Eveling Pinto, Haydée Castillo y Wendy Flores acumulan más de una década, respectivamente, defendiendo los derechos humanos. Una vocación que ha sido criminalizada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que las obligó a abandonar su país para resguardar su vida, su seguridad y la de sus familias.
“Nunca me lo imaginé. Ser desterrada por defensora”, dice Pinto desde Estados Unidos, donde llegó junto a 221 personas excarceladas políticas, el pasado 6 de febrero de 2023. La defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes había sido condenada a ocho años de cárcel por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Pasó 457 días recluida en una bartolina, fue desnacionalizada y su patrimonio familiar confiscado.
La Rebelión Cívica que explotó en Nicaragua en abril de 2018, motivada por una abusiva reforma a la seguridad social, y posteriormente transformada en demanda de justicia y democracia ante la masacre perpetrada por las fuerzas policiales contra las personas manifestantes que se saldó con 355 asesinados, marcó un antes y un después en materia de derechos humanos.
Los asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones forzadas empezaron a ser la rutina de un país, que ya tenía una institucionalidad fragmentada. La debacle nadie la vio venir, incluido los Ortega-Murillo. Y reaccionaron como siempre lo acostumbraban ante cualquier descontento social: con violencia. Pero esta vez, todo fue diferente. Las protestas no cesaron y con ello, inició una sistemática violación a derechos humanos, que en cinco años, han constituido crímenes de lesa humanidad, según concluyó el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU.
Las defensoras empezaron acompañar a las familias de los asesinados, sistematizaron las agresiones ejecutadas por fuerzas policiales y paramilitares, salían a las calles a protestar, respaldaron a las personas encarceladas, sufrieron detenciones exprés, pero a pesar de la reprenda elevaron su voz para que el mundo volteara la cara hacia la masacre que estaba ocurriendo en el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití.
Pinto era una de esas defensoras que dedicó sus días a socorrer a las víctimas y sus familiares de la represión estatal. No se imaginó que ejercer su vocación provocara su detención el 6 de noviembre de 2021 como parte de una redada contra lideresas locales, personas defensoras y opositoras. “Nunca pensé que pudiéramos llegar hasta este punto”, dice indignada.
Al menos unas 49 mujeres, entre defensoras y activistas, han sido desterradas por Daniel Ortega desde 2018 a la fecha, indican datos del primer trimestre de 2023 de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Desde el estallido social el régimen arreció la criminalización contra la defensoría de derechos humanos y alentó ataques contra defensoras.
Entre enero y septiembre de 2021, IM-Defensoras registró 2269 agresiones contra mujeres defensoras, entre las que se encuentran detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales de domicilios, campañas de difamación, estigmatización y violencia sexual. Durante el primer trimestre de 2023 los abusos se enfocaron en destierro y despojo de ciudadanía (15% correspondiente a 36 defensoras, activistas y periodistas) y el desplazamiento forzado (15%).
El desmantelamiento de casi todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenado por el Ejecutivo, implicó la aprobación de un combo de leyes, a finales de 2020 y 2021. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, dio trámite a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Estos cuerpos jurídicos son la base de los abusos emitidos contra oenegés, personas presas políticos, defensoras de derechos, personas opositoras, familias de víctimas mortales y demás.
En palabras de la defensora Pinto “Lo que vemos es tierra arrasada contra todo lo que es derechos humanos, hasta el más básico”, dice con dolor.
La saña del orteguismo contra el movimiento de mujeres en Nicaragua no inició en 2018. Lo hizo desde que Ortega retornó al poder, en 2007. En ese año nueve feministas fueron investigadas por el Ministerio Público por presunta apología del delito de aborto por la labor que habían desarrollado en contra de la reforma que permitió en 2006 la penalización absoluta del mismo y la defensa frente al caso de violación de una menor de nueve años, conocido como caso “Rosita”.
Luego vino otra oleada de abusos contra organizaciones feministas, apunta el informe “Perseguidas por defender y resistir” de IM-Defensoras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), publicado a finales de 2022. Los ataques de 2009 se centraron en una campaña de estigmatización, cuestionando el manejo de los recursos de estas oenegés, acompañados de allanamientos. Y en los años siguientes hubo confrontaciones físicas. En cada efeméride internacional, el régimen montaba contramarchas y enviaba al frente mujeres policías para enfrentarse con las activistas.
Wendy Flores desde su labor como abogada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reconoce que defender derechos implica enfrentarse al poder. Sin embargo, nunca pensó que un día ella pasaría de asistir a las víctimas a ser una de ellas.
“Me tocó tomar esa decisión para no poner en mayor riesgo a mi familia, y no exponerlas a una situación más difícil”, comparte Flores, quien está exiliada en Costa Rica desde el 27 de diciembre de 2018, tras el cierre y confiscación del Cenidh por parte de la dictadura.
Haydée Castillo, quien ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, se exilió en Estados Unidos en 2018. Lo hizo después de ser interrogada en El Chipote, una cárcel reconocida en Nicaragua como un sitio de torturas contra presos políticos. “Me vi obligada porque tenía amenazas de muerte, pero también estas amenazas ya trascendían a mi familia y a mis colegas con las que trabajaba en la defensoría de derechos humanos en las Segovias”, expresó la presidenta del confiscado Instituto de Liderazgo de las Segovias.
A casi cinco años de su exilio, Castillo, reconoce que las defensoras que siguen en Nicaragua están en “una altísima vulnerabilidad y riesgo”. Están forzadas a desplazarse dentro del territorio nacional y ejercen su labor casi en clandestinidad.
La defensa de los derechos humanos ha sido desarticulada tras pasar una guillotina contra 3354 organizaciones no gubernamentales. De estas, más de 140 eran oenegés que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres desde diferentes áreas: prevención de la violencia y asesoría jurídica, desarrollo sostenible, empoderamiento, educación, liderazgo y otras. Actualmente no queda casi nada.
El panorama no es alentador. Las tres defensoras coinciden que en Nicaragua no se puede defender derechos, mientras no caiga la dictadura de Daniel Ortega. “Las defensoras están -en una situación de- quién las defiende a ellas. Ya no hay nada que nos proteja”, señala Pinto, quien ha sido obligada a comenzar de cero a sus 64 años.
Consideran que a corto plazo, la situación de derechos humanos en Nicaragua se pondrá peor y con ello, habrá mayor riesgo para la integridad física y emocional de las defensoras que aún resisten en Nicaragua. Y mientras el régimen orteguista se aferra al poder, las tres defensoras aseguran que persisten en su misión de documentar los abusos desde el exilio, con los retos y riesgos que implica.
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Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid)
