La libertad de prensa sigue estando bajo la mira de las instituciones del Estado, que en vez de respetarla y protegerla, la violenta. Durante octubre se registraron 42 casos de violaciones a la libertad de prensa, treinta de estas se cometieron contra hombres y mujeres de prensa, incluyendo un corresponsal de un medio extranjero, según el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La Fundación considera que octubre fue “funesto” para el libre ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Su aseveración la basan en la aprobación de dos de un tridente de leyes que socaban las libertades en el país, y son consideradas “represivas e incriminatorias”. La Asamblea Nacional, dominada por el partido del Frente Sandinista, aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros.
La primera es conocida popularmente como “Ley Mordaza”, debido a que intenta controlar el contenido que circula en redes sociales, por medio de penas de dos a ocho años de prisión por delitos como la propagación de noticias falsas, concepto que se implementaría con una gran discrecionalidad porque la ley deja varios vacíos en cuanto a sus conceptos, han explicado diversos especialistas.
La entrada en vigencia de la “Ley Mordaza”, será “como una espada de Damocles, una amenaza directa en contra usuarios de las redes sociales, medios de comunicación, periodistas y hasta empleados públicos que informe fuera de la voz oficial”, indica el informe.
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Arremeten contra medios de comunicación
Pero en octubre las agresiones no solo estuvieron dirigidas a hombres (15) y mujeres (7) de prensa, sino que la Fundación documentó diez casos perpetrados contra medios de comunicación, como personas jurídicas. Entre los medios perjudicados se encuentran Radio Corporación y los canales de televisión 9, 10, 11, 12, 14 y 23.
Las agresiones y ataques siguen siendo las principales formas de violentar la libertad de expresión, con 25 casos registrados el pasado mes, seguido de 9 casos relacionados al uso abusivo del poder estatal, y en menor medida, los procesos judiciales y el uso del marco jurídico contrario a estándares.
Los casos ocurren principalmente en Managua, seguido del Caribe Sur y Masaya. Uno de los casos que destaca la Fundación es el asedio que padeció por dos días en su propia casa el fotorreportero Frank Cortez, pese a que no trabaja para ningún medio de comunicación. Cortez ha protestado en las calles del país en demanda por la libertad de presos políticos y el respeto al derecho de manifestarse libremente, sin asedio ni actos intimidatorios por agentes policiales.
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“Fue hostigado y asediado por efectivos de la Policía Nacional por dos días consecutivos en su propio domicilio; esta acción represiva reafirma que las autoridades de Gobierno son alérgicos a los medios y periodistas independientes”, señala el informe.
Policía Orteguista, principal base represor
La Policía sigue siendo el principal responsable de arremeter contra los comunicadores, el 86 por ciento de los casos de violaciones contra la libertad de prensa recaen sobre sus filas, seguido de Telcor, un juez, la Dirección General de Ingresos y la Asamblea Nacional. No obstante, el 14 por ciento restante estuvo a cargo de agentes no estatales.
“En esta categoría se registran militantes del FSLN y paramilitares, según el testimonio expresado por las víctimas”, expone la Fundación.