La CIDH y ONU-Derechos Humanos califican de altamente preocupante que algunos de los ataques registrados se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) expresaron preocupación por la persistencia de graves patrones de violencia y criminalización que enfrentan los defensores de los derechos humanos en la región, incluida Nicaragua.

En general, la CIDH y ONU-Derechos Humanos califica de “altamente preocupante que algunos de los ataques registrados en este período, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, así como de medidas de protección adoptadas por mecanismos nacionales. Llama la atención el alto grado de violencia en los ataques contra este grupo. En muchos casos, estos asesinatos se llevaron a cabo en presencia de hijos/as, familiares y seres queridos de las personas defensoras de derechos humanos”.

En el caso de Nicaragua, el informe de seguimiento a la situación correspondiente a los meses de mayo a septiembre de 2019, documenta casos de “hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos de abogadas y abogados… dedicados/as a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad”.

La CIDH y ONU- Derechos Humanos identifican como perpetradores de este tipo de acciones a “agentes del Estado”, y enfatizan que desarrollan su labor en un contexto adverso. Entre las víctimas de este tipo de acciones represivas menciona a funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), “organizaciones beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana”.

DENUNCIA YONARQUI MARTÍNEZ

La abogada Yornarqui Martínez denunció esta semana que sufrió persecución y amenazas por parte de paramilitares y oficiales de la Policía Orteguista. Los ataques han subido de tono en los últimos días, al punto que el 4 de noviembre pasado, armados leales al régimen hicieron detonaciones en la casa de la defensora de presos políticos.

“El domingo (3 de noviembre) fui con mis hijos a cenar y al momento de retornar a mi propiedad fui seguida por cuatro motorizados, logré observar que las personas que venían en la parte de atrás de la moto estaban armadas, eran personas de civil, pero logré acelerar el vehículo y poder perderlos”, contó la abogada en una denuncia pública ante organismos defensores de derechos humanos.

Al día siguiente, Martínez sufriño otra persecución en un el juzgado de Tipitapa y en el Complejo Judicial de este mismo municipio de la capital. “En horas de la noche, casi a las 8,  mi hijo de apenas once años y mi hijo de seis corrieron hacia mi cuarto luego que se escucharon una detonación”, dijo,

“Tres minutos después de la primera detonación escuchamos tres más en la parte trasera de la casa. Es evidente que lo que se persigue es amenazas, materializar amenazas que sean hecho por medios de redes sociales, en portales personales e, inclusive, hasta en mi teléfono celular, por WhatsApp han enviado amenazas”, agregó.

OTROS CASOS

El pasado 1 de junio, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a 24 integrantes de la CPDH, ante las denuncias de persecución, amenazas, asedio e intimidación.

Asimismo, el 14 de septiembre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Freddy Alberto Navas López, líder del Movimiento campesino que estuvo privado de libertad por más de seis meses, por su rol como representante de una organización civil y su activa participación en acciones de oposición al actual gobierno. “Tras ser liberado el 11 de junio, habría vuelto a ser blanco de seguimientos y hostigamientos”, señala la CIDH.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran su llamado a los Estados a redoblar esfuerzos “en la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región”.

“Los Estados deben seguir avanzando para desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos y políticas públicas de prevención y protección a la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos, así como adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garantice el derecho a defender los derechos humanos”, subrayan las organizaciones.

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La Lupa Nicaragua