la Resolución Ministerial 249-2009 del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la no discriminación por orientación sexual en los servicios de Salud que fue publicada también en ese mismo año.
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A pesar que esas acciones suenan progresistas y positivas para los derechos de las personas LGBTIQ+, realmente la mayoría han quedado solo en propaganda política y no en cambios reales, dice el defensor.
El principal logro que menciona el régimen Ortega-Murillo es haber derogado el artículo 204 con la creación del nuevo Código Penal en 2008. Dicho artículo penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo hasta con tres años de cárcel, y fue creado en 1992 por el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Sin embargo, la despenalización de la homosexualidad no supone un reconocimiento y protección del Estado a las personas LGBTIQ+, que es fundamental para que sus derechos sean garantizados independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
«Desde el Estado no han habido avances significativos en materia de derechos humanos de las personas LGBT. El único avance ha sido la despenalización del artículo 204, pero esa despenalización se dio en un contexto electoral y político, que fue utilizada como una estrategia política para ganar votos. Y por un lado despenalizan la sodomía, pero penalizan el aborto con ese nuevo Código Penal”, dice “Martha”, defensora de los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Por su parte, Adriano señala que el reconocimiento del Estado a nivel social, político y jurídico es importante para que las personas LGBTIQ+ cuenten con el respaldo del que «se supone es el órgano garante de derechos humanos».
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Aunque en la Constitución Política establece el principio de no discriminación e igualdad ante la ley, es necesario que se nombre a las personas de la diversidad sexual para asegurar su “reconocimiento”.
Se cumplirán 14 años de la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de la Diversidad Sexual en este 2023, y a pesar de todo ese tiempo, nadie sabe cuál ha sido el trabajo que ha realizado en estos años para la defensa de las personas LGBTIQ+, indica Martha.
En 2009 se anunció con vítores y tambores el nombramiento de una procuradora especial para la diversidad sexual, María Samira Montiel, una abogada aliada del partido de Gobierno que ha ejercido en el mismo cargo desde entonces.
Sin embargo, la agenda de trabajo, acciones, planes o cualquier otra acción encaminada para la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ no fue conocida en el momento de la apertura y sigue sin ser conocida hasta ahora. Algunos defensores, incluso cuestionan si la Procuraduría continúa funcionando.
“Simplemente no sabemos qué hace. No sabemos cuál es el trabajo de la procuradora o lo que ha hecho en este tiempo. Sabemos que la Procuraduría es una oficina, pero ni siquiera sabemos si sigue en funcionamiento. En el 2012 nos dijeron que estaban trabajando en la ley de identidad, pero esa ley nunca salió y nunca se supo nada de ella”, señala Martha.
Adriano, defensor que ha estado organizado durante décadas, señala que en el 2014 se recortó el personal de la Procuraduría al finalizar un proyecto con el que financiaban, y solo quedaron la procuradora Montiel y su secretaria.
“Decime qué hacen la procuradora y la secretaria para todo el país, para todos los departamentos y para todas las regiones. No pueden hacer nada ciertamente”, expresa.
El Minsa emitió la Resolución Ministerial 249-2009 en el mismo año que inició sus funciones la Procuraduría para las personas de la diversidad sexual. Esta resolución tiene por objeto tutelar el derecho de «todas las personas» a acceder a los servicios de salud.
También resuelve que los establecimientos de salud privados y públicos deben erradicar cualquier tipo de discriminación a las personas por orientación sexual, aunque no menciona por identidad de género.
Si bien la resolución fue bien recibida por la población LGBTIQ+, ya que les reconocía el derecho a la salud, la Resolución no fue informada, ni notificada a la mayoría de los centros de salud y hospitales del país. Según una fiscalización realizada por la procuradora Montiel cinco años después, solo el 30 por ciento del personal del Minsa conocía esa resolución, indica Adriano.
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“Eso es porque nunca se metió presupuesto para difundir esa Resolución y que sea materia de capacitación de todo el personal de salud del MINSA. Después de eso no ha habido otra fiscalización para saber el nivel de cumplimiento, qué tanto se ha adoptado y qué mecanismos han habido para capacitar al personal médico”, explica el defensor.
Martha también señala que en la actualidad cuando muchas personas LGBTIQ+ asisten a centros de salud y reclaman su derecho citando la Resolución, el personal médico les dice que no tienen conocimiento sobre eso y que no aplica para sus instalaciones.
