En Nicaragua, los datos también desaparecen. Mientras la región debate cómo cerrar la brecha de género en la economía digital, el país navega en la opacidad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene bajo llave la información pública, y esa oscuridad estadística hoy coloca a Nicaragua entre las naciones con los indicadores más desactualizados de Iberoamérica sobre empleo femenino en el sector tecnológico. Así lo advierte el informe: “Mujeres en ciencia, tecnología, innovación y digitalización en Iberoamérica”.

El último rastro oficial sobre la participación de mujeres en el sector de telecomunicaciones se remonta a 2003. Entonces representaban el 42% de los puestos. Veinte años después, no hay cifras públicas que permitan saber si avanzaron, retrocedieron o simplemente fueron desplazadas. Dos décadas sin datos. Dos décadas sin medición. En un sector que hoy define el poder económico y político del siglo XXI.

Sin estadísticas no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico no hay política pública posible.

El informe ubica además a Nicaragua entre los países menos preparados para el desarrollo de tecnologías de frontera —como la inteligencia artificial o la robótica— con un índice de apenas 0.3 en una escala de 1. Comparte ese rezago con Honduras, Guatemala y Venezuela, en un bloque que revela no solo carencias técnicas, sino fracturas estructurales en capacidades digitales y científicas.

¿Por qué hay menos mujeres?

La brecha comienza mucho antes de llegar a un laboratorio o a una empresa tecnológica.

En el ámbito científico, el estudio advierte que menos mujeres logran completar estudios de grado y posgrado en áreas vinculadas a ciencia y tecnología. La desigualdad se instala desde la formación y se profundiza en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Es un embudo que se estrecha en cada etapa.

Menos graduadas significa menos investigadoras. Menos investigadoras implica menor acceso a innovación, financiamiento y liderazgo científico. La exclusión no es un accidente: es una cadena.

Aunque el documento menciona que Nicaragua ha incorporado un enfoque de género orientado a impactar la formación científica inicial, no identifica políticas que acompañen la permanencia y el desarrollo de las mujeres en etapas avanzadas de la carrera científica. El énfasis se concentra en la base, pero se diluye en la cima.

En otras palabras: se invita a entrar, pero no se garantiza quedarse.

A diferencia de países como Argentina, España o Chile, Nicaragua no cuenta con una ley nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que integre explícitamente la perspectiva de género. El vacío no es solo programático; es también normativo.

En 2022 se anunció un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Sin embargo, los investigadores no pudieron acceder al documento para analizarlo. Tampoco existe documentación pública actualizada sobre el Plan de Buen Gobierno ni sobre el Plan Nacional de Banda Ancha citados en el estudio.

La gestión del sector recae actualmente en el Gabinete Nacional de Ciencia, Conocimiento, Tecnología, Investigación e Innovación. Pero sin metas claras, indicadores medibles ni presupuestos transparentes, la institucionalidad opera en penumbra.

Avances regionales, retrocesos estructurales

A nivel iberoamericano, el panorama es contradictorio. Las mujeres representan el 60% de quienes se gradúan en la universidad, pero solo el 20% obtiene títulos en tecnologías de la información y comunicación, y apenas un 33% en ingenierías. Si la tendencia no cambia, la región tardaría 111 años en cerrar la brecha de graduación en áreas STEM.

En investigación y desarrollo, las mujeres constituyen el 43% del personal en la región. Sin embargo, su presencia cae al 28% en el sector privado, donde se produce la innovación con mayor impacto económico. Los llamados “techos de cristal” y “suelos pegadizos” siguen operando: ellas entran, pero no ascienden; participan, pero no deciden.

El informe es claro: cerrar la brecha de género en el mercado laboral podría incrementar el PIB mundial en un 20%. No es solo una cuestión de justicia social. Es también una decisión económica.

Para Nicaragua y Centroamérica, la transformación tecnológica no será sostenible sin transparencia en los datos ni sin un marco legal que garantice la participación activa de las mujeres. Porque en la economía digital, quien no cuenta —en las estadísticas y en las decisiones— simplemente queda fuera del futuro.

Perfil del autor
La Lupa Feminista