Persiste la censura y criminalización del periodismo en Centroamérica
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La censura, la criminalización del ejercicio periodístico y la narrativa anti-prensa siguen siendo prácticas sistemáticas empleadas por los gobiernos en la región centroamericana y Cuba para restringir la libertad de expresión y controlar el discurso público, revela el Análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe.
Bajo un contexto internacional convulso, marcado por el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos y la reducción de fondos para la cooperación internacional, los gobiernos centroamericanos profundizan modelos autoritarios mientras el “periodismo independiente continúa de pie, pero también el respaldo de la comunidad internacional debe continuar para seguir resistiendo”.
El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha implicado la cancelación de fondos clave de la USAID. Esto ha afectado a más de 6,200 periodistas, 700 medios y 280 organizaciones en América Latina.
“Todo ese conglomerado de medios y organizaciones está enfrentando la crisis inmediata de la suspensión de fondos”, reitera el informe, poniendo en riesgo proyectos que habían sido pilares en la defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión.
El primer trimestre de 2025, según el informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica —una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información—, estuvo marcado por los siguientes hechos en los países:
Nicaragua: 26 casos de violaciones a la libertad de prensa
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su arremetida contra el periodismo independiente.
Solo entre enero y marzo de este año, se documentaron 26 nuevas violaciones a la libertad de prensa y seis periodistas más se vieron forzados al exilio.
El “abandono de la profesión ante el ambiente de amenazas; la suspensión de fondos de la cooperación internacional; la restricciones a los medios y periodistas que, aun siendo oficialistas, enfrentan un clima constante de censura; la situación de exilio y las presiones que se traducen en un desgaste psicológico sostenido”, destacan entre los principales problemas que aquejan al periodismo en el país.
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Destaca la desaparición forzada de la periodista Fabiola Tercero, de quien no se sabe nada desde julio de 2024. Organizaciones como la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y la agrupación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), advierten que el 59% del espacio informativo está en manos gubernamentales y que gran parte del país vive en “desiertos de noticias”.
Una reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 consolidó el poder total en manos de Ortega y Murillo.
A pesar del aislamiento internacional, la dictadura ha respondido con más represión, incluido el uso de una “policía voluntaria” encapuchada.
El Salvador: más seguro, pero menos libre
El estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, continúa limitando las garantías legales básicas.
En los últimos meses, el presidente Nayib Bukele ha intensificado los ataques contra medios y organizaciones no gubernamentales, acusándolos de ser parte de una “operación mundial de lavado de dinero”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 277 agresiones a periodistas solo entre septiembre y noviembre de 2024 —lo que representa un incremento del 221%—.
Tras su visita, en marzo de este año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió sobre una maquinaria digital de acoso, especialmente dirigida contra mujeres periodistas. La criminalización se ha convertido en norma, y la autocensura crece como mecanismo de supervivencia.
“Forman una máquina de destrucción, de reputación con acciones de acoso digital en contra de periodistas y de medios de comunicación, en particular de periodistas mujeres que se vuelven el blanco de ataques que buscan estigmatizar su trabajo, deslegitimar su acción, su trabajo como periodistas”, señala el informe.
Guatemala: sistema judicial “corrupto implacable”
Aunque en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo ha mostrado gestos de apertura y diálogo, su capacidad para transformar el sistema judicial es limitada y eso afecta a periodistas críticos.
La reencarcelación del periodista José Rubén Zamora, símbolo de la persecución al periodismo en el país, es una muestra de cómo los poderes fácticos siguen operando con fuerza.
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El informe enfatiza que el periodista Zamora es “una víctima de un sistema judicial corrupto implacable con quienes considera sus enemigos y en un caso que revela la impotencia del presidente Arévalo frente a ese sistema”.
El Ministerio Público ha lanzado amenazas contra medios vinculados a fondos de cooperación internacional como USAID, así lo dejó entrever el jefe de la Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas, Rafael Curruchiche, en el que mencionó “habrá sorpresas para periodistas que hayan recibido financiamiento de USAID”.
Además, el asesinato del periodista comunitario Ismael Alonzo González confirma el altísimo riesgo que enfrentan los comunicadores locales que denuncian corrupción o crimen organizado.
“El periodismo comunitario es especialmente vulnerable a las estructuras de violencia en los territorios locales”, detalla el informe.
Honduras: elecciones primarias entre hostigamientos y acoso judicial
A medida que se acercan las elecciones generales de noviembre, el clima para el periodismo en Honduras se deteriora.
Las primarias del 9 de marzo estuvieron marcadas por una “escalada de desinformación, fallas en el sistema biométrico, irregularidades en la distribución de boletas y la retención o desvío de actas y material electoral, incluso por parte de las fuerzas armadas”.
En este periodo y a medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre, las y los periodistas siguen siendo blanco de “ataques a través de las redes sociales y las demandas judiciales utilizando figuras como los delitos contra el honor”.
También se dan presiones del Ejército para revelar fuentes periodísticas, y discursos oficiales que buscan desprestigiar a medios críticos. En lo que va del año, Article 19 ha documentado siete casos de acoso judicial.
El caso más grave involucra al director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, denunciado penalmente por revelar desvíos de fondos.
C-Libre —organización que promueve y defiende la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información en Honduras—, confirmó el “patrón de hostigamiento desde los poderes públicos con el uso de potenciales demandas judiciales, en este caso contra una docena de medios de comunicación por publicar investigaciones periodísticas sobre corrupción o crimen organizado y la permeación de este en estamentos del gobierno”.
Cuba: represión sistemática y detenciones arbitrarias
El fin del “parole humanitario” por parte de Estados Unidos dejó a 550 mil cubanos en el limbo migratorio. Mientras tanto, los habitantes de isla siguen sufriendo la escasez, los apagones y un control social sofocante por parte de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
Cubalex e ICLEP han documentado cientos de casos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y vigilancia contra periodistas y activistas. A pesar de la excarcelación de 550 personas tras una negociación con el Vaticano, para excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, se sabe que la mayoría no eran presos políticos, y muchos de los liberados siguen siendo acosados.
El exilio forzado del periodista José Luis Tan, tras ser rechazado en Nicaragua y hostigado en Cuba, es solo un caso más en una larga lista de silenciamientos. José Luis Tan trabajaba como profesor y fue despedido por sus críticas al régimen, se desempeñó como periodista independiente y fue objeto de hostigamiento y detenciones.
Aún así, la prensa independiente cubana sigue luchando desde la clandestinidad y el exilio, con creatividad y valentía.
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