Naciones Unidas y CIDH alertan sobre amenazas a defensores de derechos humanos


La ComisiĂłn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) expresaron preocupaciĂłn por la persistencia de graves patrones de violencia y criminalizaciĂłn que enfrentan los defensores de los derechos humanos en la regiĂłn, incluida Nicaragua.
En general, la CIDH y ONU-Derechos Humanos califica de “altamente preocupante que algunos de los ataques registrados en este perĂodo, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la ComisiĂłn Interamericana, asĂ como de medidas de protecciĂłn adoptadas por mecanismos nacionales. Llama la atenciĂłn el alto grado de violencia en los ataques contra este grupo. En muchos casos, estos asesinatos se llevaron a cabo en presencia de hijos/as, familiares y seres queridos de las personas defensoras de derechos humanos”.
En el caso de Nicaragua, el informe de seguimiento a la situaciĂłn correspondiente a los meses de mayo a septiembre de 2019, documenta casos de “hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos de abogadas y abogados… dedicados/as a la defensa de vĂctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad”.
La CIDH y ONU- Derechos Humanos identifican como perpetradores de este tipo de acciones a “agentes del Estado”, y enfatizan que desarrollan su labor en un contexto adverso. Entre las vĂctimas de este tipo de acciones represivas menciona a funcionarios del Centro NicaragĂĽense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la ComisiĂłn Permanente de Derechos Humanos (CPDH), “organizaciones beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana”.
La abogada Yornarqui MartĂnez denunciĂł esta semana que sufriĂł persecuciĂłn y amenazas por parte de paramilitares y oficiales de la PolicĂa Orteguista. Los ataques han subido de tono en los Ăşltimos dĂas, al punto que el 4 de noviembre pasado, armados leales al rĂ©gimen hicieron detonaciones en la casa de la defensora de presos polĂticos.
“El domingo (3 de noviembre) fui con mis hijos a cenar y al momento de retornar a mi propiedad fui seguida por cuatro motorizados, logrĂ© observar que las personas que venĂan en la parte de atrás de la moto estaban armadas, eran personas de civil, pero logrĂ© acelerar el vehĂculo y poder perderlos”, contĂł la abogada en una denuncia pĂşblica ante organismos defensores de derechos humanos.
Al dĂa siguiente, MartĂnez sufriño otra persecuciĂłn en un el juzgado de Tipitapa y en el Complejo Judicial de este mismo municipio de la capital. “En horas de la noche, casi a las 8, mi hijo de apenas once años y mi hijo de seis corrieron hacia mi cuarto luego que se escucharon una detonaciĂłn”, dijo,
“Tres minutos después de la primera detonación escuchamos tres más en la parte trasera de la casa. Es evidente que lo que se persigue es amenazas, materializar amenazas que sean hecho por medios de redes sociales, en portales personales e, inclusive, hasta en mi teléfono celular, por WhatsApp han enviado amenazas”, agregó.
El pasado 1 de junio, la CIDH decidiĂł ampliar las medidas cautelares a 24 integrantes de la CPDH, ante las denuncias de persecuciĂłn, amenazas, asedio e intimidaciĂłn.
Asimismo, el 14 de septiembre, la CIDH otorgĂł medidas cautelares a favor de Freddy Alberto Navas LĂłpez, lĂder del Movimiento campesino que estuvo privado de libertad por más de seis meses, por su rol como representante de una organizaciĂłn civil y su activa participaciĂłn en acciones de oposiciĂłn al actual gobierno. “Tras ser liberado el 11 de junio, habrĂa vuelto a ser blanco de seguimientos y hostigamientos”, señala la CIDH.
La CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran su llamado a los Estados a redoblar esfuerzos “en la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región”.
“Los Estados deben seguir avanzando para desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos y polĂticas pĂşblicas de prevenciĂłn y protecciĂłn a la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos, asĂ como adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra Ăndole que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garantice el derecho a defender los derechos humanos”, subrayan las organizaciones.
