Persecución administrativa: la nueva forma de criminalizar a excarcelados políticos

El excarcelado político Cristian Fajardo denunció este miércoles, a través de un video en sus redes sociales, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está implementando nuevas formas para criminalizarlos y robarles, además del asedio del que son víctimas por parte de la policía orteguista y paramilitares al servicio de la dictadura orteguista.

Fajardo indicó que recibió un correo electrónico en el que le llegó un “cobro judicial”, emitido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el que le informan que tiene un “adeudo en mora” que asciende a C$2,154.12.

En la misiva se le ordena presentarse en el término “improrrogable de veinticuatro horas en el departamento de cobro extrajudicial del INSS central”, para depositar la totalidad del monto de “cotizaciones obrero patronal no enteradas”.

En caso de no presentarse, según la información que recibió Fajardo, el INSS amenaza con iniciar “actuaciones judiciales oportunas a fin de recuperar las cantidades adeudadas, más una tercera parte del importe, intereses y costas en su defecto el embargo de bienes, créditos y derechos”.

QUEMARON SU NEGOCIO, además de meterlo preso

La respuesta pública de Fajardo -ante la misiva del INSS- es que su negocio, donde empleaba a ocho personas, fue reducido a cenizas el pasado 20 de junio de 2018 y, por ende, dejó de funcionar empujando al desempleo a sus trabajadores mientras él, en calidad de dueño, quedó sin sin negocio, además con una propiedad que no consume energía eléctrica ni agua.

“Las turbas de (Daniel) Ortega me quemaron el negocio, me llegaron a buscar, seguramente, para asesinarme. No me encontraron ahí y golpearon a mi tío Adolfo René Caballero, le hirieron su cabeza con un culatazo de AK -gracias a Dios no lo mataron- además de quemar mi negocio quemaron dos casas vecinas, pues ahora -irónico- que dejan a ocho familias sin ingreso en sus hogares, me mandan un cobro del INSS, además me mandan cobros exjudiciales de Disnorte Dissur, cuando el hotel está sin funcionar”, denunció Fajardo.

El adeudo con Disnorte Dissur, según la notificación que se le hizo llegar a Fajardo, es por el vencimiento de seis facturas, las cuales en total reúnen un monto de C$216.17.

El excarcelado político rechazó los adeudos que envió el INSS y Disnorte Dissur, pues los consideró absurdos, dado que su negocio dejó de funcionar desde el año pasado, cuando fue víctima de represalias por participar en las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Me cobran una energía que no he utilizado y me cobran el INSS de ocho familias que ellos prácticamente dejaron sin laborar”, alegó el excarcelado político.

Fajardo, además de perder su negocio porque fue calcinado, pasó encarcelado por protestar contra la dictadura Ortega-Murillo, al igual que su esposa María Adilia Peralta, más de 10 meses, hasta que fueron liberados mediante la polémica Ley de Amnistía. Actualmente, ambos están en el exilio por las amenazas, asedio y persecución del régimen orteguista.

La Loba acosada aun en la cárcel

El preso político Edward Lacayo, conocido como “La Loba”, también ha sido objeto de cobros que le han llegado con la amenaza de acciones judiciales o, en su defecto, embargos, pese a su condición de encarcelado político.

Lacayo, quien permanece en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, de Tipitapa, le llegó una notificación de “cobro judicial” en el que le indican un adeudo por más de C$300,000.00, que según la notificación pertenecen a más de un año de facturas vencidas.

Karen Lacayo, indicó que el embargo aún no se ha confirmado, aunque la notificación de Disnorte Dissur deja abierta la posibilidad. Afirmó que, pese a que los paramilitares habían saqueado todo lo que su hermano tenía en su hogar, los cobros excesivos de energía, hasta por C$30,000.00 mensuales, seguían llegando.

“La energía la suspendieron desde el momento en que, desde el año pasado, salieron huyendo los muchachos de los tranques. Ellos suspendieron la energía, ellos mismos llegaron a quitar le medidor. Ellos no quieren reconectar de nuevo el servicio hasta que se pague la deuda. Nos dicen que hasta que paguemos la van a poner y si no la pagamos van a aprobar eso del embargo”, denunció la hermana del preso político.

Explicó que antes que iniciara la crisis sociopolítica, su hermano tenía un negocio de tres molinos y un taller metalúrgico, que era de fabricación de molino y sillas de hierro. «Pero a él se le llevaron todo. El 17 de julio que los paramilitares se metieron a Masaya se le llevaron todo, pero ahora nos están presionando para que se pague por algo que no se consumió, diciéndonos que nos van a aplicar eso del embargo”.

La hermana de Lacayo explicó que “no tienen de dónde sacar para pagar”, puesto que el único sustento de ese hogar era su hermano y la dictadura de Daniel Ortega lo tiene encarcelado. Agregó que se presentó ante las autoridades de Disnorte Dissur para explicarles la situación, pero que insistieron en que deben hacer el pago.

Cárcel por mora energética

Hace dos semanas el dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma del artículo 5 de la Ley de Estabilidad Energética y sus Reformas (ley 554), mediante la cual pretende establecer parámetros que permita a la empresa distribuidora penalizar cualquier acción que atente a sus intereses económicos, de los cuales el 16% de las acciones les pertenece.

La reforma penaliza «instalar por sí o mediante terceros, conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de medición”; “manipular o alterar por si o mediante terceros, los dispositivos de medición propias o de otros usuario, con el objeto de evitar o modificar el registro total de la energía suministrada por la empresa distribuidora y que hay consumido el cliente”; «vender energía eléctrica a terceros; y manipular los equipos de verificación que instale el Ente regulador”.

También establece que cualquier factura emitida por la empresa distribuidora de energía eléctrica que esté legalmente en mora, tendrá reconocimiento de fuerza ejecutiva, es decir, que se considera un documento legal y la empresa distribuidora, puede exigir el pago ya sea por medio de una acción judicial o administrativa, tomando los testimonios de testigos o notarios, de lo contrario puede solicitar apremio corporal, es decir encarcelamiento por deuda.