Ortega ha institucionalizado la violencia política contra las mujeres
Nicaragüenses exiliadas participando de la marcha del 8M en San José, Costa Rica, en 2024. Foto tomada de Confidencial
Este grupo de mujeres ha sido objetivado por la dictadura en represalia a su denuncia sobre las violaciones a derechos humanos y el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua
Nicaragüenses exiliadas participando de la marcha del 8M en San José, Costa Rica, en 2024. Foto tomada de Confidencial
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo institucionalizó una política de violencia contra las mujeres, especialmente, contra periodistas, ciberactivistas, académicas, artistas y promotoras culturales, en represalia por su ejercicio de denuncia, defensa de los derechos humanos y movilización en pro de la democracia nicaragüense, reveló el estudio Voz, Saberes, Cultura y Memoria: Resistencias y resiliencias colectivas de las mujeres nicaragüenses.
“La violencia estatal tiene como propósito “castigar” a las mujeres por atreverse a desafiar al poder autoritario y patriarcal para que sirvan como ejemplo demostrativo a toda la sociedad nicaragüense. En ese sentido, el ensañamiento y la crueldad en su contra se han empleado de manera premeditada, especialmente, sobre algunos grupos como líderes y activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos”, refiere el estudio, elaborado por las investigadoras Arlen Padilla y Elvira Cuadra, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y presentado en Costa Rica.
Padilla explica que la política represiva contra este grupo de mujeres es “promovida desde lo más alto” de la institucionalidad y se instrumentaliza a otros entes del Estado y partidarios en función de ejercer vigilancia, violencia digital, negación de trámites de servicios básicos, en perjuicio del grupo de estudio, en el que participaron alrededor de 30 mujeres –dentro y fuera de Nicaragua-.
“La criminalización, la prisión arbitraria, la expulsión del país, la desnacionalización, la confiscación de sus bienes y el desplazamiento forzado constituyen las expresiones más graves de violencia política en contra de las mujeres del gremio periodístico”, indica el estudio.
Desde febrero de 2023 hasta la fecha, al menos cinco periodistas y directoras de medios de comunicación independientes han sido desnacionalizadas y confiscadas, todas obligadas a huir de Nicaragua: Lucía Pineda Ubau, directora del medio 100% Noticias y excarcelada política; Jennifer Ortiz, directora del medio Nicaragua Investiga; Patricia Orozco, directora de Agenda Propia y Gema Serrano, periodista”.
Asimismo, las periodistas entrevistadas que aún residen en Nicaragua destacaron las violaciones a sus derechos de libre movilización y recreación como otra forma de violencia política. Debido a la vigilancia y represión se han visto obligadas a recluirse en lugares seguros y a renunciar a su vida social. Estos prolongados períodos de aislamiento han tenido un impacto negativo en su bienestar físico y emocional. Asimismo, han sido objeto de interrogatorios intimidatorios por parte de servidores públicos cuando realizan trámites personales en instituciones públicas, como la renovación de licencias de conducir o cédulas. Esto las ha obligado a evitar estas gestiones por temor a ser detenidas en el acto, refiere la investigación.
Para quienes permanecen informando desde el interior del país, las amenazas y la intimidación con cárcel no han cesado, indica el informe, citando a la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Las mujeres también se enfrentan a otro tipo de agresiones como una presión desproporcionada en cuanto a su apariencia física.
“A menudo se espera que cumplan con ciertos estándares de belleza y estilo, lo que puede llevar a una preocupación constante por su apariencia en un campo donde la objetividad y la calidad de la información deberían ser las principales preocupaciones. Esta presión puede tener un impacto negativo en la autoestima y la salud mental de las mujeres periodistas, así como perpetuar estereotipos de género en la profesión”. Además, que están expuestas a un mayor riesgo de acoso y violencia de género en el ejercicio de su trabajo, tanto en terreno como en el ámbito digital, enfrentando ataques misóginos en redes sociales.
En la industria artística nicaragüense prevalece el imaginario del cuerpo de la mujer como un medio, por lo que sus cuerpos son constantemente cosificados e hipersexualizados, siendo expuestas a sufrir otros tipos de violencia, entre ellas acoso sexual. Esto ha obligado a algunas mujeres a no realizar presentaciones o abandonar temporalmente la profesión. “Hasta para estar en un escenario he tenido que pensarlo dos veces, porque el hecho de que uno se exponga creen que ya pueden disponer de vos, en todos los sentidos de la palabra”, relató una cantautora nicaragüense participante en la investigación.
También enfrentan el desmantelamiento de las estructuras organizativas y colectivas que las mujeres artistas habían conformado durante años en el interior del país. De tal forma, que ante la persecución y la falta de oportunidades profesionales, muchas se han visto forzadas a salir al exilio. Otras artistas han sufrido prisión arbitraria y destierro. En abril de 2021, el gobierno ejecutó una redada contra músicos críticos de Nicaragua. Xochitl Tapia, productora musical y copropietaria de Saxo producciones, fue apresada y posteriormente desterrada junto a su esposo e hijo.
“Para las mujeres artistas en el exilio es muy difícil sustentarse económicamente solamente con su arte. Ante esta situación, dedican la mayor parte de su tiempo a buscar una fuente de ingresos más estable y mejor remunerada, limitando su producción artística”, señala la investigación.
El estudio refiere que las mujeres ciberactivistas son víctimas de la infantilización, señalándolas como “jóvenes incapaces de comprender plenamente los temas que abordan con el propósito de dañar su credibilidad y legitimidad”. Las califican como “histéricas, emocionalmente inestables o excesivamente agresivas por la contundencia de sus denuncias. Este estereotipo busca desalentar su expresión legítima de indignación ante la injusticia. La expresión “feminazi” es una palabra con connotación estigmatizadora que frecuentemente se utiliza para ofender a las ciberactivistas que públicamente se reconocen como feministas”.
“Previo a 2018- año que estallaron las protestas cívicas-, siendo menor de edad todavía, publicaron en redes sociales una foto que había publicado meses atrás en traje de baño y me cosificaron. Me dijeron todo tipo de ofensas: ‘La feminista quiere que la respeten, pero miren cómo se viste’, ‘Es una puta’, entre otras” (Joven ciberactivista, 2023).
Este grupo de mujeres también está más expuesto a la violencia digital perpetrada por el régimen. Se ejerce a través de comentarios despectivos, insultos y burlas, amenazas directas de cárcel o violencia física, censura y divulgación de información privada con el fin de intimidar o exponerlas a más riesgos. También la suplantación de la identidad y el apoderamiento de las cuentas de redes sociales son otro tipo de amenazas que enfrentan.
Las académicas y docentes participantes en el estudio señalaron que enfrentan barreras estructurales que dificultan su participación plena en la academia, derivadas de un prejuicio hacia las mujeres basado en su género, que prevalece en la sociedad y se manifiesta en la discriminación, la desigualdad de trato y la invisibilización sistemática de sus contribuciones. Estas formas de misoginia se han intensificado en las instituciones públicas de educación superior, dominadas por el Frente Sandinista, mediante la asignación desigual de labores con base a estereotipos de género y no conforme a las competencias, existe marginación de las mujeres a tareas administrativas y su exclusión de decisiones importantes.
Desde 2018 hasta la fecha, investigaciones periodísticas reportan al menos cien docentes despedidos arbitrariamente de las universidades, entre ellas mujeres que por años se habían dedicado a la docencia universitaria.
La gran mayoría de las mujeres entrevistadas seguían ejerciendo sus profesiones con mucha dificultad y precariedad, señaló Padilla. Sin embargo, las mismas circunstancias del exilio y la violencia han llevado a muchas a que replanteen su situación y tomen pausas en sus profesiones.
Para la investigadora Elvira Cuadra la política represiva contra las mujeres y particularmente, este grupo de artistas, periodistas, académicas, ciberactivistas, con un papel muy crítico en este proceso de cambio de Nicaragua, se va a mantener y se va a reconfigurar en diferentes momentos.
La investigación contó con un enfoque participativo, dando protagonismo a las 30 mujeres e incluyó sesiones de validación del diseño de la investigación, grupos focales y entrevistas a profundidad